El amigo y poderoso operador judicial de J.M. Urtubey, Horacio Aguilar, lidera la arremetida de El Tabacal contra el sindicato: quitarle la tutela sindical para despedir a la comisión directiva y su Secretario General, Martín Olivera. Estrategia que un CEO del ingenio, Juan Carlos Amura, ya desplegó en Kraft. (Daniel Avalos)
Según el mito surgido con la industria azucarera en el norte del país, El Familiar era una bestia negra y de ojos brillantes como el fuego que garantizaba riquezas al barón del azúcar a cambio de que este le entregase un obrero para saciar su hambre infernal. Horacio Aguilar, el poderoso operador judicial se parece mucho a ese mito aunque exista entre ambos una diferencia fundamental: el abogado del ingenio respira dinero y para acumularlo ofrece a los barones del azúcar deshacerse de obreros incómodos.
Fue el defensor de Pedro Blaquier -propietario del Ingenio Ledesma- cuando lo juzgaron por colaborar con la dictadura militar en los tristemente célebres “Apagones de Ledesma” de 1976. Ahora lidera la ofensiva de El Tabacal para descabezar a la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores del Azúcar que incluye al Secretario General, Martín Olivera y los trabajadores Simón Alberto Tolaba, Claudio Matías Colque y Adolfo Bernardino Molina.
Desde que el primero asumió la conducción del sindicato en el año 2008, la relación con la patronal estuvo atravesada por el conflicto en el que la empresa estadounidense Seaboard Corporation abrazó una obsesión: desarticular al sindicato ejecutando movimientos recurrentes que consistieron en sancionar a trabajadores cercanos a la conducción, discriminar delegados e iniciar causas penales contra los dirigentes.
La nueva arremetida judicial se inscribe en esa estrategia aunque en un escenario político nuevo: el macrismo explícito de Urtubey. Conviene, no obstante, pincelar las características de Aguilar, un personaje acostumbrado a transitar los pasillos de los poderes político y judicial por su cercanía con el gobernador salteño; el manejo de enormes recursos que son producto de servicios prestados a poderosas firmas; la cantidad de documentos confidenciales que ayudó a producir y la no menor cantidad de acuerdos secretos que ayudó a cerrar.
Su relación con Urtubey se remonta a los años que compartieron departamento en Buenos Aires, cuando estudiaban abogacía a fines de la década del 80 y principios de los 90. Según los recuerdos de quienes conocieron a los amigos en aquel periodo, al departamento que habitaban lo llamaban el “marcelote” por estar ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear. La relación profesional debidamente certificada se reinició en el año 2009 aunque antes de ello, Aguilar fue Juez Federal de Juzgado de Jujuy Nº2 entre 2002 y 2004, año en que se convirtió en camarista federal de Salta hasta 2009.
De Blaquier a las francesas
Como juez federal jujeño mereció el reproche de los organismos de DDHH de aquella provincia que señalaron a ese juzgado por obstaculizar procesos judiciales a genocidas. De allí que cuando en abril de 2011 el zar azucarero Pedro Blaquier lo contratara para defenderlo en la causa que lo vinculaba a los “Apagones de Ledesma” que produjeron docenas de secuestros y no pocos desaparecidos, los organismos jujeños denunciaran el bochorno fragante: un exjuez que tuvo acceso a expedientes relacionados con el terrorismo de Estado estaba en condiciones de usarlos para defender a un millonario acusado de colaborar en esos crímenes. Es más, cuando el 26 de abril de 2011 la justicia ordenó distintos allanamientos por la causa Ledesma, uno de ellos se realizó en la mansión que el Ingenio posee en el barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy. Allí se dieron con expedientes de militantes sindicales que luchaban contra el ingenio Ledesma en los 70 y también con el propio Horacio Aguilar.
Con respecto a los vínculos contractuales entre Aguilar y Urtubey, los mismos comenzaron en abril de 2009 cuando el letrado había dejado la Cámara Federal salteña. Lo certifica el decreto 1.261/09 por el cual el hombre que ahora persigue sindicalistas oranenses se convertía en asesor del gobierno en asuntos relacionados con el “Derecho Federal y demás cuestiones vinculadas a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”. La cláusula segunda del anexo del contrato establecía que los entonces Secretario General de la Gobernación y Secretario Legal y Técnicos harían de nexo entre Urtubey y el estudio jurídico de Aguilar. Esos funcionarios eran Ernesto Sansón y Ramiro Simón Padrós: el primero actual Juez de la Corte de Justicia de Salta y el segundo actual Secretario General de la Gobernación del Grand Bourg y uno de los que diagrama la colonización de la Justicia “U”. Como se ve, las relaciones entre Aguilar con la cúpula y los operadores de la justicia se aceitaron hace años.
El vínculo entre los amigos se prorrogó hasta 2011 por los decretos 1.443/10 y 1.048/11 respectivamente. Fue entonces cuando Aguilar asumió la defensa de Blaquier y renunció al vínculo personal con el gobierno. El vacío fue ocupado por su hermano Julián Marcelo quien entonces se convirtió en el “Consultor” al rubricar los contratos redactados en iguales términos al celebrado con Horacio, tal como lo corroboran los decretos 1.785/12 y 1.397/13 que extendieron el vínculo al menos hasta 2014.
Hay otra perla en el curriculum de Horacio Aguilar: a fines del año 2011 asumió la representación de Michel Bouvier, padre de una de las turistas francesas asesinadas en Salta. El vínculo duró dos años hasta que el francés descubrió la amistad entre su abogado y el gobernador lo que parecía explicar porque Aguilar solía defender lo actuado por el gobierno provincial y asegurar que la investigación del horrendo crimen transitaba por buenos caminos aunque finalmente se conociera que fue toda una vergüenza.
La guerra del azúcar
Ese hombre que se especializa en desmenuzar las leyes y contactar jueces poderosos dispuestos a concluir lo que él desea, despliega ahora esfuerzos y relaciones para descabezar al Sindicato de Trabajadores del Azúcar. Para ello, el pasado martes debió mudarse desde los pasillos judiciales a los de la legislatura, a donde acudieron también los trabajadores asediados a pedir que los diputados se pronunciaran contra el intento de la multinacional Seaboard Corporation para que la Justicia quite la tutela sindical a miembros de la comisión directiva del sindicato y así poder despedirlos.
Aguilar buscó negar lo último cuando fue consultado por legisladores al respecto. El letrado apeló a la táctica de la desmemoria para balbucear que no recordaba si ese tema se incluía en la presentación. Mentía. En la página 2 del documento se lee: “Conforme lo adelantado, la presente tiene por objeto la resolución judicial de Exclusión de la Tutela Sindical establecida en el art. 52 de la Ley 23.551 a los fines de permitir el despido con causa a cada uno de los denunciados en los términos del art. 242 de la Ley 20.744” (negritas y subrayados del documento original). El primer instrumento jurídico mencionado permite arremeter contra aquellos que la empresa considera una amenaza “para la seguridad de las personas o bienes de la empresa”, mientras el otro artículo de la otra ley faculta a cortar el vínculo laboral.
A pesar de que el documento desmentía la frágil memoria de Aguilar, el amigo del gobernador y abogado de la multinacional logró dilatar el pronunciamiento de la Cámara, que hubiese sido de gran ayuda para los trabajadores. Los presidentes de los bloques del PJ (Pedro Sández); el Partido de la Victoria (Ramón Villa); Gabriela Martinich (PRS), Frente Plural (Matías Posadas); Salta Somos Todos (Carlos Zapata) y del PRO (Martín de los Ríos) decidieron no tratar el proyecto que había sido remitido por el PO. El argumento que trascendió es que no podía sugerir una medida judicial o que al menos para hacerlo debían contar con un informe del Ministerio de Trabajo por lo cual convocaron al titular del área, Eduardo Costello, para el lunes próximo.
Los representantes gremiales que también visitaron la legislatura el mismo martes, abandonaron la ciudad con la certeza de que están solos y deben prepararse para repeler el ataque patronal. Martín Olivera, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, relató a Cuarto Poder el método y el objetivo empresarial. Reproducir el relato sería largo con lo cual no hay más remedio que resumirlo: en agosto pasado y luego de días de huelga, sindicato y empresa acordaron condiciones para trabajadores temporarios y de planta que el ingenio terminó violando en diciembre ocasionando otros siete días de huelga. En medio de ella, la empresa hizo lo de siempre: denunció penalmente a Olivera y a otros tres trabajadores por violación de domicilio, usurpación, amenazas y toma de fábrica que finalmente derivó en la presentación judicial que Horacio Aguilar encabeza hoy.
Por ahora, el abogado del Sindicato, David Leiva, recusó al juez Aramayo en quien recayó la presentación. El motivo de tal recusación son viejos pleitos que mantienen abogado y juez aunque indudablemente el pedido de apartamiento del magistrado tiene por objetivo ganar tiempo suficiente para que los propios trabajadores acondicionen el terreno para el conflicto que se avecina.
La estrategia
La actuación del Ingenio posee objetivos estratégicos y coyunturales. Los primeros son comunes a todos los ingenios de Salta y Jujuy que desde el 2008 ven cómo las nuevas conducciones sindicales dieron notable impulso a la acción colectiva. El proceso supuso en estas dos provincias una recuperación del salario real y de la discusión colectiva sobre las condiciones de trabajo no salariales, designación de delegados en los lugares de trabajo y un notable fortalecimiento de los sindicatos como espacio de articulación social tanto en Orán y Campo Santo en Salta, como en Ledesma y La Mendieta en Jujuy.
Un informe presentado a fines del año pasado por la Central de Trabajadores Argentinos (Condiciones de trabajo y violación de los derechos fundamentales en el sector azucarero) dio cuenta de cómo ese proceso supuso un cambio en el conjunto de la región azucarera del país. Entre los años 2004 y 2010 el salario percibido por los trabajadores del azúcar de Jujuy y Salta era en promedio un 3,4% inferior al de sus pares de Tucumán pero la relación se invirtió a partir de 2011 y desde entonces ha comenzado a ampliarse. “En tal sentido (precisa el informe de la CTA) el salario correspondiente a la tira final de la categoría inicial negociado en la paritaria 2016 es significativamente superior en los acuerdos salariales de los trabajadores de Salta y Jujuy, que superan al de sus pares de Tucumán por entre un 11% y un 16%”, respectivamente.
La presentación judicial de Horacio Aguilar se inscribe en modificar esa situación aunque seguramente no es él el estratega. Ese rol parece recaer más en Juan Carlos Amura, director de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de la compañía. El hombre al que recurrió la multinacional yanqui que opera en Orán luego de que en el año 2008 la conducción a la que ahora se quiere descabezar ganara la conducción del gremio tras 53 días de paro. Amura llegó al norte provincial después de protagonizar otra batalla frustrada con otra multinacional de origen estadounidense: Kraft, la empresa que por despedir trabajadores generó una huelga que devino en expediente judicial, una fábrica con más policías que obreros adentro protagonizando desalojos con balazos, gases, caballos y perros aunque finalmente los 162 despedidos de la ex Terrabusi sostuvieron la toma de la planta.
El futuro de El Tabacal, en definitiva, podría ser Kraft con estrategas como Amura y ejecutores como Horacio Aguilar. Por la incorregible inclinación de apelar a la violencia pero también porque en aquel conflicto fue la multinacional yanqui la que no pudo desarticular la organización obrera. Sólo una diferencia resalta en la comparación: en Kraft los trabajadores que resistieron la embestida patronal lo hicieron sin el apoyo de los sindicatos mientras en Orán es la conducción del gremio la que encabeza la lucha que ahora deberán reeditar para garantizar su supervivencia.
Mientras tanto, los trabajadores de Orán creen ver en la maniobra judicial también un objetivo coyuntural de la firma: dilatar las paritarias que deberían comenzar a fines de este mes hasta que concluyan las negociaciones entre ingenios y gremios tucumanos. Todos descuentan que allí se reeditará lo de años anteriores: acuerdos tucumanos con techos bajos que condicionen las aspiraciones de salteños y jujeños.
La intimidación y el miedo, no obstante, son parte de la atmósfera con que el ingenio busca sofocar. La “lista” que Horacio Aguilar presentó a la justicia para descabezar dirigentes va en esa dirección; y lo hace con el objetivo que todas las “listas negras” persiguen: no un ataque fulminante y frontal, sino un paciente y demoledor trabajo de privar al actor irritante de los recursos indispensables para la supervivencia misma. A veces, para quebrarlo en su moral a fin de disciplinarlo; otras, directamente para eliminarlo.
