El Secretario de Derechos Humanos anuncia desalojos a comunidades originarias, como si fuera el jefe de policía. El ministerio de Marianela Cansino, sigue siendo la dimensión desconocida.
El secretario de derechos humanos de la provincia Martin García Cainzo, como si fuera el jefe de policía, anunció ante los micrófonos sin preguntas, que se prepara el desalojo de un pequeño grupo de las comunidades de Quebracho, Sarmiento y La Quebrada, en Tartagal.
Se trata de parte de las comunidades desalojadas hace 20 días atrás por orden de una jueza tartagalense, luego cuestionada por varios diputados en sesión ordinaria.
El “anuncio” del secretario de derechos humanos se basa en que los aborígenes ocupan inmuebles privados, y que por ello mismo “no tiene sustento su pretensión” territorial.
También en una tónica más policial que garantista, García Cainzo afirmó que “la metodología del desalojo anterior cumplió con todos los cánones y protocolos” y aseguró que “no hay denuncia de represión ya que el fiscal de Derechos Humanos constato la situación que lógicamente incluye el uso de la fuerza”.
Más allá de la legalidad del procedimiento y de la didáctica justificación del funcionario, luego del desalojo una mujer se dejó morir al costado de la ruta por no tener su tierra protegida, mientras que fueron noticia los niños y lactantes de esa comunidad que terminaron acampando delante de la municipalidad de Tartagal.
Si bien, García Cainzo anunció los desalojos y explicó los motivos que lo justifican, no informó qué pasará con esas personas, que también son “sujetos de derecho”.
Apenas explicó que la situación de las comunidades originarias está siendo tratada por equipos específicos, creados por la ley nacional 26.160 pero reconoció que “hay un proceso burocrático que torna lento el trabajo”.
Tal como informó Cuarto Poder días atrás, la ley nacional 26.160 fue aprobada el 1 de noviembre de 2006, y declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras, para proteger a los pueblos originarios y entregarles definitivamente los territorios, pero nunca se ejecutó en Salta, porque no se confeccionó el mapa de las comunidades con derechos ancestrales.
Para algunos este lento proceso burocrático de ocho años, guarda relación con los derechos, reconocidos a los pueblos originarios por la Constitución Nacional reformada en 1994, que les otorgó también derechos totales, sobre el subsuelo petrolero que ocupan por obra de la Pachamama.
En la Constitución Nacional la esperanza, en García Cainzo la realidad….
Por lo pronto las comunidades serán desalojadas, porque “se verificó que se trata de una usurpación de un terreno privado” y según explicó el secretario de Derechos Humanos para que sea operativa la ley 26.160 (nunca aplicada) las comunidades deben acreditar la ocupación tradicional, pública y pacífica de las tierras….y ellos no cumplen con ninguno de esos requisitos, dijo el funcionario.
Foto: La Ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino y el secretario del mismo ministerio, sonríen.
