Los educadores dan a conocer graves irregularidades, que vienen de hace 26 años. ¿Y el Ministerio de Educación dónde está?
La situación de los educadores del Colegio San Rafael (8112) es grave. Cinco profesionales se quedaron sin trabajo este 3 de enero, después de reclamar por mejoras laborales básicas. La situación dejó al descubierto otras irregularidades.
Un poco de hisotoria

El colegio 8112 inició actividades sin subvención del Estado en 1992 en calle Pueyrredón 1578. Durante estos 26 años su propietaria, Ángela Valdez y sus cinco hijos de apellido Liendro constituyeron las cabezas de la empresa educativa, sucediendo la impronta de Ángela.
Desde los primeros años se prometió que cuando mejore la matrícula y con unos años más se pagarían mejores sueldos, se implementarían mejoras al equipo docente y se exigió calidad y excelencia tanto en el aspecto curricular como en actividades extras. Se construyó prestigio educativo en función del esfuerzo del equipo docente. Inclusive el San Rafael se convirtió en una de las instituciones inclusoras más demandadas sin que el equipo docente recibiera formación específica y continua para trabajar, más allá del voluntarismo.
Más de 50 empleados se convirtieron en víctimas de la necesidad de trabajar y de la creencia en que la promesa se cumpliría alguna vez.
Hasta diciembre de 2018 esta práctica coercitiva era moneda habitual que se naturalizó pues cuando alguien exigía mejoras se efectuaba el despido sin más. Sólo que la represalia nunca abarcó tantos profesores, se despide sin causa y con el aval de las directoras de nivel. Ya en 2017 tres docentes se negaron a esta forma de pago exigiendo la bancarización; lo cual obligaría a la patronal Liendro – Valdez a blanquear la falta de aportes a Anses. E inclusive podría probar que, según dicen los docentes, los hijos Liendro y otros familiares cobrarían el incentivo docente y figuran en los libros de sueldo con cargos que no desempeñan como cualquier otro empleado. No registran horas de trabajo, no tienen formación docente, no se manejan con el mismo régimen de los más de 50 empleados.
Por otra parte la empresa San Rafael Arcángel desde su inicio de actividades creció inmobiliariamente hasta conseguir los terrenos aledaños para construir predio propio de deportes, ampliación del espacio educativo con escenario y últimamente laboratorios, jardines y salas de 2,3,4; centro de redes, aunque no se cede Internet ni al personal ni a los alumnos, no se permite el uso de la biblioteca, no se habilitaron nunca más sala de docentes dignas.
Ante estas pérdidas de los empleados, la empresaria ha hecho periódicos viajes al exterior en grandes grupos de familiares y amigos y por más de dos semanas ostentando tales bendiciones ante la miseria de los sueldos en este contexto de inflación 2018, que viene desde hace cinco años reclamando las mejoras prometidas.
Se supo que últimamente dos de los propietarios han accedido a los cursos de Liderazgo educativo Varkey, organizado por el Ministerio de Educación, sin tener formación para ellos y sin ceder el lugar a los profesores de la institución.
En virtud de tanta desigualdad un grupo mayoritario solicitó respetuosamente el cumplimiento de las leyes laborales: pago del bono 2018, regularización de sueldos en negro, pago de aguinaldos y meses de diciembre, enero y febrero completos; bancarización de los sueldos de los empleados y transparentación del personal y acceso a los cargos según los méritos académicos. La respuesta se observó este miércoles 2 de enero cuando le llegaron a cinco de los docentes promotores de la añosa regularización prometida los telegramas de despido. En esta situación no sólo se está estafando a los empleados, obligándolos a firmar cifras no recibidas, a Anses con los aportes reales, al Ministerio de Educación que manda incentivos al menos para seis personas que forman parte de la patronal, a AFIP que no accede a las cifras reales de los sueldos de los empleados.
¿Cómo permite esto el propio Ministerio de Educación? ¿Cómo la supervisora no toma nota de que hay personal ñoqui en el San Rafael? ¿Qué contradicciones más debe tener un colegio cristiano? ¿Las arcas del Estado pagan incentivo a los miembros de la familia propietaria que lucra con cuotas, kiosco, otros gastos que se exigen a los alumnos y no se rinden o devuelven cuando sobran?
La respuesta de la dueña es siempre” no” o “cuando mejoren las cosas, se regularizara”. Han pasado 26 años y el personal se cansó. Por su necesidad de poner todo en regla este mes cayeron cinco cabezas de profesores excelentes y de formación universitaria quienes se destacaron por el compromiso y la excelencia académica. Se sabe que los profesores despedidos requieren el apoyo de sus colegas, de las otras instituciones educativas, la intervención del Ministerio y de la ministra y dirección de Educación privada.