Los salteños vivimos oprimidos por la inflación, envenenados por la contaminación, asustados por el desempleo y ahora también aterrados porque cada vez más jóvenes desaparecen sin que nadie pueda dar señal de su paradero. (Daniel Avalos)
Paola Álvarez y Gala Cancinos representan la angustia de hoy, aunque ellas vienen a sumarse a muchos otros casos. Cada vez que ello ocurre la sensibilidad colectiva se bifurca mayoritariamente entre quienes se aterran ante la posibilidad de un nuevo femicidio y aquellos otros que aseguran que estamos ante un desvarío individual propia de una juventud que careciendo de propósitos, protagonizan travesuras que luego devienen en tragedia.
Evitemos detenernos en estos últimos. Frustra mucho tener que discutir cosas esenciales con quienes disfrazan su estreches de miras y una falsa nostalgia con los velos de la alta moral de los valores tradicionales. En las urgencias conviene hablarles a los otros, a aquellos que se preguntan cómo pueden hacer algo para cuidar un poco más por el otro. Esos que ante cada desaparición temen al horror que a contrapelo de lo que suele pensarse posee muchos rostros. De entre ellos sobresalen el Femicidio y la Trata de Personas. Del primero, lamentablemente, la sociedad se habituó a hablar bastante por las recurrentes veces en que ese acto aberrante viene a abofetearnos. Del segundo se habla menos aunque los datos de la realidad se esfuercen por mostrarnos que en la provincia la Trata no sólo acecha sino que también actúa.
Recurramos a los números para confirmarlo. Apelemos para ello a las Estadísticas Criminales en la República Argentina del año 2015 que publicaran en abril del año pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Secretaría de Seguridad Interior y la Subsecretaría de Estadística Criminal. Tal documento computó para el año 2015 un total de 1.058 personas identificadas como víctimas de la trata de personas. El 8,9% de ellas eran originarias de la Provincia de Salta y el 2,5% de la Provincia de Buenos Aires. Porcentaje alarmante en sí mismo pero que se multiplica si vamos a las cifras: Salta encabezaba la lista con 64 casos de personas captadas en Salta y otras 94 que pudiendo ser captadas en cualquier punto del país involucraba a una salteña o a un salteño. Muy atrás de esas cifras se ubicaba Buenos Aires con 16 y 26 casos respectivamente, seguida por Tucumán con 16 casos en cada categoría, Santa Fe con 12 y 17 y luego el resto de las 20 provincias que contaba con datos debidamente registrados.
Los números salteños eran doblemente aterradores. Por encabezar el listado pero también porque mientras a nivel nacional se experimentó una disminución del 36,4% con respecto al 2014, en nuestra provincia el incremento fue del 178% producto de los 23 casos en 2014 y los 64 en 2015. Pero volvamos ahora a los números globales del 2015. Lo hagamos para precisar que según el mismo informe, de los 1.058 casos identificados el 15,6% (165 personas mayoritariamente mujeres) se catalogaron como víctimas de trata sexual y el 31% (329 personas) de trata laboral. Para el 53,3% restante se carecía de información que posibilitara clasificar el tipo de trata. El flagelo, entonces, reside en Salta y conocer sus lógicas y alcances resulta crucial en tanto sólo puede combatirse y transformarse aquello que se conoce.
Como en tantas otras dimensiones de lo social, las mejores herramientas para hacerlo no provienen del Estado sino de las organizaciones feministas. Es repudiable lo primero y se entiende lo segundo: el delito de la Trata tiene por víctima principal a mujeres que luego se destinan para la explotación sexual. He allí la perversa cosificación de las personas que además de padecer perjuicios contra su libertad y contra su salud, también resulta humillada en su propia dignidad en tanto el victimario clausura en ella la posibilidad de percibirse como un ser humano para ser tratada como una mercancía lisa y llana. Una que se pone al servicio de alguien que paga un precio “x” a la red mafiosa para poder apropiarse del cuerpo y la psiquis de una mujer con el objeto de satisfacer un deseo que en este caso es sexual.
Ese acto aberrante legítimamente violenta a la mayoría de las personas. Lo paradójico, sin embargo, es que a muchos de ellos los violenta menos o no los violenta la naturalización de prácticas que promueven el consumo de mujer que diariamente promocionan los medios de comunicación. He allí el marco cultural que posibilita lo aberrante y nos desliza a concluir que para luchar contra la “trata” el desarrollo de estructuras legales y policiales capaces de reprimirla resulta un paso imprescindible, aunque no suficiente.
Requiere también dar también una batalla cultural que modifique las formas en que la sociedad concibe a la mujer en particular y al lucro en general. Un lucro que un determinado contexto socioeconómico mundial desliza a las redes criminales no sólo a querer mercantilizar absolutamente todo, sino también a pretender enriquecerse empleando las mismas lógicas con que se enriquece una multinacional: considerando a las fronteras nacionales como un obstáculos para sus negocios, burlando las mismas aprovechando la revolución del transporte y las comunicaciones para trasladar a las víctimas que convertida en mercancía devine en una “cosa” al que el tratante le impone su propia voluntad para así montar un negocio que según la ONU, es el tercero más redituable del mundo después de las armas y de las drogas.
