Salta, domingo 24 de marzo de 2019
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En abril comenzará a funcionar en 13 provincias del país el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género. En Salta sólo una letrada será la encargada de brindar patrocinio gratuito en el ámbito capitalino. La medida, si bien viene a cumplimentar con lo dispuesto por leyes nacionales, es parcial e insuficiente. (Diana Deharbe) La asistencia y el patrocinio letrado gratuito a víctimas de violencia de género fue uno de los objetivos plasmados en la ley 26.485 de Protección Integral de la Violencia contra las mujeres en el año 2009; sin embargo, producto de la presión social generada por el colectivo Ni una Menos, recién en el año 2015 mediante la sanción la ley Nº 27.210 se creó el Cuerpo de Abogadxs cuya misión es garantizar el acceso a la justicia, el goce y el pleno ejercicio de los derechos que protegen a las personas víctima de violencia de género. Tres años después de su sanción, el gobierno procedió a reglamentar la normativa y en mayo de 2018 se inició el proceso de conformación del cuerpo. Para ello, la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, convocó a los Colegios de Abogadxs del país en búsqueda de postulantes. Se inscribieron 1.700 letrados y luego de realizar un curso virtual de formación en perspectiva de género que duró 7 meses, sólo el 30% calificó para integrar el registro.  La elección de las jurisdicciones se realizó teniendo en cuenta las estadísticas de femicidios, abusos, violaciones, maternidad adolescente que hablan sobre situaciones de emergencia en materia de género, en este caso, fueron las provincias del NOA, NEA, Neuquén y La Plata. En nuestra provincia, la profesional seleccionada fue la Dra. Patricia Aguirre de la Fundación “Volviendo a casa”, al respecto, el presidente del Colegio de Abogadxs de la provincia, el Dr. Humberto Pedro Burgos en entrevista con Cuarto Poder menciono que, si bien es positiva la medida es insuficiente:
"Salta tiene un promedio de 9000 denuncias al año y en principio, la asistencia sólo sería en el ámbito de la capital donde se registran 5000 denuncias anuales”.
La Subsecretaría de Acceso a la Justicia aún no ha informado qué requisitos deberán reunir las víctimas para acceder a la representación gratuita, la cantidad de casos que atenderá cada profesional y con qué criterios serán seleccionados; tampoco hay fechas ciertas sobre cuándo entraría en vigencia este servicio, aunque se estima que en el mes de abril. Hasta el momento se sabe que será el Estado quien pague los honorarios del abogadx, liberando a las víctimas de abonar algún costo que genere el proceso judicial.  Actualmente, es nuestra provincia, hay programas que ofrecen asistencia y patrocinio gratuito tales como las Defensoría Oficiales en Violencia Familiar y de Género y algunxs abogadxs del Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogadxs; sin embargo, ambas iniciativas discriminan según nivel de ingresos a sus aspirantes a representación, ya que sólo asisten a personas de bajos recursos. Al respecto, Burgos manifestó que el programa de Nación, “no debería establecer ningún requisito para acceder al patrocinio porque si el Estado en muchas cuestiones no está brindando las garantías necesarias para proteger este bien jurídico, yo pienso que el patrocinio debe ser gratuito para todas las víctimas, no para los delincuentes”.  En diálogo con este semanario, Burgos manifestó que en Salta existe un proyecto provincial destinado a regular el patrocinio gratuito, “el proyecto provincial es más amplio, incluye no sólo a las víctimas de violencia de género sino también a los familiares y es extensivo a otros delitos. El proyecto está destinado a atender las necesidades de justicia de personas con bajos recursos y ya fue aprobado en diputados en el 2017 pero el senado provincial no lo trato aún, estamos a la espera de que se apruebe este año. Es un proyecto que cambiaría la historia”. El Dr. Burgos aclara que el proyecto provincial facilitaría que los abogadxs patrocinantes fueran querellantes particulares en el ámbito penal pero también posibilitaría atender causas del fuero civil: “Infelizmente en la provincia tanto las defensorías como las fiscalías están desbordadas y las necesidades de justicias son amplias y la mayoría de las veces quedan insatisfechas porque las personas no pueden pagar un abogadx particular”.  Por último, destacó que el proyecto provincial es único a nivel país y que es urgente y necesaria la formación en perspectiva de género en todo el ámbito de la justicia, es decir, la plena aplicación de la recientemente sancionada “Ley Micaela”. 
Tenía 15 años, poemas de Pablo Neruda y un libro con ensayos sobre el Che Guevara que bastaron para acusarla de “guerrillera”, la sobreviviente que pudo contar las violaciones reiteradas y las torturas recurrentes sobre los cuerpos femeninos en Salta. A marzo de 2019, solamente el 12% de las sentencias incluye la violencia sexual como delito de lesa humanidad. (Andrea Sztychmasjter) La violencia contra las mujeres en los centros clandestinos de detención tuvo métodos específicos. Aunque desde el año 2000 la Corte Penal Internacional incluye dentro de la definición de “lesa humanidad” a “toda violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable”, en la Argentina esta perspectiva se incorporó recién en 2010. Uno de los casos que sentó precedente fue el juicio contra el represor Horacio Barcos, personal civil de inteligencia (PCI), trabajó para el Ejército y formó parte de la “patota” ligada al gremio de la UOCRA, durante la última dictadura militar en la provincia de Santa Fe. Llegó a juicio acusado por el secuestro y las torturas cometidas contra el profesor Alberto Tur y su esposa Amalia Ricotti entre el 15 y el 31 de mayo de 1978. Fue condenado el 12 de abril de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que integraron los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Daniel Laborde.
“Me violaron. Horacio Américo Barcos y otro”, contestó, contundente, la sobreviviente Amalia Ricotti durante su declaración en el juicio oral y público contra Barcos.
A partir de allí la Unidad Fiscal de Investigación y Seguimiento en las Causas por Derechos Humanos dio herramientas a los fiscales de todo el país para remover los obstáculos procesales y garantizar que todas las víctimas de delitos sexuales que deseen incluirlos específicamente en su acusación, puedan hacerlo, porque son delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles. El 17 de febrero de 2012, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia en la causa seguida contra Gregorio Molina, suboficial de la Fuerza Aérea durante la última dictadura militar, por violaciones a los derechos humanos en el Centro de Detención Clandestino “La Cueva” de la ciudad de Mar del Plata. Allí, el tribunal consideró que los delitos sexuales perpetrados por Molina hacia las víctimas formaban parte de un contexto represivo dentro del cual estas conductas constituían otra de las formas que adquiría el ataque generalizado de represión ilegal orquestado por la última dictadura militar. El precedente que ha sentado la Cámara Federal de Casación Penal en el caso “Molina” es de gran importancia, ya que se aparta –por primera vez en la Argentina– de los criterios jurisprudenciales anteriores en los que los tribunales intervinientes en los procesos relacionados con las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar, consideraban los hechos de violencia sexual como parte de las torturas, y no como crímenes de lesa humanidad en sí mismos. Las cifras de la tortura A 43 años del 24 de marzo de 1976, hay 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que dio a conocer cifras del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia vinculadas al juzgamiento de los delitos sexuales cometidos en la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Las agresiones sexuales cometidas en centros clandestinos consistieron en violaciones, abusos, abortos y partos forzados, desnudez, tocamiento. La Procuraduría señaló que a marzo de 2019, solamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos (26 de 219). En esos fallos, se reunieron los casos de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres. En Salta la causa Metán Durante 2014 hubo tres sentencias de Tribunales Orales Federales en las cuales se condenó a autores mediatos y directos por delitos contra la libertad sexual: en la causa “Musa Azar”, en Santiago del Estero; y en las causas "Fronda" y “Metán”, ambas en nuestra provincia. En Salta el caso conocido en los medios como el de “la guerrillerita” marcó un precedente importante considerado uno de los pocos en la que la sobreviviente pudo contar los tormentos a los que fue sometida. El exjefe del Ejército salteño y cinco expolicías fueron condenados por tres asesinatos y la desaparición de siete personas. Entre los delitos de lesa humanidad por el que se los imputó, estuvo el de la entonces adolescente que fue violada cuando tenía 15 años y luego fue vendida a un empresario de la zona. Los condenados fueron el exjefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el exjefe de la Policía, Raúl Gentil y otros cuatro policías salteños –el comisario retirado Rafael Rolando Perelló y los exagentes Andrés del Valle Soraire, Marcos Honorio Medina y Eduardo del Carmen del Valle.
Según el testimonio de la mujer, cuando fue detenida la policía encontró entre sus pertenencias poemas de Pablo Neruda y un libro con ensayos sobre el Che Guevara. La joven en aquel entonces cursaba la secundaria en Buenos Aires y por vacaciones había viajado a Salta a ver a su madre. En Metán la llevaron a la comisaría y fue torturada, vejada y violada en reiteradas oportunidades. Producto de esas violaciones quedó embarazada. Eso no impidió que la siguieran abusando.
En su declaración en el juicio, la mujer contó que la llevaron a parir a un hospital en la localidad de Rosario de la Frontera el 25 de noviembre de 1977. La Fiscalía en su alegato dijo que la víctima recuperó su libertad “cuando fue vendida y entregada a una persona de nombre Fermín Chaile”, empresario de la zona, de 70 años, que siguió sometiéndola hasta que murió en los primeros años de la década del 80.  En otra de las causas en las que se consideró la violencia sexual como delito de lesa humanidad en Salta el juez federal Julio Leonardo Bavio procesó con prisión preventiva (con domiciliaria) a los exjefes policiales Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil, como autores mediatos del delito de abuso deshonesto cometido en perjuicio de una mujer en abril de 1976. La mujer denunció que personal armado perteneciente a la Policía de la Provincia de Salta -bajo el mando del Comisario “Puertas”-, ingresó violentamente a su domicilio abusaron de ella sexualmente en su propio dormitorio mientras otros revisaban todos los cajones y se llevaron detenido a su marido. La Defensa Oficial de Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil al interponer el recurso de apelación solicitó la nulidad de la resolución recurrida por falta de motivación, sostuvo que el hecho resulta ajeno a la competencia de ese fuero de excepción, “por no tratarse de un delito de los llamados de lesa humanidad, sino un ilícito común que recae en una justicia ordinaria por lo que solicita se declare la incompetencia”.  En un fallo del año pasado la Cámara Federal de Salta por voto mayoritario hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil y, revocó el auto de procesamiento dictado el 12 de mayo de 2017 en orden al delito de abuso deshonesto y dispuso falta de mérito. En su votación los abogados Alejandro Augusto Castellanos y Guillermo Elías señalaron que los abusos sexuales para ser considerados delitos de lesa humanidad debieron realizarse en centros clandestinos de detención y no en domicilios particulares, tal es el caso. Además justificaron sus votos al señalar que los entonces Jefe de Policía y Director de Seguridad de la Policía de la Provincia de Salta no participaron directamente del hecho, siendo que fue probado que los nombrados eran las máximas autoridades sobre el personal que realizó materialmente los ilícitos de los que fue víctima la mujer y por el cargo que ejercían y la posición de poder alcanzada no podían ignorar los operativos que sus dependientes y subordinados de la fuerza policial efectuaban. La tortura hacia las mujeres sigue siendo invisibilizada hasta nuestros días en plena democracia. Por eso Verdad, Memoria y Justicia.

Tampoco lo quieren

La Multisectorial de mujeres de Salta impugnará la asunción de Alfredo Olmedo como diputado nacional luego de las denuncias de su pareja por violencia de género.

Tratando la trata

Mañana realizarán un “Encuentro de Trabajo en conjunto en la Asistencia de Victimas de Trata”. Estará presente Viviana Caminos, presidenta del Programa de Rescate a las Víctimas de la Trata del Ministerio de Justicia de Buenos Aires y coordinadora de la RATT.

Violación de la intimidad

Con un video, el Consejo Nacional de las Mujeres, lanzó una campaña que hace hincapié en que compartir un video o imágenes de una mujer sin su consentimiento también califica como violencia de género.

Se siguen movilizando

Estudiantes de la facultad de humanidades se movilizan a Ciudad Judicial para exigir que se investigue la muerte de Yolanda Mamaní, como femicidio. La movilización fue votada ayer en una asamblea y confluirá con la de la Comisión de Familiares Contra la Impunidad al cumplirse un año de la muerte de los Brigadistas.

Lo personal es político

Desde la agrupación feminista MuMaLá Salta, emitieron un comunicado sobre el “escándalo” que involucra al electo diputado Alfredo Olmedo. “Hace a la madurez de nuestra democracia no avalar la doble moral de nuestros representantes. Si se confirman los hechos, Olmedo no debería asumir”, aseguran.

Machito salteño, te estamos mirando

Desde la organización Acción Respeto Salta difunden información para que las mujeres sepan cómo reaccionar ante los roces en el transporte público.

Ellas, ¿Dónde están?

Sin mujeres encabezando listas a la diputación nacional, la no presencia femenina fue una vez más la figurita repetida en estas elecciones. ¿Qué pasa con la participación política de las salteñas? ¿Por qué no hay protagonistas locales en escena? (Andrea Sz)

Parir sin violencia

Lanzan una colección de relatos para visibilizar la violencia obstétrica. Un tipo de violencia de género que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Si sufriste maltrato en tu parto, podés contar tu experiencia.

 Pará la mano

Es el nombre de una campaña contra el acoso en el transporte público. Los manoseos, los roces, los toqueteos, las apoyadas, las exhibiciones obscenas, las masturbaciones frente o encima de los cuerpos femeninos no son experiencias aisladas. En la línea 144 se pueden denunciar estas agresiones.

Varios salteños deberían aprender

Inauguran la Escuela Popular de Formación en Género destinada a funcionarios, agentes de la administración pública, asesores y militantes sociales y políticos. La iniciativa es impulsada por el Consejo Nacional de las Mujeres, con patrocinio de la Mesa Nacional por la Igualdad y la Defensoría LGBT.

Animarse a denunciar

La mayoría de las mujeres víctimas de la violencia sigue sin denunciar o buscar ayuda, según un informe sobre la situación de la mujer en el mundo presentado por Naciones Unidas.

Copan la parada

Después de la histórica conquista de las salteñas para acceder a manejar colectivos, Jujuy se suma como otra de las provincias que incorporará mujeres en el transporte público, gracias a gestiones de la diputada provincial Milagro Sala.