El gobernador jujeño, Gerardo Morales, rechaza que se trate de una presa política y asegura que el acampe de la Tupac Amaru constituyó un “intento de golpe institucional”.

SAN SALVADOR DE JUJUY.- “Acá me quisieron voltear. Lo que fracasó fue un intento de golpe institucional. Hubo sedición. Estos 50 días [de acampe] fueron para derrocar al gobierno. Querían voltear al gobierno y mantener sus negocios”, dice el gobernador Gerardo Morales, antes de terminar de acomodarse en uno de los sillones del salón José María Fascio, contiguo a su despacho, donde recibió a LA NACIÓN. Y remata: “Yo no voy a parar. Voy a fondo con esto”.

“Esto” es su disputa contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. Si podía esperarse un tono más relajado del mandatario radical, a sabiendas de que el acampe frente a la Casa de Gobierno concluyó el pasado martes, luego de 51 días, y que la diputada del Parlasur está detenida desde el 16 de enero, primero por instigación al delito y tumulto y luego por asociación ilícita, fraude y extorsión, la primera frase de Morales derrumba esa posibilidad.

También rechaza los pronunciamientos de dirigentes sociales, políticos y religiosos que consideran a Sala una “presa política” y que buscan la intermediación de la Casa Rosada y hasta del Vaticano para lograr su liberación.

“No conocen, no saben cómo es esto”, replica el gobernador, sin querer personalizar su respuesta y mucho menos mencionar a la curia, de amplia influencia en Jujuy.

“Acá presionaban a todos: a intendentes, cooperativas, a la gente. Nosotros queremos terminar con un clima de violencia que agobia. Milagro es la jefa de una asociación ilícita, de una organización social que fue mutando en una organización mafiosa”, agrega, sin sacar el pie del acelerador.

Desconcierto

Esa determinación es lo que aún descoloca a los aliados de Sala, que imaginaban que las denuncias que Morales lanzó en la última campaña contra la Tupac Amaru eran parte de una estrategia electoral y no la confirmación de una declaración de guerra.

Algunos dirigentes reconocen hoy que esperaban entablar una relación de igual a igual con el radical, como lo habían logrado con los gobernadores peronistas anteriores, gracias a la protección del kirchnerismo nacional.

Claro que no hablan de “determinación” ­-en rigor, desde hace días no se pronuncian públicamente- sino de persecución y ensañamiento de parte de Morales. Y señalan como parte de ese plan la ampliación de la Corte Suprema provincial, una de las primeras leyes que impulsó el nuevo gobernador, que sumó a cuatro miembros a ese cuerpo de cinco jueces, todos directa o indirectamente vinculados al radicalismo.

Mientras mantiene el puño cerrado ante Sala, Morales viene tendiendo puentes hacia las cooperativas que responden o respondía a la diputada del Parlasur. Incluso consiguió que varias denunciaran a Sala ante la Justicia. “Hoy estamos atendiendo a todas las cooperativas, incluso de la Tupac. Vamos a hacer un convenio con el subsistema de salud que armaron. También con las cooperativas textiles”, dice el gobernador.

Morales ya consiguió empadronar en el programa de regularización y transparencia, lanzado en diciembre, 650 cooperativas. Cada una de ellas tiene alrededor de 16 miembros cada una. “Esas cooperativas podrán seguir siendo de la Tupac, llamarse como quieran, queremos que sigan trabajando”, continúa Morales. Ya no hace falta, pero por las dudas aclara, de forma taxativa: “Pero con Milagro Sala no me voy a sentar a dialogar”.

Fuente: La Nación