El doctor en Filosofía y Decano de la Facultad de Humanidades, Alejandro Ruidrejo, responde las objeciones de la Facultad de Ciencias de la Salud sobre la resolución del Consejo Superior de la UNSa a favor de la legalización del aborto.

A continuación compartimos el texto completo del Decano de Humanidades y Doctor en Filosofía Alejandro Ruidrejo:

El debate sobre la legalización del aborto en nuestro país ha interpelado a las universidades nacionales, en respuesta a ello la Universidad Nacional de Salta ha expresado su posicionamiento a favor en dos ocasiones: a través del documento emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional, rubricado por nuestro Rector, y mediante una Resolución del Consejo Superior, que se expidió en igual sentido que lo fijado, en abril del corriente año, por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades.
Esa unicidad de criterio fue cuestionada por voces disconformes provenientes de la Facultad de Ciencias de la Salud, que no sólo marcan su oposición a lo resuelto, sino que en algunos casos llegan a poner en cuestión su legitimidad, basándose en la forma de tratamiento del asunto y en la necesidad de que el saber específico de sus disciplinas tenga una mayor gravitación en el debate.

En relación a la primera objeción, considero que es necesario dejar sentado mi expreso reconocimiento del valor de la disidencia y de la importancia que reviste para la salud democrática de nuestras instituciones, y es por respeto a ello que resulta imperioso dejar en claro que la resolución del Consejo Superior se adoptó en el marco del normal funcionamiento institucional. Para quienes no estén al corriente, es preciso aclarar que los temas urgentes son tratados por dicho órgano de gobierno universitario bajo la aprobación de su inclusión dentro del Orden del día, por la votación de la mayoría de sus miembros. Teniendo presente eso, es preciso señalar que la Resolución H N 369/18 de la Facultad de Humanidades a favor de la legalización del aborto, estuvo a consideración de las comisiones del Consejo Superior durante dos meses, y entendiendo que el debate público sobre el tema había impregnado a la comunidad universitaria, consideré que era necesario que nuestra universidad se expidiese antes de que el receso invernal volviese abstracta la cuestión, a sabiendas de que el próximo 8 de agosto tendría tratamiento parlamentario en la Cámara de Senadores de la Nación. Una vez aprobado el tratamiento del tema, luego de escuchar las diferentes opiniones y las argumentaciones esgrimidas, en el marco de lo reglamentariamente establecido se procedió a la votación.

En cuanto a la segunda objeción, es oportuno señalar que al momento de la votación la oposición de la Facultad de Ciencias de la Salud contó con sus representantes. Para quienes desconozcan el sistema de representación política y académica de nuestra universidad, es bueno precisar que la participación de las distintas Facultades en el Consejo Superior es igualitaria, basada en gran medida en el supuesto de que cada unidad académica brinda también una perspectiva específica en base al campo de disciplinas que la componen. Esto es importante, debido a que la cuestión del aborto no es privativa del campo de salud, muy por el contrario se extiende sobre un amplio espectro de ámbitos como lo son el jurídico, político, filosófico, demográfico, económico, etc.
El hecho de que la universidad contenga una diversidad de perspectivas políticas y disciplinares permite recordar que ya en el siglo XVIII, un filósofo como Immanuel Kant, en un pequeño libro titulado El conflicto de las Facultades, hacía una distinción entre las Facultades mayores y la Facultad menor. Las primeras eran la Facultad de Medicina, de Derecho y de Teología, fuertemente atadas a las limitaciones que el Estado les imponía, mientras que la Facultad de Filosofía, era la menor, caracterizada por encarnar la autonomía requerida para la búsqueda del saber sin condiciones.
Para nuestras instituciones, esa forma de concebir la autonomía resultó insuficiente desde que la Reforma universitaria de 1918 la extendió a la universidad toda, respaldándola en el autogobierno. Es en base a ello que la intervención de la universidad en los debates públicos se debe llevar a cabo recuperando los aportes específicos que el desarrollo del campo académico brinda, poniéndolos al servicio de las transformaciones que nuestra sociedad demanda. Pero cuando los temas a debatir se instalan en la encrucijada de una multiplicidad de saberes y de fuerzas políticas, se debe hacer gala del igualitarismo democrático que nos permite advenir mayoría en el ejercicio de nuestra ciudadanía universitaria.