Las provincias se plantan en contra del reclamo de Vidal por el Fondo del Conurbano. Argumentarán ante la Corte que si resignan recursos en favor del distrito bonaerense, no podrán cumplir con la meta acordada para lograr el superávit fiscal y reducir impuestos.

La mayoría de los gobernadores, incluidos muchos del oficialismo -con distinto grado de exposición o de rechazo-, ratificaron su oposición al planteo de su par bonaerense, María Eugenia Vidal, de eliminar el tope de $ 650 millones anuales del Fondo del Conurbano; mañana se reunirán para definir una estrategia, al menos los mandatarios del peronismo. Funcionarios de distintos partidos consultados coincidieron en que si los distritos pierden fondos, el acuerdo de responsabilidad fiscal firmado hace unos días será “insostenible” y habrá que buscar una alternativa política por fuera de la vía judicial.

El reclamo ya está en la Corte Suprema y la semana pasada los ministros de Economía y los fiscales de Estado provinciales analizaron las respuestas jurídicas que darán ante la requisitoria del tribunal. El factor común es el rechazo, aunque las posiciones legales varían, algunas apuntan a los subsidios extras que Buenos Aires recibió por años.

La urgencia de los gobernadores es que en varias provincias la ley exige enviar a las legislaturas el proyecto de presupuesto 2018 en las próximas semanas y es crucial para armarlo saber si tendrán pérdidas de recursos. Todos admiten que es ilógico que el Fondo del Conurbano esté congelado, pero entienden que es la Nación la que tiene que poner la diferencia. Actualizado, el Fondo alcanzaría hoy los $ 53.000 millones anuales. Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indica que las provincias perderían recursos, entre el 2% y el 9% anual, según el esquema de cambios.

Córdoba, por ejemplo, resignaría $ 7000 millones anuales. “La posibilidad de recorte de fondos entra en abierta contradicción con el acuerdo firmado hace una semana, donde nos comprometimos a mantener el superávit y no aumentar impuestos”, dijo el ministro de Finanzas Osvaldo Giordano.

En varias oportunidades el gobernador Juan Schiaretti afirmó que “lo que no se dice es que si bien Buenos Aires dejó de recibir el Fondo del Conurbano, junto con la Capital Federal reciben más$ 80.000 millones en subsidios anuales. Esos fondos también se deben incluir en la masa coparticipable”.

El ministro sanjuanino Roberto Gattoni indicó que su provincia “no está dispuesta a ceder un peso; si no, no se puede cumplir lo acordado” (dejaría de recibir unos $ 2000 millones anuales). San Juan -al igual que otros 16 distritos- ratificó ante la Corte que continuará con la judicialización por el stock de deuda derivado del descuento del 15% de coparticipación entre 2006 y 2015 para financiar la Anses. Es otro de los temas pendientes del alto tribunal.

El ministro correntino Enrique Vaz Torres pidió buscar alternativas políticas. “Las provincias no podemos ni debemos resignar recursos, hay incluso cuestiones normativas que lo impiden. Tenemos que trabajar en alternativas para resolver sin judicializar”, explicó.

Los gobernadores tienen hasta el 26 de septiembre para responder a la Corte sobre el planteo de Vidal. En ese contexto, revitalizaron la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que, por ley, es una autoridad de aplicación de la distribución de la coparticipación.

El gobernador riojano, Sergio Casas, planteó que “con un golpe de ese tipo sobre las finanzas públicas sería imposible, prácticamente para todas las jurisdicciones, cumplir con la ley, por lo tanto creo que hay que buscar y estudiar alternativas”. Su provincia reclama recuperar el equivalente al punto de coparticipación, unos $ 5600 millones al año.

Hace diez días, la Nación y las provincias acordaron el texto de la ley de responsabilidad fiscal que será enviado al Congreso y que busca establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal. La firma se hizo partiendo desde el reparto de recursos vigente; si prospera la demanda de Vidal, el escenario se transforma.

“La única forma de avanzar es que todas las partes se sienten a negociar y que estén dispuestas a ofrecer algo, a no querer llevarse todo”, apuntó el ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione; su jurisdicción dejaría de recibir unos $ 6500 millones al año.

El salteño Juan Manuel Urtubey ya adelantó que no se puede modificar “a través de un fallo judicial” la ley del Fondo del Conurbano, sino que se debe hacer en el Congreso.

En la gobernación de Jujuy también coincidieron en que “resignar dinero” en una situación “complicada que se está ordenando” es “muy difícil; hay que buscar otras vías de solución”. Para el chaqueño Domingo Peppo, directamente habría distritos en “emergencia”.

Si la Corte resolviera este año, algunos ministros son de la idea de que la Nación actúe como “mediadora” repitiendo la fórmula que aplicaron cuando salió el fallo del máximo tribunal por el 15 por ciento. En ese tema tienen algo pendiente: nunca avanzaron en las negociaciones por la deuda acumulada, sí hicieron un plan hacia adelante, que están cumpliendo.

Fuente: La Nación