Hace una semana Greenpeace emitió un comunicado donde vuelve a llamar la atención sobre los desmontes que se llevan a cabo en el norte de la provincia. La denuncia de la organización internacional posa su mira una vez más sobre Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín.
Milcíades
El primo del actual Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña, Alejandro Braun Peña, junto a un empresario oriundo de San Luis y otro de Uruguay, continúan desmontando bosques nativos en el norte de la provincia a pesar que el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación emitió una resolución (56/2018) que ordena detener el trabajo de las topadoras. Pero, desde el Ministerio de Trabajo, Producción y Desarrollo Sustentable, a cargo de Paula Bibini, respondieron con un decreto que, si se presta atención a sus fundamentos, anticipa abiertamente la continuidad de los desmontes.
En enero de este año fueron declarados ilegales desde Nación unos 32 permisos que el Gobierno de Salta había otorgado para que se practicara deforestación en diversas áreas protegidas por la Ley de Bosques. Las facilidades otorgadas por el Ordenamiento Territorial de Bosques —decreto nº 2.211/10—, abren la posibilidad a modificar el carácter que revisten miles de hectáreas de bosques nativos para que de un plumazo sea legal su deforestación “para el cambio de uso del suelo”.
Mientras tanto, las áreas que permanecen a resguardo se consideran “conservación de bosques nativos” y aquellas otras que pueden ser suscriptas, si se quiere, en una dimensión intermedia, se denominan “manejo sostenible de los bosques nativos”, en otras palabras: bosques que se pueden deforestar a condición de que luego sean reforestados. La expansión de la frontera agropecuaria, es claro, no tiene estos objetivos.
Al mismo tiempo, se instó al Gobierno de Juan Manuel Urtubey a “reforestar los desmontes ya realizados”. En el Boletín Oficial de la Nación de fecha 24 de enero, puede leerse en los considerandos de la resolución 56/2018 que “las irregularidades detectadas en los procedimientos locales, tanto los de evaluación de impacto ambiental como los que caracterizaron los pedidos de desmontes, revisten carácter de suficiente gravedad para instar a la Autoridad Local de Aplicación a suspender los efectos de las autorizaciones, así como a la restauración de los ambientes implicados”.
En el comunicado de Greenpeace, Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización, declara que “la impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del Gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”.
No es para menos el planteo de los ambientalistas. Según las investigaciones que llevaron adelante han podido registrar mediante sobrevuelos e imágenes satelitales que las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Unas 1300 hectáreas de bosques nativos que desaparecen para dar lugar a emprendimientos agropecuarios, probablemente de tipo ganadero.
Giardini también apunta contra el gobernador Urtubey: “No puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el Gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”.
Avala
En el extenso decreto 19 de la cartera provincial dirigida por Paula Bibini y publicado en el Boletín Oficial de Salta el primero de febrero, además de la obvia referencia a la prescripción emitida desde Nación, los letrados oficiales realizan una ordenada refutación de los planteos desarrollados por sus pares al mando de Sergio Alejandro Bergman. Los empresarios deforestadores no necesitan siquiera gastar en honorarios, tienen sus propios leguleyos financiados por el Estado provincial.
En el decreto 19 se argumenta un problema jurisdiccional al cuestionar la injerencia de un órgano nacional en asuntos ambientales de la Provincia. Apoyándose en la descentralización estatal establecida por la reforma constitucional de 1994, desde Grand Bourg aclaran que “(…) el Congreso de la Nación puede y debe dictar la normativa ambiental mínima para todo el país, aunque su aplicación —administrativa o jurisdiccional— corresponda a los gobiernos locales (…)”. Sobre la base de este planteo alertan que la Resolución 56/18 “emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, vulnera la seguridad jurídica” y por lo tanto la autonomía de la Provincia en todo lo relativo al cuidado, administración, explotación, etc., de sus recursos naturales.
Pero esto no es suficiente. Más abajo los juristas refrescan la memoria del desprevenido: “(…) cabe recordar que la provincia de Salta resultó pionera en el país al legislar sobre principios de política ambiental en miras a la protección de sus recursos naturales, habiendo sancionado la Ley 7070 de Protección del Medio Ambiente y su Decreto Reglamentario 3097 en el año 2000”. Inmediatamente se enumera también la Ley 7543 que estableció las normas de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia en consonancia con el artículo 6 de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Como se puede ver, el decreto 19 no es más que una elocuente defensa cargada de tecnicismos y citas jurídicas de los permisos otorgados por la provincia para que los empresarios citados realicen los desmontes. Incluso, antes de pasar al apartado resolutivo, uno de los últimos considerandos establece que “(…) en el mismo sentido, y a fin de garantizar los derechos de los particulares beneficiarios de los permisos, correspondería disponer provisoriamente la suspensión de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo cuestionadas (…) que todo ello y sin perjuicio de las acciones que la provincia considere oportuno adoptar a los fines de preservar la autonomía provincial y resguardar los poderes no delegados al Gobierno nacional (…)”.
Los permisos otorgados por la Provincia para Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín, más que prohibidos fueron validados por el decreto del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a cargo de Paula Bibini. Nada indica que vayan a ser prohibidos. De ahí que la investigación realizada por Greenpeace se encuentre en un atolladero jurídico donde aparentemente la ilegalidad de los desmontes se encuentra, de mínima, difusa o ha sido cuestionada.
Repasar algunos números ya publicados en este semanario puede darle una idea al lector de los presupuestos que establecen el carácter de lo legal o lo ilegal en materia medio ambiental en Salta. Por ejemplo, “entre 2004 y 2015 se realizaron 306 audiencias públicas para aprobar deforestaciones, que entre lo legal y lo ilegal ascienden a 1,2 millones de hectáreas de bosques nativos”. El 99% de estas audiencias públicas fueron realizadas para emprender desmontes con fines productivos (ganadería mayormente), tan solo un 1% fue destinado a reforestación.
En el 2008 no hubo audiencias y no obstante se desmontaron 115.850 has., en 2009 hubo una sola audiencia y se deforestaron 55.345 has. En el 2010 se realizaron 12 audiencias y 48.167 has. se deforestaron, en 2011 se llevaron a cabo 29 consultas y 78.843 has. de bosques fueron tumbadas. El 2012 acabó con 9 audiencias y 91.129 has. menos de flora chaqueña. El ritmo menguó en 2015, cuando se deforestaron 32.131 hectáreas. Como se puede observar para el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, como también para el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, la preocupación por conservar los bosques nativos de la depredación no va más allá de meras declaraciones. Papel mojado y fuego de fogueo cruzado.
