Las declaraciones cruzadas alrededor de la contaminación ambiental del feedlot de Jorge Brito en Anta continúan. Francisco Müller, gerente de Inversora Juramento, reconoció que hay malos olores. La jueza civil en Anta, Patricia Rahmer, por el recurso de amparo que se había presentado desde la Fiscalía a la municipalidad y que llegó a la Corte de Justicia Salteña, sostuvo que hace un mes la firma acercó la documentación que se suponía que faltaba. (Mariano Arancibia/ Claudia Álvarez Ferreyra)

No hay dudas que hay algo raro. Mientras los vecinos que viven cerca del emprendimiento ganadero denuncian que es imposible respirar, y la información ambiental elemental es desconocida por la población, desde la empresa afirman que tienen todo en regla, aunque cuando tuvieron que dar explicaciones en el Concejo Deliberante de Joaquín V. González a comienzos de año se ausentaron.

Nadie puede explicar que está pasando y la profundidad del caso se va reconstruyendo de a poco. El método del embrollo judicial hace confusa una trama que tiene a los vecinos de J. V. González, La Rancheria y Gaona como víctimas de idas y vueltas entre la Inversora Juramento, el municipio, la Justicia e incluso la secretaria de Ambiente de la provincia.

La Corte de  Justicia debe resolver un recurso de amparo

La fiscalía penal de Anta, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, había presentado un recurso de amparo solicitando, al municipio de J. V. González, el Estudio de Impacto Ambiental y Social de  Inversora Juramento. El mismo recayó en el Juzgado multifuero (Civil, Laboral, Comercial, de Personas, Familia y Violencia Familiar) que emitió una sentencia pero al resultar apelada por la municipalidad pasó a la Corte de Justicia de Salta. En conversación con la Jueza Patricia Rahmer, sostuvo que en este último mes se presentó un abogado de la empresa (que trabaja con Natalia Godoy, integrante del directorio de la empresa) con los papeles que estarían faltando.

Por su parte, Francisco Müller, en dialogo con Cuarto Poder, dijo: “Años atrás la municipalidad de Joaquín Víctor González fue instada, por el Ministerio Público Fiscal, a que solicitara a Inversora Juramento la presentación del informe de Impacto Ambiental por el tema del feedlot que está más cerca de la ruta. Entonces nosotros ya lo teníamos al material hecho, ya estaba presentado así que lo que hicimos fue actualizar el informe y lo presentamos a la municipalidad de J. V. González. A continuación nosotros tuvimos una revisión técnica que fue bastante bien hecha por el municipio. Ellos pidieron hacer declaraciones en formularios pre impresos que alguien los facilitó. Nosotros difundimos en tiempo y forma las aclaraciones y las presentamos en la municipalidad… todo el material fue presentado por mesa de entrada de la municipalidad y con copia al intendente”.

La versión de Müller se contradice con la de la Jueza quien afirma que de modo reciente la Inversora Juramento como tercera parte involucrada se presentó con la documentación faltante.

La Dra. Rahmer, además, detalló que el amparo “es una medida cautelar, cuando sale una sentencia aun cuando el que la pierde apele lo mismo debe cumplirla hasta que se resuelva en Cámara la apelación. En este caso, como el amparo es una naturaleza especial quien resuelve la apelación es la Corte de Justicia. Entonces en principio la municipalidad debe cumplir con lo que se le pide hasta tanto se expida la corte. Lo que se estaba pidiendo en ese momento era que presenten la documentación del Estudio de Impacto Ambiental corregido. Como no lo habían presentado el fiscal había solicitado que se le aplique una multa por cada día de incumplimiento”.

Mientras el juzgado analizaba si se aplicaban o no los astreintes a la municipalidad, la empresa Inversora Juramento S. A. se presentó en el proceso de amparo como tercero interesado. La Dra. Rahmer estima que esto habría ocurrido hace un mes atrás. De este modo se hizo llegar a la justicia la documentación que no presentó el municipio. Estos papeles recién serán incorporados al expediente cuando la corte emita un fallo y vuelva al distrito sur de Anta.

Sobre la documentación, la jueza aclaró “nosotros no la analizamos porque en realidad el amparo está presentado por el fiscal, cuando nos devuelvan las actuaciones de la Corte de Justicia vamos a agregar lo que presentaron desde la inversora y le vamos a remitir al fiscal para que él vea si eso es lo que está pidiendo”.

El reconocimiento

“Malos olores hay”, reconoció Francisco Müller  en una comunicación telefónica con nuestro semanario. Y agregó: “No se puede negar, es una contestación objetiva esa”. 

“Nosotros presentamos en tiempo y forma toda la documentación ambiental. Todo lo tiene la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia: los permisos, las audiencias y los monitoreos”, señaló.

Acerca de los malos olores que impregnan los poblados cercanos, Müller asegura: “La empresa tomó varios recaudos para solucionar estos problemas […] Poner la cerca viva para evitar la percepción, la gente pasa por la ruta, no ve más el feedlot. ‘Lo que vos no ves no sentís’. Eso en un principio bajó mucho el nivel de reclamos. Tené en cuenta que hay 50 mil animales comiendo y bosteando, va a haber olor, esto es inevitable. Si tenés lluvia y al día siguiente mucho calor, entonces hay un desprendimiento de amonio pero no es nocivo a la salud. Nosotros incluso contratamos en el monitoreo ambiental, la medición del nivel de gases, pero no existe equipamiento para tener una medición objetiva de olores y lo mismo de medición de gases al aire libre, es decir, es muy difícil medir esto. Estas mediciones indican que tenés que sacar material, encerrarlo en un ente controlado. Encerrarlo al aire libre es muy difícil. Nosotros tenemos un trabajo de control, sacar la bosta con un camión, que va y lleva la bosta al campo y a hacer fertilización con la bosta, esto es secar y a la vez -realizamos- un control biológico para evitar la incidencia de moscas”.

Respecto al control biológico, Müller explicó el siguiente procedimiento: “Si va a ver el feedlot, hay una serie de tubitos de PVC frente a cada corral suspendido, a más o menos dos metros. Adentro se pone un sobre que viene de una empresa especializada de Buenos Aires. Trae una avispa, que sale, pone sus huevos en los huevos de la mosca que está sobre la bosta. Cada avispita pone entre 100 y 150 huevos sobre los de la mosca, esto baja muchísimo la incidencia de moscas con la bosta. Ese es el control biológico que tenemos. En contrapartida Joaquin V. González está lleno de moscas; el feedlot está a 8 km de la plaza central de la ciudad y el basural a cielo abierto está a 800 metros, las moscas no pueden viajar 8 KM”.

La ley 7070 de medio ambiente en Salta, rige desde el año 1999. La empresa funciona desde 1993. Müller detalla que “no preveía que las empresas y/o personas que ya estuviesen en operación en la época, tuviesen que presentar informe de impacto ambiental… Sí, en cambio, la ley preveía que a pedido de las autoridades de aplicación se debería entonces presentar el informe”.

Müller destaca además que  tienen “una relación muy fluida con la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia”. “Hicimos todo el desmonte de acuerdo a la ley, con todas las presentaciones, los proyectos, con todo aprobado. Una vez que se terminan los proyectos de desmonte las empresas tienen que presentar 10 años después un informe de impacto ambiental de lo que se hizo, es un monitoreo de las áreas donde se trabajó. Ese monitoreo se hace sobre las reservas que incluye avistamiento de especies, mediciones de crecimiento de árboles y todo lo referido a lo ambiental. Este monitoreo ya se hizo”, sostuvo el gerente de la firma de Jorge Brito.