A pesar de la derogación de los decretos de Urtubey que posibilitaban desmontes ilegales, la Finca Chuchuy del millonario Alejandro Brau Peña volvió a ser objeto de denuncia por desmontes. El referente indígena Jhonatan Félix dijo que 10 topadoras “aprovecharon la época de las fiestas y desmontaron todo”.

En el famoso informe “Desmontes S.A. 2º Parte”, la finca Chuchuy que abarca cerca de 10.000 hectáreas en el departamento de san Martín ya había sido denunciada.  Clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta como Categoría Rojo (no permite desmonte ni aprovechamiento) y parte en la Categoría II – amarillo (no permite desmonte, sí aprovechamiento), sus dueños habían solicitado al gobierno de Salta el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III – verde para poder realizar el desmonte de 5.316 hectáreas para agricultura sobre un total de 8.962 hectáreas solicitadas. El pedido afectaba seriamente a las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral, que quedaban prácticamente encerradas entre fincas que fueron deforestadas en los últimos años.

La mecánica se hizo famosa desde mitad del 2014 y concitó el repudio nacional de medios, organizaciones ambientalistas, organismos del estado, actores y partidos políticos que acusaban a Urtubey de violentar la Ley de Bosques con una mecánica precisa: en la ley de Ordenamiento Territorial de Salta el artículo 17 contempla la re categorización de zonas ( “La categorización reflejada en la presentación cartográfica (…) es de carácter orientativa y será objeto de definición (…) en ocasión de la tramitación de las solicitudes de actividades establecidas en la presente ley”) permitiendo así el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley Nacional de Bosques. Con esa maniobra, Urtubey podía violentar la ley y dos decretos dictados por él mismo lo posibilitaban. El repudio fue tan generalizado que finalmente el gobernador ordeno derogar en diciembre los decretos 2.211/10 y 3.136/11 que permitían la sistemática violación de la Ley de Bosques mediante la autorización de desmontes en áreas protegidas.

Pasados los días de euforia por el logro conseguido por los que se oponen a los desmontes ilegales, los finqueros volvieron a las suyas con la anuencia del gobierno. La Finca Chuchuy fue nuevamente objeto de denuncias por parte de las comunidades originarias que vuelven a sufrir el accionar de las topadoras. Uno de los integrantes de las comunidades, Jhonatan Félix, contó a Nuevo Diario que el fin de semana comenzaron las reuniones con indígenas y criollos que manifestaron la preocupación de la continuidad de los trabajos de unas 10 topadoras en el territorio. “Aprovecharon la época de las fiestas y desmontaron todo”, dijo al sostener que el lugar donde se realizó el desmonte, es el mismo donde Greenpeace dispuso un campamento que generó denuncias cruzadas por la ocupación de las tierras. Incluso se había logrado una medida de no innovar a fin de que las máquinas no pasen por el lugar hasta resolver el reclamo de fondo de las comunidades para que no se desmonte. El reclamo no fue escuchado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia que finalmente autorizó que las topadoras pasen sobre una zona que se suponía, debía ser protegida de la deforestación.