Tras destaparse la olla de las irregularidades en las personas que “aportaron” a la campaña, ahora se confirma que de 205 casos investigados, 153 aparecen como beneficiarios de programas sociales.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le informó al fiscal electoral Jorge Di Lello que los presuntos aportantes falsos de Cambiemos por los que el fiscal había preguntado son o fueron, tal como se creía, beneficiarios de planes sociales.

Di Lello pidió este informe como parte de una investigación preliminar que abrió para averiguar si en las últimas elecciones Cambiemos declaró aportantes que en realidad no eran tales. A Desarrollo Social le preguntó si cobran o cobraron planes sociales los supuestos autores de 205 donaciones dudosas.

Según fuentes de la investigación, la respuesta fue que de las 199 personas que aparecían como autores de esos aportes Desarrollo Social pudo identificar en sus registros a 153, porque había 18 nombres repetidos, 27 casos «ilegibles» y uno no registrado. De los 153, hay 125 (81,7 por ciento) que tienen actualmente planes activos, 17 con planes dados de baja (11,1 por ciento) y 11 (7,2 por ciento) con planes suspendidos. Todos ellos son o fueron beneficiarios de los Argentina Trabaja, Ellas Hacen o Hacemos Futuro. Casi todos desde 2009, 2010 o 2013.

Di Lello inició su investigación hace poco más de un mes basado en una nota del periodista Juan Ignacio Amorín en El Destape. Según esa publicación, Cambiemos usó a beneficiarios de planes sociales para blanquear dinero en la campaña de legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires de 2017. La primera nota daba cuenta de 205 casos. Sobre ellos, pidió los informes Di Lello.

Según publicó ayer el diario La Nación, nada impide que quien cobra un plan haga un aporte, y cuando se conoció el caso en Cambiemos alegaron que no está previsto que se cruce, como control, la lista de donantes con la de beneficiarios. Pero lo denunciado es que, teniendo las listas, se utilizaron los nombres.

Di Lello también solicitó a la Gendarmería un estudio de campo para constatar las condiciones de vida de un grupo al azar de los aportantes sospechados. De lo informado hasta ahora surge que se trata, en general, de gente de bajos recursos.

Fuente: La Capital