Una ley sancionada esta semana vuelve a demostrar la táctica del gobernador para crear una Justicia acólita incluso cuando él ya no esté en el cargo. La iniciativa acota el derecho a que cualquier ciudadano presente acciones populares de inconstitucionalidad, estrechando así la participación democrática. (Franco Hessling)
Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la reglamentación del artículo 92 de la Constitución Provincial, cediendo a las pretensiones de los autores del proyecto, los miembros de la Corte de Justicia. El texto original había recibido modificaciones en Diputados que luego fueron retrotraídas en Senadores por instrucciones expresas, se deduce, del gobernador Juan Manuel Urtubey. Al reingresar al cuerpo presidido por Manuel Santiago Godoy, el pasado martes, fue aprobado tal como estaba redactado prístinamente, comprobando definitivamente la orden explícita del oficialismo provincial a su tropa legislativa.
Dicho artículo, que hasta ahora nunca había sido reglamentado aunque se aplicaba por acordada de la Corte de Justicia, establece la Acción Popular de Inconstitucionalidad, que se traduce en el derecho de “todo habitante” a “interponer la acción popular directa para que se declare inconstitucionalidad de una norma de alcance general contraria a la Constitución”. El derecho de cualquier ciudadano a considerar inconstitucional una disposición legal.
La carta magna local asegura que quienes se dispongan a realizar una demanda pueden ser sancionados en caso que la presentación se considere “manifiestamente improcedente”.
¿Quién dirime este recurso extraordinario, la Acción Popular de Inconstitucionalidad, cuando lo interpone un/a ciudadano/a patrocinado/a por uno/a o más abogados/as? La Corte de Justicia. El proyecto de su autoría, que no hace más que reglamentar legislativamente la acordada con la que se venía implementando, impone sanciones de entre 180 y 200 mil pesos (dos sueldos de juez/a de primera instancia) a quienes osen presentar una Acción Popular de Inconstitucionalidad que la Corte de Justicia encuentre “manifiestamente improcedente”.
Aunque el oficialismo de la Cámara de Diputados, encabezado por el propio presidente, apoyó modificaciones al proyecto de la Corte para volver el derecho ciudadano más accesible a la mayoría, desde Grand Bourg se ordenó transigir a las intenciones de la Corte.
Las modificaciones de Diputados ampliaban el plazo de la presentación de 30 a 60 días luego de puesta en vigencia la norma cuestionada como contraria a la constitución, y reducían la sanción pecuniaria para los “manifiestamente improcedentes” a medio emolumento de juez/a de primera instancia, entre 45 mil y 50 mil pesos. Esos cambios fueron neutralizados en Senadores, adonde la tropa del comandante U restituyó las condiciones adversas para garantizar la expansión de dicho derecho.
Los especialistas aseguran que una atribución de este tipo, la posibilidad de manifestarse contra una norma por considerarse inconstitucional, tiene por naturaleza ser todo lo accesible que se pueda, en tanto sirve para facilitar la participación democrática más allá de las elecciones. La negativa del Grand Bourg para acompañar las modificaciones introducidas por Diputados, incluida su propia ala legislativa, no hace más que desnaturalizar la prerrogativa dispuesta en el artículo 92 de la Constitución.
La estrategia de Urtubey recae en otro guiño para el máximo tribunal provincial y también en un interés propio. El primer guiño fue la intención de impulsar una reforma judicial que, entre otras cosas, otorgue la inamovilidad de los/las jueces/zas de corte, que podrían perfectamente permanecer en sus bancas hasta fenecer. Modificar la Constitución por ley, sin convocar una convención constituyente, puede perfectamente ser cuestionado como una acción “inconstitucional”.
Para el gobernador era necesario, pues, que haya menos salteños que puedan ejercer su derecho a presentar una Acción Popular de Inconstitucionalidad. Para la Corte de Justicia, también. Beneficios mutuos. Intereses compartidos.
Paladar U
¿Qué urge al que abandona un sitial de poder político? Entre otras cosas, garantizarse tranquilidad en sus años futuros. Como se sabe, el gobernador dejará el cargo en 2019 y, aunque lo aguarde una carrera política nacional, o no, puede ser asechado por sus enemigos y rivales a través de la Justicia. Si de crear sensaciones en la opinión pública[da] se trata, las intervenciones del Poder Judicial son elementales para inclinar la balanza de poder real entre los, llamémosles, “políticos” (ejecutivos y legislativos), y sus respectivas facciones. El poder supuestamente independiente, el Judicial, siempre siguiendo el tridente del republicanismo escolar, junto al mediático y al eclesial, son los únicos que pueden arbitrar entre decisiones de los que ostentan el poder político.
El gobernador nunca tuvo problemas con la pata clerical, a la que recientemente favoreció con declaraciones confesionales sobre la cultura salteña. Fatuidad mediante, Urtubey declaró en el cierre del triduo del Milagro que un fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra de la educación católica, sería “tratar de uniformarnos a todos los argentinos, que todos pensemos igual, que todos sintamos igual, quitarnos la potencia que tenemos como país diverso”. Por torpe que parezca, en el mismo discurso el gobernador uniformó a los salteños al decir que se “trata de imponer costumbres en una provincia que tiene costumbres distintas”. Amén de su aporía, el mandatario renovó así su alianza con la curia, para quienes siempre será un hijo pródigo (al igual que su antecesor, Juan Carlos Romero, ambos formados en el Bachillerato Humanista Moderno, colegio de la elite católica de Salta capital).
Con el poder mediático, por otra parte, la estrategia del niño pródigo fue igualmente sesuda. Primero se aprovechó del clima de multiplicación de medios locales que propuso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más fomentando los emprendimientos que las experiencias comunitarias, y después utilizó la proliferación de voces para confrontar el aparato mediático de los Romero (principalmente, aunque no exclusivamente, el diario El Tribuno y la AM 840). Desperdigó pauta estatal para impulsar las nuevas empresas y las volvió dependientes. Debilitada la fuerza del polo mediático de los Romero tras la derrota política de Juan Carlos en 2015, la negociación fue tan rauda que el hermano mayor de los hijos de don Roberto debió claudicar para no terminar desaforado y, de haber sido necesario, condenado.
En ese último punto se observa de qué modo opera la pretendida independencia del Poder Judicial. En el punto álgido de los enconos entre Romero y Urtubey, con éste último como gobernador, las causas judiciales fueron un importante elemento de presión del más joven de los contendientes. Desde que asumió la gobernación en 2007, el hijo de Rodolfo hizo un puntilloso trabajo para que el armado judicial recuperase la pureza de alcurnias que había perdido en los años de gobierno del vástago del ex canillita. Sin mucho revuelo, Juan Manuel consiguió conformar una nueva Corte de Justicia, modificar el Código Procesal Penal, instalar el sistema acusatorio, concebir el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) e intervenir judicialmente en las causas de tráfico de drogas al menudeo. Incluso intentó crear una policía paralela, mencionada como “Policía de Investigación”, manejada exclusivamente por el Procurador General, Pablo López Viñals, creador del CIF, impulsor del esquema acusatorio y miembro, junto a Rodolfo Urtubey (h), de la comisión que redactó el renovado Código Procesal Penal. En ese contexto, se favoreció de la estructura judicial para fines políticos en su cruzada contra Juan Carlos Romero. Nadie dice que éste sea intachable ni mucho menos, lo que se intenta demostrar es cómo operan las interrelaciones de poder entre los sectores que ocupan la amalgama estatal.
Del mismo modo que utilizó la Justicia para cargar contra Romero, Urtubey se anticipa a que su reemplazante pueda, eventualmente, ir tras sus pasos. Ante esta situación, menos confiado en su inocencia para afrontar cualquier causa que en su poder actual para montar impunidad futura, las últimas estocadas del gobernador asoman como trazos finales de un trabajo concienzudo. Su gran cruzada será la aprobación por ley de su reforma judicial, cuestión que ameritaría una asamblea constituyente, y que puede ser decisiva para que no atraviese momentos de tensión en los años venideros luego de 2019. No hay que descartar que una vez instalada la discusión por la inamovilidad de los jueces de corte, aunque sea rechazada la iniciativa de este año, Urtubey organice una Convención Constituyente el año próximo y lo consiga igualmente.
Para ponerlo en términos llanos, digamos que lo que la reforma judicial de Urtubey persigue no es la inamovilidad de los jueces de corte, sino la inamovilidad de los actuales, y no otros, jueces de corte. Los presididos por Guillermo Catalano, histórico apoderado del Partido Justicialista, llegaron al tribunal por intersección del Ejecutivo provincial encabezado por el consorte de Isabel Macedo.
Claro que eso puede cambiar, algunos recordarán que Catalano fue parte de los que apoyaban a Juan Carlos Romero cuando éste gobernaba. El actual mandatario no necesita que nadie lo alerte sobre lo lábiles que son las lealtades en la política contemporánea, por eso se apresura a darles el premio mayor, la promoción vitalicia. Más aún, pretende que no se sobrecarguen de trabajo dirimiendo presentaciones de cualquier ciudadano, antes bien que atiendan a los/las potentados/as y los/las de prosapia. Al mismo tiempo que favorece los trajines laborales de quienes depende su suerte judicial en los años próximos, Urtubey aprovecha para suprimir un derecho que, si bien es poco ejercido, existe para todos los ciudadanos de Salta. El hecho acaece en una semana en la que hasta los más acérrimos detractores suyos están absorbidos por la urgencia electoral, la cual es menos apremiante para el gobernador por los buenos resultados en las primarias del 13 de agosto último.
Confiado, previsor y prolijo, a dos años de abandonar la Casa de Gobierno, el gobernador aprovecha los flashes comiciales para urdir impunidad para cuando se agote su tiempo en el máximo cargo ejecutivo de la provincia. Enaltece sus relaciones con los poderes del estado y de la opinión publica[da]. Se reivindica hijo pródigo del Opus Dei, promueve vitalidad en sus cargos a los cortesanos judiciales, sostiene su caudal electoral recuperando terreno legislativo, afianza su hegemonía en los medios locales y, puesto a moldear su estado ideal, reduce los derechos de los salteños de a pie. A pedir del paladar U.
