Por Franco Hessling

Las y los trabajadores de la educación y les estudiantes, cuando ensamblan, conforman uno de los agentes sociales con mayor potencia de combate. No se innova trayendo el ejemplo de la Reforma del 18 o del Cordobazo del 69. Con un sentido más local, sí cabe rememorar el ocaso de la gobernación de Juan Romero, cuando una enconada lucha docente tuvo, entre otros capítulos, una represión nocturna que los sectores combativos salteños recuerdan como la “noche de las tizas”, en 2005. Durante el gobierno de Juan Urtubey, más allá de los conflictos con los obreros azucareros, siempre concentrados en el interior, las huelgas docentes fueron las más significativas confrontaciones que debió afrontar la administración. La última vez, en 2014, se organizaron las y los autoconvocados y acamparon por varios días en la plaza 9 de julio.

En el plano de la educación superior, sin remitirse muy atrás, en la Universidad Nacional de Salta en 2011 se frenó un intento de Asamblea Universitaria para introducir en el estatuto conceptos de la Ley de Educación Superior menemista, en 2013 se tomó el rectorado por más de un mes contra una arbitrariedad del rector Víctor Hugo Claros (res. 340/13), y  hace pocos meses una decisión provincial sobre carreras terciarias agitó el ánimo de la docencia y estudiantes de profesorados y tecnicaturas.

Las reacciones ante las consecuencias del cambio en el esquema de redistribución al respecto de la economía kirchnerista, más propensa al fomento del mercado interno y la inversión en áreas públicas sociales, culturales y educativas, se hacen notar especialmente en las movilizaciones y medidas de fuerza que cundieron en el país en los últimos días. El jueves pasado, la escena local de la marcha federal educativa fue contundente, como desde hace mucho tiempo no se observaba en las calles salteñas. Probablemente, como no se veía desde 2014, la última gran lucha de los docentes provinciales. O desde 2013, con alguna de las movilizaciones que se impulsaron desde la asamblea de la toma del rectorado de la UNSa.

En la marcha de esta semana se vislumbró un componente que caracterizó a esas experiencias precedentes y, desde que empezó el macrismo hasta el momento, no se había observado en Salta: las y los autoconvocados, las y los independientes, las y los que no cumplen grados de organización partidaria, programática ni ideológica. Las y los que empiezan a sentir que se quedan sin ahorros, que no alcanzan los ingresos, que crecen las deudas. Que falta el pan y que pronto no se podrá pagar la luz, ni el gas. Aquellos que ven en Mauricio Macri un enemigo de todos/as aquelles que no especulan con dólares. Cuando eso pasa, las postales de una movilización son menos folklóricas y más genuinas, la cartelería improvisada y los cantos cortos y generales, más unificados que comúnmente, lo demuestran con claridad. La bronca espontánea supera a las organizaciones políticas, sean de base o burocratizadas.

En la marcha de esta semana se vislumbró un componente que desde que empezó el macrismo hasta
el momento, no se había observado en Salta: las y los autoconvocados, las y los
independientes, las y los que no cumplen grados de organización partidaria, programática ni
ideológica.

Justamente, de cuáles sean las conducciones que se impongan dependerá hacia dónde se encauce esa crispación social que esta semana tuvo una contundente demostración en las calles, con miles de jóvenes, trabajadores, desocupados/as, estudiantes y cuentapropistas que participaron de la movilización por la educación pública. Si algunas organizaciones tomaron lista extorsionando con la entrega de planes no es preocupación de este artículo, el dato fueron las y los autoconvocados, más allá del activismo, las dirigencias y las columnas que se nutren de métodos coercitivos, quienes suelen participar en la mayoría de las marchas.

Punta de lanza

La noche del miércoles, previa a la masiva movilización, estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNSa resolvieron en asamblea tomar el rectorado, plegándose así a las ocupaciones de edificios universitarios que se vienen dando en todo el país. Prácticamente un centenar de jóvenes participaron de la instancia resolutiva, que contó con el aval de prácticamente todos los presentes. Con más dudas que convicciones, las fuerzas progresistas de otras facultades no participaron de la medida aunque, por lo bajo y en redes sociales, celebraron la decisión de les compañeros/as de la unidad académica donde más proliferan las discusiones políticas.

Sin entrar en detalles sobre las claves políticas de la decisión y las posibilidades de que esa medida termine por iluminar un camino de auto-organización que las conducciones gremiales, ni estudiantiles ni docentes, ni antimacristas ni de Franja Morada, hasta ahora han sabido o querido impulsar, hay que señalar un aspecto provincial que puede terminar por forzar a Urtubey a terminar su gobierno igual que su mentor, Romero, es decir, usando la violencia legítima del estado contra manifestantes del ámbito educativo. Aunque no tenga jurisdicción, ya que la UNSa es territorio de incumbencia nacional, la Policía de la Provincia no titubeó en organizarse para cercar la medida pacífica de las y los estudiantes de Humanidades. A pocas horas de iniciada la toma, grupos de efectivos se apostaron en diferentes partes del perímetro, mientras que otros patrullaron la superficie del campus Castañares como si estuvieran rodeando a un comité de conspiradores que especulan con el hambre de las mayorías. Pero no, sólo eran estudiantes.

A quienes la Policía debiera rodear por esa bajeza moral trabajan en la Casa de Gobierno de Grand Bourg. Y operan igual que aquellas/os que transitan a diario la Casa Rosada.

El Gobierno nacional, que reúne consenso gracias a las administraciones provinciales, entre las que se destaca la salteña a manos de Urtubey, preveía que sus decisiones desencadenarían cada vez mayor iracundia masiva y, por lo tanto, protestas. Reacio a esa forma de expresión, que vista así se convierte en un derecho humano fundamental -libertad de expresión-, hace algunas semanas Cambiemos sancionó un decreto que, entre otras cosas, le otorga facultades a las fuerzas militares para intervenir en conflictos internos. No se trata de algo que no hubiese venido sucediendo, basta con recordar la Gendarmería en el caso Maldonado o la Prefectura en el de Rafael Nahuel, pero sí se trató de una confesión de parte: admitir que ciertas condiciones del rumbo político y económico del país serían imposibles de aplicarse sin que estallen manifestaciones de todo tipo que, cuanto más aguda se va tornando la coyuntura, más proclives son a incurrir en medidas de acción directa como tomas de edificios, marchas masivas con cortes de calles y saqueos. En definitiva, fue una manera de reconocer y advertir que estaban dispuestos a tensionar cuanto pudieran eso que Weber llamó el “uso legítimo de la violencia”, aquella que ostentan los Estados.

El Gobierno nacional, que reúne consenso gracias a las administraciones provinciales, entre las que se destaca la salteña a manos de Urtubey, preveía que sus decisiones desencadenarían cada vez mayor iracundia masiva y, por lo tanto, protestas.

Igual que el ansia de movilización social que viene registrándose, en la que el sector educativo está ejerciendo como principal resorte a nivel nacional, los sectores gobernantes, tanto de la Casa Rosada como de Grand Bourg, avanzan en su convencimiento de imponerse, sea por vías pacíficas, o sea por vías violentas.

Derruida, entonces, la cómoda consigna peronista “#Hay2019”, que se muestra excesivamente conformista y protectora de una democracia que poco tiene de democrática, las masas imponen acciones de lucha inmediatas. No es casual que el reacomodamiento de los dirigentes que siguen la doctrina del general Perón sea pedir que se adelanten las elecciones, antes que bregar por profundizar la lucha con los métodos que históricamente caracterizaron a las y los oprimidos. La radicalización de las protestas golpea a la vuelta de la esquina, harán falta conducciones dirigenciales que respeten esa tradición y que no antepongan sus intereses faccionales o personales. Harán falta luchadores, no claudicantes.