El Ministerio de Seguridad de la Nación señala que la infracción a la ley de drogas es la principal causa de privación de libertad de mujeres. Salta tiene la segunda cárcel con mayor población femenina del país. (Andrea Sztychmasjter)

Son mujeres que ponen el cuerpo para traficar cocaína como una estrategia de supervivencia. Mientras los hombres siguen manejando el negocio del narcotráfico, son ellas quienes más lo padecen, el eslabón más débil. Ponen en peligro sus vidas al traspasar los límites de la legalidad. Transportan droga a través de capsulas que injieren o se las introducen; también las pegan a sus cuerpos y a su ropa. Las metáforas sexistas y el lenguaje narco las unifica denominándolas “mulas”, “capsuleras”, “valijeras”, pero delante de ellas hay historias inmensas, particulares.

Madres o mujeres con personas a cargo, jefas de familia, en situaciones de pobreza o de extremas necesidades socioeconómicas, que ven en el tráfico la posibilidad de llevar algo de dinero a sus hogares, de subsistir. Como la historia de Claudia, una mujer que cruzó la frontera de Bolivia con cocaína para pagar la quimioterapia de su hijo y terminó presa con una hija de meses.

Las estadísticas del Ministerio de Seguridad nacional señalan que la infracción a la ley de drogas es la principal causa de privación de libertad de mujeres. El 41% de la población carcelaria femenina del país se encuentra en esta situación por delitos tipificados en la ley 23.737. En los hombres en cambio, la misma causa ocupa el quinto lugar.

Mientras los hombres siguen manejando el negocio del narcotráfico, son ellas quienes más lo padecen, el eslabón más débil.

Salta tiene la segunda institución carcelaria del país con mayor cantidad de mujeres privadas de libertad por temas relacionados al narcotráfico. Hablamos de la cárcel de Güemes, según datos de la Procuraduría Penitenciaria de la Nación (PPN) en su informe de 2017. 

En 2016 había 135 mujeres detenidas, cifra que el año pasado aumentó considerablemente en nuestra provincia. Hace dos años había en todo el país 764 mujeres detenidas, número que comprendía también al colectivo trans. En Salta también hay mujeres privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria N° 23, ubicada en Chachapoyas, según señala el informe.

Mujeres detenidas con hijxs

Aunque la ley 26.472 modificatoria del art. 32 de la Ley de Ejecución Penal incluyó los casos de mujeres embarazadas y madres de niños menores de cinco años entre los supuestos de procedencia del arresto domiciliario, en la actualidad hay mujeres embarazadas y que conviven con hijxs en el Sistema Penitenciario Federal (SPF). En la cárcel de Güemes, por ejemplo, más de 20 mujeres están en esta situación, embarazadas, detenidas con sus hijxs incluso con menores de 5 años.  

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres junto a la secretaria de Justicia, Carina Iradi, y el subsecretario de Políticas Penales y Asuntos Penitenciarios de la provincia, Ramiro Lucena, este año se reunieron para evaluar la situación de aquellas mujeres que están privadas de su libertad con hijxs menores de edad, para que puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Se trata del beneficio mediante la unidad del arresto domiciliario por monitoreo electrónico (UADME), la cual funciona bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.

 

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De otros países 

Hasta agosto de 2018 había 387 mujeres extranjeras presas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) argentino. Según informó Ana Clarisa Galán, defensora pública ante el Tribunal Oral Federal de Salta, hay alrededor de medio centenar de mujeres presas en la cárcel de Güemes y más de la mitad son bolivianas. “Si bien no son estadísticas exactas, los datos que manejamos es que siete de cada diez detenidos con droga son migrantes de otros países intentando ingresar droga a Argentina y de esas siete personas, al menos cinco son bolivianas (la mayoría mujeres)”, explicó la autoridad defensorial y puntualizó que en todos los casos las detenidas presentan los mismos indicadores: vulnerabilidad económica, no han superado el grado de educación primario, son de hogares monoparentales y tienen hijos pequeños.

El aumento de la pobreza y la crisis económica y social que atraviesa el país ayudan a propiciar el estado de vulnerabilidad de las mujeres que, ante la desesperación, se ven empujadas a delinquir, poniendo en peligro su salud al transportar dentro del cuerpo capsulas de cocaína. Quizás no deban ser consideradas el eslabón más débil, porque son las que se exponen al sistema judicial y detrás de sus detenciones no se detecta las redes de narcotráfico reales. Son las “perejilas” del narcotráfico. Un desafío urgente para Salta es la implementación de políticas respecto a drogas, pero con perspectiva de género y derechos humanos.