Estudiantes y trabajadores del anexo de la sede regional de la UNSa, en Santa Victoria, realizaron esta semana una toma pacífica para reclamar una serie de cuestiones que cualquiera consideraría mínimas para el funcionamiento de una institución educativa. 

Esta semana se produjo una toma en el anexo de la sede regional Tartagal de la UNSa (Universidad Nacional de Salta), en Santa Victoria. Al calor de esa medida se dio a conocer un pliego de reclamos extenso. La toma pacífica se sostuvo durante algunas horas hasta que hubo intervención de docentes para apaciguar el malestar estudiantil, lo que posibilitó que se restaurará el dictado de clases. 

Las carencias van desde una fotocopiadora, computadora, impresora y escáner hasta la falta de garantía de pago de los salones que se alquilan para que funcione el anexo, hasta tanto se realicen las obras para que haya un edificio propio en Santa Victoria -otro de los pedidos del pliego de reivindicaciones-. También requieren acceso a los concursos de la universidad, normalización de la actividad académica, internet, telefonía fija y la remoción de la docente Carla Parra, a quien acusan de tratos “deshonrosos hacia los alumnos”.

Sobre Parra hacen pesar otra acusación, en la que también incluyen a Cruz Carrizo. Habrían manipulado a los estudiantes para que aceptasen un plan de estudios que no está aprobado, por lo tanto no tendría validez. Los manifestantes aducen que Parra y Carrizo los convencieron de que podían abandonar el plan de estudios de 1984, engañándolos al respecto de la vigencia del nuevo diseño curricular.

En ese último sentido, solicitan que se arbitren las acciones para que puedan reinsertarse en el plan de estudios vigente sin que por ello pierdan las posiciones ya conquistadas en sus carreras como estudiantes (materias aprobadas y regularizadas). 

La relación entre alumnos y docentes del anexo Santa Victoria no es de lo más armoniosa, pues los primeros también delataron la supuesta falta de cumplimiento de los horarios por parte de los segundos. Los estudiantes que esta semana radicalizaron su descontento, no obstante, evidencian cercanía con el resto de los trabajadores de la universidad: solicitan que se designe formalmente a los administrativos que ya están en funciones y que se emplee personal para que cumpla tareas de maestranza. 

En un sentido profundo, entonces, el reclamo no se reduce a un malestar con tales o cuales docentes, sino que está inmerso en un contexto de indiferencia. En Santa Victoria no hay reuniones de la sede ni de los consejos técnicos creados para operar en la zona, no se garantiza derecho a la participación en cargos ni espacios de la estructura universitaria, y hasta habría desidia para abonar con regularidad el alquiler del lugar donde funciona el anexo chaqueño. 

La decisión tomada por los estudiantes esta semana, acompañados por miembros de la comunidad y trabajadores de la institución, da cuenta de un escenario de malestar de las y los lugareños luego de las inundaciones, los problemas con donaciones y las aporías del gobernador, quien en su visita a la zona luego de las evacuaciones de este año, dijo: “Es paradójico ver que perdieron todo y al lado no perdieron casi nada, porque no tenían casi nada”. 

Por cierto, además de esos factores de coyuntura, la histórica postergación de los pobladores del Chaco salteño, para nada subsanada por el millonario Fondo de Reparación Histórica que implementó el gobernador, es el trasfondo de cualquier medida de rebeldía.