La nueva ley de promoción para la generación de empleo apunta en un único sentido que nada tiene que ver con garantizar mejoras en la calidad de vida de las mayorías; al contrario, busca favorecer las condiciones de explotación de los recursos naturales que hace el empresariado rapaz, tanto extranjero como nacional y local. (Alfio Bustos)
Qué porquería el premio Nobel. El francés Thomas Piketty publicó, hace cosa de un lustro, El capital en el siglo XXI, un mamotreto de setecientas páginas que, como libro, tuvo la ¿virtud? de complementarse hipertextualmente con una plataforma web, anexo técnico del impreso. Las ambiciones políticas de Piketty no son gran cosa, como podría anticiparse, es un joven investigador varón y blanco, de primer mundo, con solventes ingresos y suficiente tiempo y recursos para sus pesquisas. Un modelo de ganador del galardón de Economía. Su planteo no deja de irradiar un dejo de brillantez, aun entre el privilegiado grupo al que pertenece Piketty, es virtud sólo de un grupúsculo conquistar reconocimiento de la academia sueca. El escrito es prolijo incluso para quienes carecen de conocimientos mínimos en el campo teórico, seríamos injustos en considerar al texto como mera ciencia económica-histórica, bien puede ser visto como literatura. Desde su posición de galo nativo, afirma que una posible solución de la desigualdad del capitalismo, tomando en cuenta las tasas que él proyecta de aquí a un siglo (demográfica, del capital, de ingresos y de renta nacional), es implementar un impuesto global al capital y las finanzas. De acuerdo a sus estimaciones, bastaría con poner en marcha un impuesto a los patrimonios del decil superior (10% de las y los que más tienen), acentuando el gravamen en el percentil mayor (1% más rico), para subvertir el crecimiento permanente de la desigualdad en el sistema económico que ya C. Marx supo denunciar como deshumanizante. El meandro sobre Piketty poco importa, es vago en términos académicos, lo usemos sólo para retener un concepto: para combatir la desigualdad se debe tomar una posición fiscal progresiva sobre el capital, cobrando a los que poseen los mayores patrimonios y protagonizan las especulaciones financieras.
Pasemos a la novedad salteña, la Provincia acaba de formalizar la reglamentación de la “Ley de Promoción y Estabilidad Fiscal para la Generación de Empleo”, tal el nombre con que fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura. Esta semana, el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, manejó la batuta del anuncio haciendo parecer verdaderamente socialista al nada proclive a la igualdad Carlos Teófilo Parodi, anterior timonel de la economía provincial. Yarade cuenta con formación específica en el área y además es un empírico, estuvo vinculado a la empresa Aval Federal, una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) con la que el estado provincial mantuvo una cercanía sórdida (el Gobierno pagaba a proveedores con cheques diferidos que sugería ir a liquidarlos antes en la financiera Aval Federal). No es el único que tiene trayectoria en el mundo de los negocios y las finanzas dentro del Gabinete; Paula Bibini, que se integró al Gobierno al mismo tiempo que Yarade como ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, dirigió otra SGR, Garantizar.
La ley que presentó Yarade cuando todavía no sabíamos si Argentina pasaría o no a cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol se tradujo en cifras concretas. El jefe de Gabinete apuntó que la Provincia renunciará a unos 60 millones para otorgar beneficios fiscales a los empresarios, sean del tamaño y la procedencia que sean, que prometan inversiones en Salta. Con la aritmética jamás comprobada de les grandes empresaries, el ex ministro de Hacienda de Juan Carlos Romero consideró que el nuevo régimen traerá fuentes laborales genuinas, es decir, que beneficiará a gran parte de la población. Sin embargo, desde el Gobierno no se ofrecieron estimaciones claras sobre la cantidad de trabajadores que se espera incorporar al trabajo formal, tampoco se hizo hincapié en si se aumentarán las regalías y cánones o cómo se velará por el medio ambiente. Una cáscara vacía, como el América Works de Frank Underwood, la normativa contradice cualquier lógica de quien haga un mínimo esfuerzo intelectual, incluso ganadores del Nobel de Economía, como Piketty. El régimen fiscal salteño adopta el camino inverso para disminuir la desigualdad y favorecer a las mayorías, al contrario, agracia grotescamente a los sectores con mayor patrimonio, a los inversores.
Letra chica
La ley 8086 fue convertida en tal por el Senado hace poco menos de dos meses, luego de que los Diputados le dieran tratamiento raudo al proyecto que había enviado el Ejecutivo. Aunque en su nombre pretenda incluir a los trabajadores, haciendo pasar la nueva legislación como un modo de buscar prioritariamente generar mayores fuentes laborales, el texto deja señuelos notorios sobre las intenciones genuinas que, como se ha dicho, se sintetizan en ofrecer ingentes favores tributarios a los sectores acaudalados. En particular, muchos pasajes de la ley habilitan a pensar en que el régimen fiscal para inversores está hecho a medida de las ambiciones de los inversores extranjeros que vienen a la carga por el litio.
Según la norma, los beneficios a los que podrán acogerse las firmas que pongan capitales en Salta van desde “exención de algunos tributos provinciales existentes o que se creasen” hasta “apoyar gestiones para la obtención de créditos de entidades bancarias y financieras, públicas o privadas” y “brindar asistencia técnica”, hasta otorgar locaciones en comodato para emplazar los emprendimientos y otorgar créditos fiscales para los impuestos a las “Actividades Económicas, de Sellos e Inmobiliario Rural o los que en el futuro los reemplacen”.
El régimen fiscal salteño adopta el camino inverso para disminuir la desigualdad y favorecer a las mayorías, al contrario, agracia grotescamente a los sectores con mayor patrimonio, a los inversores.
El artículo octavo arrima esos indicios sobre a quiénes en particular se busca agraciar. Establece que para “determinar el plazo de las exenciones”, el Gobierno tendrá en cuenta “el monto de las inversiones, la cantidad de nuevos puestos de trabajo que se generen y el impacto de la actividad en la economía provincial”. Esos criterios, que serán interpretados unilateralmente por los funcionarios provinciales del área económica, resultan en plazos de promoción fiscal de hasta doce años. Los montos que se otorguen en un primer momento y que luego deban ser devueltos por las empresas serán cobrados luego de cinco años y con una tasa de interés anual que ronda el 5%. Sólo por considerar una referencia reciente, esa tasa es bastante menor al más de 9% que negoció la Provincia para tomar deuda en la banca británica (300 millones de dólares), un par de años atrás.
Más abajo en el mismo acápite se lee: “La política de gobierno vinculada con el impulso de zonas o actividades consideradas prioritarias para el desarrollo provincial relacionada con los planes estratégicos, de desarrollo y/o productivos vigentes”. En esa afirmación descansa la confesión sobre los sinceros intereses que movilizaron a Yarade y equipo para impulsar este nuevo sistema fiscal, ya que el Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030 (PDES) es, tal como ha venido demostrando Cuarto Poder, el programa de Gobierno de Juan Urtubey y su Gabinete. Ese plan —elaborado entre otros por la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio e Industria y la Unión Industrial— sugiere en sus conclusiones que “para comprender cabalmente las posibilidades de crecimiento, debemos puntualizar alguna información y relacionarla con un ‘futuro venturoso’ (…) El potencial agrícola es de alrededor de 2.300.000 ha, pero sólo están bajo cultivo 979.154. En este sector se puede duplicar con largueza la producción actual”. Luego sentencia que “en el ámbito minero se han detallado algunos proyectos en curso que modificarán fundamentalmente el panorama de producción de la riqueza”.
Por si lo expuesto hasta aquí no fuese suficientemente claro, el artículo onceavo de la novel ley hace patente la intención que subyace lo que se promociona como una manera de generar trabajo. “Tratándose de inversiones en zonas, actividades y/o servicios previamente declarados prioritarios por el Poder Ejecutivo con carácter general y/o en concordancia con los planes estratégicos, de desarrollo y/o productivos vigentes, el plazo previsto (para recibir beneficios fiscales) podrá ser ampliado hasta cuatro años más, no pudiendo exceder los doce años”
Fiebre fiscal
No solamente la ley de esta semana y el Pacto Fiscal sellado con Nación a fines del año pasado son los cambios que la Provincia viene introduciendo desde que Yarade asumió la Jefatura de Gabinete. Esta semana se convirtió en ley la adhesión de Salta al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas, condición que puso la Casa Rosada, de modo extorsivo, para girar con normalidad los fondos que provienen de la venta de soja.
Muchos pasajes de la ley habilitan a pensar en que el régimen fiscal para inversores está hecho a medida de las ambiciones de los inversores extranjeros que vienen a la carga por el litio.
Además, esta semana los Diputados provinciales le dieron media sanción a otro proyecto del Ejecutivo para que incorporen las compras por internet en el impuesto a las Actividades Económicas (5%), que las empresas vendedoras trasladarán automáticamente a los compradores. Otra muestra de regresividad: en vez de buscar generar más ingresos tributarios a través de, por ejemplo, impuestos a la herencia, la propiedad ociosa o las transacciones financieras, se agrava los costos para los consumidores finales. Hace poco también se aprobaron otros cambios al Código Fiscal de Salta orientados a dar total autonomía al Ejecutivo en las negociaciones con aquellos emprendedores rurales que utilicen tierras públicas, como el caso de Salta Forestal.
En los últimos días se conoció, además, un contrato entre la Provincia y el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal de la Nación, entidad central en la promoción el régimen al que acaba de adscribir el gobierno local. El contrato inició en septiembre de 2017, pese a que se publicó en horas recientes, empezó con un valor levemente mayor a 10 mil pesos mensuales, y tiene una duración tres años. La locación es en las instalaciones de la Casa de Salta en Capital Federal. Se trata de “una oficina individual con un espacio de 83,30 m2, ubicada en el séptimo piso del inmueble sito en calle Avda. Roque Sáenz Peña Nº 9330, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser destinada al funcionamiento de su sede, por un plazo de duración de tres años desde el primero el primero de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2020”.
