Los presos pueden acceder a casas del IPV. Sus ingresos dentro de la cárcel pueden utilizarse para cubrir los requisitos familiares. En diez meses, la gestión U incrementó la población detenida en un 25%. 

Por lo menos los presos federales pueden acceder a casas del Instituto Provincial de la Vivienda.  Así lo confirmó “el inteventor” del organismo, Matías Posadas. Si bien horas después trató de suavizar sus declaraciones, lo concreto es que el ingreso económico de una persona privada de libertad puede utilizarse para cubrir los requisitos del IVP y de esta forma le permite acceder a una vivienda.

Según explicó Posadas claramente que se debe al ingreso económico que puedan tener como grupo familiar, y por ende los presos federales podrán acceder a las casas que otorga el organismo, si es que cumplen con todos los otros requisitos.

En un castellano bastante comprensible, Matías Posadas, recordó que uno de los requisitos es registrar el ingreso de 4.500 pesos como grupo familiar, “es decir entre marido y mujer, sin importar la situación procesal de los involucrados”.

El preso con su ingreso económico dentro de la cárcel, logra que la casa se la puedan adjudicar a la esposa.  Esto cuanto menos está en vigencia para los presos federales en Salta.  Un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió que los derechos laborales de los presos son iguales a los de las personas en libertad.

Horas más tarde, el discurso se modificó y “el interventor” trató de enmascarar un derecho que excede sus poderes.  Ante los micrófonos sin preguntas aclaró que “el ingreso económico de una familia no es el condicionante para acceder a la preadjudicación y adjudicación de una vivienda”.

La aclaración no quita que la realidad: el ingreso carcelario puede utilizarse para cubrir el requisito económico del grupo familiar ante el IPV.

Tal como bien lo explicó el funcionario, para el Instituto, el salario de los presos federales tiene el mismo valor que el sueldo de un enfermero, y eso no puede evitarlo.

Por resolución judicial el salario de un preso federal es tan legal, como la dieta de un concejal.

Las cifras oficiales afirman que la mitad de los trabajadores salteños está “en negro”, lo que no les permite acceder a estos mismos beneficios ante el IPV.

Por el momento no ingresó en debate qué situación atañe a los presos provinciales, cuyo número triplica a la población carcelaria con penas federales.

Sólo bajo cuidado del Servicio Penitenciario de Salta se registran 1000 presos que trabajan legalmente. No tardará muchos para que esos salarios también ingresen en la normativa.

Sin dudas un derecho, un paso adelante, pero también una injusticia social, por ejemplo ante los trabajadores de ordenanza de nuestras escuelas primarias.

Hombres y mujeres que aún no ingresaron a la planta del Estado, o que son nombrados a cuentagotas.

Hombres y mujeres, que en muchos casos, barren el patio de colegio pensando en cómo pagar un alquiler.