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Activistas de Greenpeace denuncian el avance de desmontes ilegales en tierras situadas al norte salteño, pertenecientes a parientes del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. 

Un video dado a conocer hoy por Página 12 revela la intervención de miembros de Greenpeace para frenar los desmontes en la finca Cuchuy.

La hacienda sería propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, pariente directo del jefe de Gabinete, y del secretario de Legal y Técnica de la Nación, Pablo Clausellas.

Uno de los referentes de la ONG internacional, Hernán Giardini expresó: “Se ve muy clara la relación entre los políticos y los empresarios para poder deforestar y plantar soja”.

Luego añadió que “el gobernador de Salta autorizó el desmonte en 32 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, un total de 144.984 hectáreas de bosque protegido. En Cuchuy se rezonificó un total de 8962 hectáreas prohibidas, de las cuales quedan unas 3000”.

Más allá de las maniobras del Gobierno provincial para flexibilizar el ordenamiento territorial, pues en Cuchuy no había bosques categoría III (pintados de verdes, aptos para el desmonte), hay otras legislaciones que vuelven ilegal el avance de este desmonte, como la ley de emergencia territorial para las comunidades indígenas.

A poca distancia del lugar donde actualmente se está llevando a cabo el tumbado de bosque viven un puñado de wichis y criollos. Además, el desmonte para ampliar la frontera del monocultivo de soja no hace más que empeorar las condiciones de vida de los lugareños a causa del uso de agrotóxicos.

De acuerdo a las declaraciones del vocero de Greenpeace, para los grandes terratenientes del país es más rentable comprar campos en el norte y desmontarlos que directamente adquirir terrenos yermos en la pampa húmeda.

“Mientras que en Pergamino, provincia de Buenos Aires, una hectárea cuesta 15 mil dólares, en esa zona -Chaco salteño- se paga 500 dólares”, calculó el activista.