Salta, miércoles 17 de octubre de 2018
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Un grupo de vecinos realizó una manifestación esta mañana en la legislatura provincial. Pidieron que se investigue un supuesto fraude inmobiliario en la venta de los terrenos que habitan hace 20 años.
Esta mañana vecinos de Villa Santa Ana II, se congregaron en la legislatura provincial para exigir a los diputados que investiguen una supuesta estafa millonaria en la venta de, al menos, 180 terrenos por parte de una empresa que se declaró en quiebra.
"Estamos para pedir al procurador de la provincia que investigue sobre la venta de nuestros terrenos. Queremos saber si hubo delito o no" sostuvo Jessica Figueroa, una de las vecinas afectadas.
La damnificada señaló que, además de la venta irregular de las parcelas, hace tres meses recibieron una notificación por parte de un estudio jurídico para presentarse, sin excepción, a realizar un nuevo contrato en dólares. "Esto se pauto por 500 mil pesos, hoy nos quieren cobrar 20 mil dolares por terreno" añadió Figueroa.
Hasta el momento, los vecinos no tienen certeza de a quien pertenecen realmente los terrenos. El supuesto dueño, un hombre de nombre Miguel Rueda, los habría adquirido en una subasta en Buenos Aires, según averiguaron los damnificados.
"Ni siquiera la tiene el supuesto comprador, siempre supimos que acá hubo una maniobra de estafa en contra de nosotros, por el solo hecho de que nos vendan un terreno a 500 mil pesos y ahora nos quieran cobrar 20 mil dolares más. Fuimos estafados y engañados por una empresa que quebró" concluyó Jessica Figueroa.
Cientos de firmas pusieron de manifiesto el gran descontento de los vecinos respecto a la extracción de áridos realizada por la cooperativa Mesa Redonda en toda la zona de ribera desde el puente Wierna hasta el mismo pueblo de La Caldera. La iniciativa surgida en una reunión espontanea de vecinos auto-convocados busca dar visibilidad a un reclamo que cumple ya 5 años y poner de manifiesto la sistemática falta de respuesta por parte del Municipio, del Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría de Minería. Existen actualmente numerosas urbanizaciones que colindan con el rio La Caldera en áreas de extracción de áridos, dándose el absurdo de tener maquinaria pesada trabajando a pocos metros de casas en barrios como el Duranzo y el Nogalar, así como también a lo largo de toda la costa ribereña. Las consecuencias negativas son enormes, una terrible contaminación sonora, la degradación del paisaje y el medio ambiente, además de perjudicar el saludable desarrollo del poblado, la calidad de vida de los habitantes y tirar por tierra la pretendida vocación turística de La Caldera. A esto se suma el riesgo de inundación en temporada de lluvias o crecida del caudal, producto de la degradación de las barreras naturales del cauce del rio.
Eliminaron la defensa de ripio del puente de La Caldera, único acceso (foto)
De los dos lados del mostrador Las áreas de explotación, los volúmenes y las reglas de la extracción de áridos los define la Secretaria de Minería de la Provincia que tiene además la potestad de realizar convenios con los municipios para designarles el control y habilita la posibilidad del cobro de un canon. De esta manera aunque este convenio existe, el reclamo gira en torno al control efectivo que debería realizar el Municipio sobre la Cooperativa Mesa Redonda, como también la demanda de soluciones a esta confrontación de intereses. No es para menos, el origen del problema tiene como actor principal a la Municipalidad de La Caldera que en administraciones anteriores, llevó a cabo o autorizó los loteos que hasta la actualidad no han sido regularizados y que hoy están en el centro de la problemática, siendo directos damnificados. Por otro lado, el actual intendente Daniel Escalera es parte de la misma Cooperativa Mesa Redonda a la que debe controlar. Estos elementos, junto a la reciente ampliación de las áreas autorizadas para la extracción, han llevado a una situación de profunda desconfianza y malestar entre los vecinos, que ven el avance de las maquinas sin respuesta de las autoridades ni otra alternativa que la protesta. A nivel de municipio y comunidad se configura una situación que es claramente un atentado a intereses privados y públicos, sin una posición institucional, un análisis imparcial, ni el necesario seguimiento a un tema con costosas e impredecibles consecuencias legales y económicas para el municipio en general.
Las numerosas firmas obtenidas y el espontaneo interés de los vecinos de La Calderilla y Vaqueros muestran que la problemática no es solo de La Caldera sino de toda la cuenca de los ríos Caldera y Vaqueros y en ambos casos las autoridades no parecen preocupados con solucionarlos. Sino que las faltas sistemáticas de respuestas han evidenciado su posición en contra de estos pueblos.

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