Donald y Fernando

El empresario y ahora nuevo Embajador en los Estados Unidos, formaba parte del directorio de Expofrut y a través de la empresa tercerizada Agrocosecha había contratado a Daniel Solano, el trabajador golondrina salteño desaparecido en 2011. (Andrea Sztychmasjter)

Aunque en noviembre del año pasado a través de su cuenta de twitter el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunciaba que el presidente, Mauricio Macri, había designado a Fernando Oris de Roa como Embajador en los Estados Unidos, recién hace dos semanas, la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación ─presidida por el representante salteño Rodolfo Julio Urtubey─ trató su designación. Posteriormente, el miércoles pasado, los senadores finalmente dieron sus votos. La senadora rionegrina Magdalena Odarda ─quien se despegó de la Coalición Cívica ARI para afiliarse al Frente Amplio UNEN─  fue la única que se opuso a la designación de Oris de Roa.

Entre una de las razones para rechazar esta nominación, señaló la abogada Odarda, se encuentra que el ahora embajador fue el Director de la empresa Expofrut, detrás de la cual se denuncia el esquema de explotación y trata de personas que derivara en la desaparición de Daniel Solano. La legisladora describió así que Daniel Solano “desapareció sospechosamente apenas un mes después de que Oris de Roa fuera designado como Director de la firma Expofrut, en noviembre de 2011. La causa principal dio lugar a veinticinco causas conexas, entre asociación ilícita y trata de personas con fines laborales, y Oris de Roa se habría sostenido en dicho cargo hasta 2017, si bien los hechos se encuentran aún hoy siendo investigados”.

Oris de Roa asumió en reemplazo de Martín Lousteau. Según su perfil de Linkedin, se desempeña como director de  PDA (Pequeña Destilería Argentina), en Río Negro, dedicada a la destilación de peras Williams para el mercado Alemán. Además, también figura como director de Orocobre (una compañía dedicada a la extracción de litio en el salar de Olaróz, Jujuy) y Expofrut S.A., encargada de la producción y exportación de peras y manzanas. De marzo de 2016 a noviembre del mismo año, el empresario estuvo vinculado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó como Subsecretario de Inversiones. Sobre sus estudios, Oris señala que realizó un máster en políticas públicas de un año en la Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard.

La senadora de Río Negro, al justificar su voto en contra de la designación del embajador, recordó la denuncia a la referida empresa Expofrut S.A. en octubre de 2016 ante el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en ocasión de que la misma disponía el cierre de las plantas de empaque y frigorífico en las ciudades de Allen y General Roca, dejando así en la calle alrededor de 260 trabajadores, mientras el embajador hoy designado ante los Estados Unidos era su Director. A ello se le sumarían otros 230 trabajadores en la planta que la misma empresa tenía en la ciudad de Lamarque, la mayoría mujeres con antigüedad laboral, que habían sido despedidas meses antes sin justificación alguna por parte de la empresa.

Con 55 votos a favor y sólo 1 en contra, el Senado finalmente aprobó el pliego del hombre elegido por el presidente Mauricio Macri el año pasado para representar a la Argentina en Washington. Si bien el trámite obligatorio de contar con el acuerdo del Senado para designar a un embajador se cumplió el miércoles, Oris de Roa ya le había entregado, en enero pasado, sus credenciales al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Dónde estás, changuito?

Daniel Solano, oriundo de Tartagal y miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta fue contratado por Agrocosecha S.R.L, empresa tercerizada a cuenta de Expofrut Argentina, que es el sello criollo de la multinacional de origen belga Univeg de Heinz Deprez. La misma desembarcó en el 2008 en Río Negro y se fusionó con Expofrut. Ambas empresas mantenían estrecha relación con la Policía rionegrina y con la Brigada Operativa de Rescate y Antitumulto (BORA) que funcionaba como seguridad privada de las firmas.

Cuentan que Daniel Solano era un chico tranquilo y amigable, único hijo varón de cinco hermanos. Con el secundario completo decidió viajar al sur a trabajar por temporada, como ya lo había hecho en tres ocasiones anteriores. Sabia manejar la tarja y conocía cuánto debían pagarle por su trabajo.

En octubre de 2011, Daniel llegó al sector rural de Choele Choel en Rio Negro a trabajar, a través de la empresa de colectivos llamada “El Tucumanito”. El viernes 4 de noviembre esperó su pago por el trabajo realizado de ese mes. Le pagaron mucho menos y decidió junto a compañeros pedir que les pagaran la diferencia que les estaban debiendo y organizar un paro a la empresa contratista. Pablo Solano, tío de Daniel, contó que las patronales quisieron marcarlo como “puntero”, puesto que era uno de los que sabía leer y escribir; además era también uno de los pocos que podía defenderse. De esta manera recibiría más plata, pero sólo para él y evitarían que se realiara cualquier medida en contra. Daniel no aceptó.

La tarde del viernes, día del pago, Daniel compró un celular y llamó a su padre, Gualberto Solano ─fallecido este año, incansable buscador de justicia por su hijo─, a quien comentó la situación. Reunido con unos amigos en un bar, conversaron sobre el descontento por lo que habían cobrado. El sábado 5 de noviembre, a la 1.30, Daniel mandó el último mensaje de texto y luego se retiró con unos amigos al boliche “Macuba Megadisco”.

En el boliche, Daniel se encontraba con aproximadamente 20 norteños. En el expediente de la causa se indica que Daniel, fue “marcado” por el DJ del local nocturno y sacado del mismo por adicionales. En la puerta del boliche apareció un móvil de la Comisaría Octava con agentes. El abogado, Sergio Heredia, manifestó que luego de un arduo trabajo investigativo de reconstrucción, desentrañaron que a Solano lo retiraron del local sin ningún motivo. El “lío” fue planificado en ese momento, con la ayuda de un señor de apellido Fariñas, quien empujó al joven dentro del boliche. Esa fue la seña para avisarle al animador que era momento de sacarlo.

Daniel Solano, oriundo de Tartagal y miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta fue
contratado por Agrocosecha S.R.L, empresa tercerizada a cuenta de Expofrut Argentina, que es
el sello criollo de la multinacional de origen belga Univeg de Heinz Deprez.

Los adicionales, Echegaray y Muñoz, no estaban al tanto, por este motivo, decidieron sacar a los dos; el DJ se metió y señaló que sólo debían sacar a Daniel. A la salida, tres policías empezaron a golpearlo. Una de las testigos dijo que “no le peguen más”. Sin embargo a Daniel lo llevaron a la vuelta, donde lo esperaban en una camioneta tres policías más que lo golpearon salvajemente. Daniel decidió enfrentarlos, se sacó las zapatillas y se las puso de guantes. No obstante, lo subieron ensangrentado al vehículo y es allí donde se escucharon sus últimas palabras. Desde allí se dirigieron hacia la Isla 92, y no se supo nada más de él. Minutos después lo alcanzaría un Fiat Duna color rojo, perteneciente al policía Sandro Berthe.

La madrugada en que desapareció Daniel era la del día que le habían pagado por su trabajo en la cosecha. Sin embargo, no cobró lo pactado y por esa razón el lunes el joven salteño iba a iniciar una medida para reclamar lo que le adeudaban y denunciar la situación extrema de precariedad en la que los trabajadores se encontraban. Para los abogados y la familia fue ese el móvil de su desaparición.

Los policías Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender, Héctor César Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello, son quienes se encuentran en el banquillo de acusados, aunque esperan en libertad la sentencia del juicio por la desaparición de Solano.

El luchador, Gualberto

El pedido de justicia comenzó por la familia Solano desde el primer momento que supieron de la desaparición de Daniel. A los seis meses de ello, y frente a los pocos avances, Gualberto Solano, padre del joven, decidió encadenarse a las puertas del edificio donde funcionan la Fiscalía y el Juzgado Penal de Choele Choel. Indicaban que estaban presentadas todas las pruebas necesarias para que se produjeran detenciones. Por otro lado, las mujeres de los policías procesados por el caso, realizaron un acampe. Aseguraban que sus maridos habían sido detenidos injustamente.

La sentencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio de Daniel Solano será leída el próximo 1 de agosto. En el final del juicio oral y público los siete policías sindicados hicieron uso de las palabras finales y se declararon inocentes. Detrás de la desaparición del joven Daniel Solano en el sur del país existe un entramado social y político que contempla la precariedad laboral de los “trabajadores golondrinas” y la complicidad del abuso de poder policial, judicial y empresarial.

“Me sentí como si fuera Gualberto, quien es una víctima más y a quien prometí que buscaría justicia por su hijo”, relató el abogado Sergio Heredia, quien pidió perpetua para los uniformados.