El mar de la política salteña está plagado de susceptibilidades y especulaciones sobre lo que vendrá. El oficialismo no logra encontrar cauce y sus huestes comienzan a tejer puentes con la oposición para amortiguar la caída. Más aún cuando el modelo urtubeycista se agota sin que se advierta la posibilidad de asegurar un heredero.
Ya no se trata de que el Gobernador imponga al arbitrio sus decisiones sino de disimular defectos que comprometan una híbrida incursión en las elecciones presidenciales próximas. Hábil para negociar con el gobierno nacional, ha logrado mantener las estadísticas comprometedoras en un arcón pero sacrifica la autonomía política imprescindible para reconstituir y encabezar un justicialismo que deberá hacer de sparring en el intento reeleccionista de Macri.
Urtubey y Romero han decidido renovar algunos acuerdos en la localía y propician en Salta una tardía reforma constitucional que marque límites al gobernador entrante y consolide a algunos garantes del status quo cuando el primero abandone el Centro Cívico Grand Bourg.
Lejos ha quedado la disputa que involucró denuncias que arrastraron al Poder Judicial en la persecución. Ahora deben idear una estrategia que les permita salvarse y sortear un obstáculo insalvable: Los dos coinciden en lo político y quieren ser senadores nacionales -Urtubey por descarte y Romero por decisión continuista- pero no pueden ir juntos en la misma boleta.
No resulta extraño que también cuenten con el aporte del ex vicegobernador Ricardo Gómez Diez, quien juega esquizofrénicamente a poblar con sus alfiles la Intendencia de Capital y, también, a tributar su intelectualidad a un Romero con el que mantuvo una sociedad política que lleva décadas. Para ello utiliza el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Salta.
Tampoco causó sorpresa que el Instituto Juan Domingo Perón acercara otros pensamientos compatibles con la reforma de la mano de Julio San Millán, Armando Caro Figueroa, Ricardo Alonso y otros. En definitiva, solamente reproducen lo que fue la alianza que postuló a la fórmula Romero-Olmedo en las elecciones del año 2015.
Condicionar al que gobernante que viene
Juntos, Romero y Urtubey gobernaron la provincia por casi 23 años y son quienes diseñaron el estado actual de cosas. Solo a ellos se los puede responsabilizar por la ineficiencia de un Poder Ejecutivo paquidérmico, una Legislatura Provincial complaciente, un Poder Judicial dependiente y una Auditoría General que se niega a controlar la inversión del gasto público.
El proyecto de reforma toma como bandera la limitación de los mandatos de cargos electivos, aunque también contiene la intención de otorgar mandato vitalicio a los Ministro de la Corte de Justicia que ha designado Urtubey. Sólo este punto permite elucubrar con que se busca limitar los poderes del gobernante que viene y someterlo a un vigía celoso en caso de que amenace alterar lo ya pactado.
Otro aspecto a considerar es el sistema de coparticipación que muchos quieren reformar para garantizar viabilidad a las intendencias. Si bien no se tocan los índices de distribución desde 1976, está claro que este sería el peor momento para que un mandatario acceda al poder con menos porcentaje de la torta de recursos.
Cortina de humo para una crisis grave
Algunos sostienen que esta idea solamente busca distraer la atención de los salteños ante la crisis que repercute de diversas maneras en la vida cotidiana. Los números no cierran en la provincia y tampoco en cada intendencia. Es preciso anestesiar al ciudadano que ya luce abrumado por los incrementos tarifarios y la escasa recomposición salarial por posturas claudicantes de los gremios.
Los niveles de endeudamiento se han incrementado en este último año. Hasta 2013 solamente se había gestionado un empréstito de 125 millones de dólares para el Fondo de Reparación Histórica que no cumplió con sus objetivos en el norte provincial y que podría terminan comprometiendo en la justicia federal a sus administradores. Canjearon los dólares a $4 x 1 USD y con intereses se devolverán más de 4.500 millones de pesos. Sólo por esta causa Carlos Parodi podría aterrizar en la Ciudad Judicial.
En mayo de 2017 solicitaron 800 millones de pesos y las obras prometidas aparecieron en pequeños porcentajes. En Septiembre pidieron 320 millones de dólares a una tasa casi usuraria y, a pesar de las sospechas de que el dinero fue invertido en gastos corrientes y las remuneraciones de una planta sobredimensionada.
Hace dos meses se autorizaron 2.500 millones de pesos para otro empréstito y, en estos
días, ya comenzaron a analizar la posibilidad de pedir más dinero para pagar los sueldos. Ya no se molestan en dar excusas y el rojo se aviva al punto que algunos prevén un cese de pagos. Por lo pronto, los acreedores se ven obligados a aceptar pagos diferidos en más de seis meses y con quita. Una realidad que, lógicamente, el gobernador quiere esconder.
El intendente díscolo
Uno de los aspirantes a la gobernación que se disputará en el 2019 es Gustavo Sáenz, quien salió al ruedo a poner en claro que considera que la reforma es necesaria aunque no oportuna en el 2018. A viva voz reivindicó para los actores políticos que se elegirán el año que viene la responsabilidad de decidir sobre el texto de la Constitución Provincial y también pidió que se escuche a los partidos políticos y a la sociedad civil.
Por lo pronto en “Cambiemos” las posturas están divididas. Romero y Gómez Diez tiran de la cuerda para cumplir la palabra empeñada a Urtubey. Por el otro Sáenz y el resto de sus aliados intenta preservar la coherencia que constituye su capital político. No puede dar “el abrazo del oso” por que pregona ser una alternativa y tampoco se somete a los designios de quienes creen que la reforma es su patrimonio personal.
La fricción entre Romero y Sáenz no hace peligrar al frente electoral de “Cambiemos” aunque seguramente reformulará los esquemas de confianza. Gómez Diez y su disminuida fuerza política deberán explicar los motivos de la indisciplina que los ubica asociados al urtubeycismo del que dicen renegar. Romero, con otro peso político, seguramente declinará transitar por la reyerta cuando sabe que su reelección como senador nacional depende de Sáenz.
Urtubey y Romero no son fans de Sabina y reniegan de su “tiempo del después”. Lejos de estas disputas palaciegas la gente sigue capeando las inclemencias de una economía que la oprime a diario.
Por Luis Passagio
LA REFORMA CONSTITUCIONAL ES RESPONSABILIDAD FUNDAMENTAL DEL GOBIERNO QUE VIENE.
Algunos actores políticos han lanzado la iniciativa de reformar la Constitución Provincial. Interpretan que este es el tiempo para el debate y que urgentemente debemos avanzar con una convocatoria para elegir convencionales constituyentes.
Estoy comprometido con un gran cambio para Salta y entiendo que debemos hacer estas modificaciones institucionales y sociales con armonía y respeto. Pero, también considero que estos procesos deben gestarse en un marco de diálogo y consenso. No caben dudas de que deben opinar los partidos políticos y todos los sectores de la Sociedad civil.
Se trata de que entre todos generemos un nuevo acuerdo entre el Estado y los salteños y que eso se refleje luego en un texto constitucional. Una tarea tan importante exige paciencia y un sentido de oportunidad que no malogre sus altos objetivos.
No puedo dejar de mencionar que transitamos por un período de crisis económica, social e institucional que encuentra causa en la falta de renovación de un gobierno que se ha extendido por más de una década. El desgaste es natural, pero deja en claro que el poder no debe concentrarse ni prolongarse demasiado.
Los salteños saben que siempre tuve ese pensamiento, cuando era senador provincial por la Capital, propuse reformar nuestra Constitución y que se limitaran los mandatos para garantizar la alternancia en el poder y evitar estos efectos que perjudican el nivel de la vida de los salteños. Frente a esta situación, debemos encontrar el equilibrio para atender lo urgente y, también, para proyectar estratégicamente los cambios profundos para la mejoría.
Finaliza un período de gestión y, frente al agotamiento de un gobierno que ha demorado esta reforma durante diez años, no podemos condicionar indebidamente a los actores políticos que vienen. Por eso, debemos encomendar al próximo gobernador y a los representantes políticos que elija la ciudadanía en los comicios de 2019, la responsabilidad de decidir sobre una temática tan delicada.
Gustavo Sáenz
