Tras el triunfo, vía libre para avanzar contra los derechos laborales. Jorge Triaca se reúne hoy con la CGT. Hay acuerdo por un perdón a empresarios y una rebaja en los pagos de juicios de empleados no registrados.
A 48 horas de su triunfo electoral el Gobierno empezará hoy mismo a facturarlo con la CGT: el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibirá al triunvirato de líderes para encaminar las negociaciones por un proyecto de ley consensuado de blanqueo laboral que incluirá un amplio perdón de deudas para empleadores y un recorte en las indemnizaciones por despido para los trabajadores no registrados.
Será el eje de un acuerdo que ya estaba en discusión con la central, que a partir del resultado electoral cobrará mayor velocidad y que contendrá también un relanzamiento de las pasantías, así como la creación de un organismo para frenar los juicios contra las obras sociales sindicales y de un observatorio para el seguimiento de las intervenciones a gremios, ambos a pedido de la cúpula de la CGT. El paquete había sido adelantado en diciembre de 2016 como parte de los planes del equipo de Mauricio Macri para este año.
Hasta anoche sólo estaba resuelto que Triaca recibiría a los triunviros Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña a las 18. Inicialmente se preveía que fuese en la sede central de la cartera laboral, en Alem al 600. En cambio no estaba claro si habría más convocados por los gremios. La cúpula del sindicalismo tradicional ya descontaba un llamado del Ejecutivo para acelerar los cambios.
Tomados de la promesa del propio Triaca de que no habrá una reforma «a la brasileña», los dirigentes irán hoy a la reunión con la expectativa de validar el blanqueo y un nuevo sistema de prácticas formativas (el término que se utilizará para no ligarlas con las pasantías de los 90) a cambio de sostener otras prerrogativas centrales para el poder de la CGT: el monopolio de representación, la preeminencia de las leyes nacionales por sobre los acuerdos de menor grado (para evitar la generalización de concesiones como hubo en Vaca Muerta con los petroleros), la continuidad de las paritarias y el sostén del sistema de obras sociales.
Respecto del blanqueo, este diario pudo confirmar que contendrá una total exención de multas para los empleadores que aceptaran inscribir a su personal no registrado. Pero también se avanzará sobre la idea original de los ideólogos del plan, entre ellos el secretario de Empleo, el ex Techint Miguel Ponte, de anular los adicionales indemnizatorios para los trabajadores informales.
En la ley de empleo 24.013 y en la de régimen indemnizatorio 25.323 se establecen punitorios que llegan a duplicar los pagos por despido en caso de constatarse modalidades irregulares de contratación. Con los cambios que serán objeto de un proyecto de ley facilitado por la CGT, esos extras dejarán de formar parte del pago a los trabajadores para recaer en la Anses. Creen los funcionarios que, así, se desalentarán los juicios laborales contra empleadores al reducirse drásticamente los montos reclamados.
Hay otros rubros que el Gobierno espera apurar desde hoy. Uno de ellos es la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de salud, que reclamaban tanto los sindicalistas para sus obras sociales como los dueños de las prepagas. Se trata de un organismo que intercederá ante los planteos de los afiliados para la obtención de coberturas costosas (tratamientos o remedios) antes de habilitar juicios. Una suerte de sistema de ART sanitario.
En cuanto a las «prácticas formativas» el Gobierno y la CGT también alcanzaron un principio de acuerdo para despegarlas de los vínculos laborales formales y encuadrarlas como mecanismos educativos. La dirigencia sindical, de todos modos, pactó con los funcionarios incluirlas en los convenios colectivos de trabajo para mantener un margen de control y el aporte para cada gremio.
Fuente: Ámbito
