Mientras Macri apela a anécdotas sobre “ñoquis” para arremeter contra empleados públicos, Urtubey dice que se concentrará en la planta política. Asegura que recortará el 20% de secretarías y subsecretarías pero son muchos más quienes cobran como tales sin serlo. Aquí un relevamiento. (Daniel Avalos)
Un relevamiento de las designaciones políticas publicadas por el gobierno entre el 14 de diciembre de 2015 y el 14 de marzo de 2016, permite ver que hasta entonces había 1.020 funcionarios jerárquicos. Si la cifra se mantiene en esos términos y si se cumple el anuncio del gobernador de reducir al menos un 20% los ministerios, las secretarías y subsecretarias para ahorrar gastos políticos podríamos concluir que al menos 200 funcionarios perderían esa condición porque aun cuando formalmente hubieran 55 secretarias y 46 subsecretarias, eran muchos más funcionarios que cobraban como tales.
Cuarto Poder lo confirmó en marzo del 2016 cuando publicó el relevamiento aludido del que excluyó a los Jefes de Programas que siendo parte del mismo escalafón, cobraban muy por debajo de los directores, subsecretarios, secretarios y ministros.
Estos últimos eran los primeros en llamar la atención: sumaban catorce, el doble de los designados aquella vez en la provincia más grande del NOA que es Tucumán. Los ministerios salteños eran Secretaría General de la Gobernación; Jefatura de Gabinete; Gobierno; Derechos Humanos y Justicia; Primera Infancia; Asuntos Indígenas; Educación; Cultura y Turismo; Salud; Trabajo; Ambiente y Producción Sustentable; Seguridad; Infraestructura, Tierra y Vivienda; Hacienda y Finanzas.
Pero eso no era todo. Y es que el repaso de los decretos publicados en el Boletín Oficial entre esas fechas muestran que otros cuatro funcionarios cobraban como ministros: Marcelo López en el cargo de Representante de Relaciones Internacionales; Gerardo Villalba, Director de Vialidad Provincial; Diego Valdecantos, Presidente de la Sociedad “Tren a las Nubes SFTSE”; y Antonio Oscar Marocco, Coordinador General de Asuntos Políticos que incluso logró que el decreto de su designación explicitase que además de sueldo, poseería “idéntico trato protocolar” que el resto de los ministros.
Cobrando como secretarios
El caso de los secretarios de Estado no es menos impresionante. Mientras la web del gobierno mostraba 55 secretarías formalmente constituidas, un paciente repaso por las designaciones publicadas por el Boletín Oficial entre las fechas consignadas indicaba que las personas que cobraban como tales eran 122. La lógica “U” que explicaba esa situación era evidente: designar a viejos y leales cuadros políticos en cargos de menor jerarquía pero premiados con sueldos mayores; salvar con cargos altos a funcionarios que habían perdido el favor electoral o puestos relevantes en el ejecutivo; o utilizar las designaciones como prendas de cambios para acuerdos electorales que se pagaron en tiempos no electorales.
Cada variable podía ser ejemplificada: para el primer punto estaba Mercedes Junco que siendo Subsecretaría de Estado cobraban como Secretaria; para el segundo podía mencionarse el caso del exdiputado provincial, exjefe de gabinete de Miguel Isa y exinterventor de Colonia Santa Rosa -Napoleón Gambetta- quien quedó desempleado en diciembre de 2015 y en febrero de 2016 apareció designado como Delgado de la Secretaría del Área Metropolitana cobrando lo mismo que cobraba el propio secretario. La tercera variable ocurrió con referentes de fuerzas políticas que se unieron al frente oficialista en las elecciones de abril y mayo de 2015 y luego fueron designados “Coordinadores” de algo pero percibiendo sueldos de secretario. Eran tres casos representativos de un total de 67 que designados como coordinadores (30), directores (13), asesores (6) y subsecretarios (6) o en otros puestos (12) percibían y lo siguen haciendo como cada uno de los 55 secretarios formales.
La diferencia entre lo formal y lo real, también era la regla en el caso de las subsecretarias. Formalmente había 46 que debían cobrar como tales aunque, como vimos, seis de ellas cobraban sueldos de secretarios. El suma y resta indicaba entonces que 40 designados percibían como subsecretarios de estado aunque eran 69 designados quienes percibían tal remuneración.
Entre los 29 que sin ser formalmente subsecretarios cobran como tales, se destacan los coordinadores (12). Sacando a estos, también cobran como subsecretarios 4 administradores de espacios públicos gubernamentales, 7 directores generales, 3 asesores de distintos tipos, un delegado y 2 Jefes de Programas. Lo último no dejaba de ser curioso: es que por ese entonces el ingreso de bolsillo de un Jefe de Programa era de $15.000 aunque sus decretos de designación los habilitan a percibir $26.669.
No son estas las únicas formas de contener a viejos y maltrechos soldados de la gestión. Y es que en la escala salarial de autoridades superiores del Estado aparecen otros dos rangos: remuneración “equivalente a secretarios” y “equivalente a subsecretarios”. Entre los primeros se encontraban varios funcionarios de sombrío paso por el ejecutivo provincial y que siendo desplazados de un cargo siempre terminaban apareciendo en otros. Era el caso de Marianela Cansino, la persona que hizo del ministerio de Derechos Humanos un descontrol y que tras ser eyectada en diciembre de 2015 también apareció en febrero designada en una coordinación con sueldo “equivalente a secretario”. También con ese rango aparecían nombres y apellidos vinculados al entorno de Miguel Isa: al menos cinco funcionarios que ocupaban una coordinación en la vicegobernación y poseen remuneración equivalente a Secretario o subsecretario.
Los recursos para generar fuentes de ingreso a funcionarios no se agotan ahí. Y es que existen decretos de designación que especifican que los designados cobraran el 90% de los sueldos de secretarios y subsecretarios de Estado. Se trataba de 16 casos para el primer punto y 6 para el segundo.
Base piramidal
Los directores generales y los directores a secas, constituyen la base de esta deforme pirámide de personal jerárquico estatal. Hasta marzo de 2016 eran 432 designaciones: 193 corresponden a la primera y 239 a las segundas. Entre ambos escalafones hay curiosidades aunque la principal y recurrente es que en la nómina de autoridades publicada en el sitio oficial del Grand Bourg, sólo aparecen 99 direcciones generales y 31 simples.
La diferencia entre los funcionarios de estos rangos que aparecen en la web del gobierno y los realmente designados en el Boletín Oficial se vincula con la cantidad de coordinaciones que parecen crearse para ubicar a alguien y a la no menor cantidad de Jefes de Programas que perciben sueldos de Directores Generales (11) o Directores simples (83).
Como mención final, parece conveniente recordar que en aquel relevamiento se identificaron también otras 270 designaciones -entre los 1.020 decretos identificados- en cuyo decreto no se especificaba cuál sería el sueldo del designado. Entre esas 270 designaciones había de todo -gerentes de hospitales, fiscal de estado, jefe y subjefe de policía, procuradores fiscales, abogados consultores, coordinadores, etc.- aunque numéricamente se destacan dos grupos: las supervisoras de escuelas (56) y los cargos políticos (139).
En ambos casos se trata de designaciones políticas, aunque la naturaleza de los cargos le otorga una connotación distinta a la función. Mientras los 33 “Supervisores de Núcleo”, los 18 “Supervisores Regionales” y 5 “Generales” tienen una presencia efectiva entre directores de escuelas; el caso de los cargos políticos es bien otro y en esos tres meses de designación abundaron: 139 distribuidos de la siguiente manera: 27 de Nivel 1; 70 de nivel 2; 23 de Nivel 3; 12 de Nivel 4; y 7 de Nivel 5.
Sobre los sueldos que percibían los designados en esas categorías, Cuarto Poder nada pudo saber al momento de confeccionar el registro. Lo que sí se sabe es que eran muchos, cobran muy bien y nadie sabe bien qué hacen.
