Salta, viernes 22 de febrero de 2019
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Con esas palabras, una nena de 11 años en Tucumán imploró que le practiquen una interrupción legal de embarazo. Fue violada por la pareja de la abuela. El sistema de salud provincial puso en marcha un operativo antiderechos para que no acceda al aborto legal. Se lo dijo a una psicóloga del hospital, donde está internada, y consta en la historia clínica, según revelaron fuentes judiciales a Página 12. La niña, la menor de tres hermanas, nunca buscó esa gestación: la embarazó la pareja de su abuela, que tenía su guarda porque a la mamá se la habían quitado cuando un novio suyo llegó a abusar de sus dos hijas mayores. Pero a pesar de que dijo con claridad, a su modo, que quería abortar, el sistema de salud provincial, con el secretario de Salud Gustavo Vigliocco a la cabeza, puso en marcha un operativo antiderechos –en connivencia con una fiscal que intervino arbitrariamente– para burlarse de su voluntad y dejar que siga adelante la gestación. La estrategia, ya la conocemos, es argumentar luego que está muy avanzado el embarazo, obligarla a parir y vulnerar así, una vez más, sus derechos. Lo mismo que sucedió en Jujuy hace pocas semanas con otra niña forzada a ser madre. Los cuerpos infantiles se han convertido en territorio de guerra para quienes dicen defender “las dos vidas”, sin medir los costos de su cruzada, señaló la periodista Mariana Carbajal en una nota bajo el título “La niña llora”: A la niña le detectaron el embarazo el 23 de enero en un Centro de Atención Primaria de la Salud, de la localidad de Siete de Abril, departamento de Burruyacú, en el extremo noreste del territorio provincial, a un kilómetro y medio de la frontera con Santiago del Estero. El 31 de enero la derivaron al Hospital del Este Eva Perón, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Ingresó por “autolesiones”: la niña tuvo intentos de suicidio, como consecuencia de las vivencias que está atravesando, según confiaron fuentes judiciales. ¿Quién piensa en ella, en sus deseos, en su voluntad de abortar? Está muy angustiada. Llora. Pide que su mamá, que la está acompañando la abrace. Llora, contaron a este diario fuentes que la vieron llorar. En la causa judicial, que investiga el abuso sexual que sufrió la niña, se adjuntó un informe de una médica que trabaja en Tribunales en el cuerpo forense que dice que hay “alto riesgo obstétrico” si continúa el embarazo. Pero el sistema sanitario provincial hace oídos sordos. El fundamentalismo se impone al cumplimiento de la ley: el aborto es legal en casos de violación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer gestante. Las dos causales se configuran. El secretario Vigliocco declaró al programa “Pasaron Cosas” de Radio Con Vos FM 89.9: “Yo estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”. Niega lo expresado por la niña en relación a interrumpir la gestación. Y la convierte lisa y llanamente en un envase, la despersonaliza: la niña no es una niña. Para el funcionario es un objeto, una incubadora. ¿Se puede ser más cruel? El Jardín antiderechos El año pasado más de la mitad de los legisladores de Tucumán firmaron un proyecto que promovía la protección de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer, y que intentaba incorporar una medida inédita en el país: evitar los abortos inclusive en casos de violación. Leer más: Jardín antiderecho: Legisladores tucumanos impulsan ley para prohibir los abortos legales  
  Uno de los imputados, menor de edad no se presentó y fue declarado en rebeldía. La abogada Sarah Esper había declarado que uno de los imputados es sobrino del diputado provincial Ramón Villa y ya se había fugado. La Justicia informó que uno de los tres menores imputados por violación en banda contra una niña en Alta La Sierra no se presentó y se encuentra prófugo. En total son 9 hombres los imputados por abuso. Pero solo se dio a conocer la identidad de 8 de ellos: Jorge Gabriel Salas, Sebastián Matías Salvatierra, Pantaleón Javier Mansilla, Luis Fernando Lamas, Omar Alcides Arias, además de tres jóvenes que al momento de los hechos era menores y que están identificados con las iniciales J.M.S., A.L.S. y E.E.M. El año pasado en declaraciones a la prensa la abogada de uno de ellos, Sarah Esper señaló que uno de los imputados es sobrino del diputado provincial Ramón Villa, uno de los legisladores que dio a conocer la situación en la Cámara de Diputados. “Este joven estuvo prófugo, era el único, pasó como un año en esa situación y supuestamente nadie lo podía agarrar cuando todo el mundo sabía dónde estaba. Así que no vengan a decir que esto no es político”, enfatizó la abogada. Desde la Asesoría de Menores e incapaces se solicitó que la audiencia se realice sin público presente y restricciones respecto a la difusión de imágenes, a lo que adhirió el fiscal, Pablo Cabot. El Tribunal colegiado no hizo lugar a la solicitud, pero si dispuso una serie de pautas para el desarrollo de la audiencia en relación a la protección de la intimidad de la menor, su familia y teniendo en cuenta que tres de los acusados son menores. Los ocho imputados presentes declararon ante el Tribunal en la primera jornada. Estaba previsto que declaren los padres de la menor víctima, pero no pudieron trasladarse hasta la ciudad de Tartagal, por lo que se reprogramó su testimonio para el próximo viernes. A lo largo del primer día de audiencia, se recibió declaración de ocho testigos, entre los que se cuentan cinco efectivos policiales que actuaron en ocasión del hecho y dos profesionales de la Salud que intervinieron oportunamente. Para hoy, entre los testigos citados, se encuentran aquellos que produjeron prueba científica durante la investigación. Para el día viernes, en tanto, se espera recibir el testimonio de integrantes de la comunidad aborigen donde vive la menor, entre ellos sus propios padres.  

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