Es una de las expresiones del documento “Hombres violentos y la inhabilidad moral para ejercer cargos públicos”, difundido por distintas organizaciones de mujeres. Allí repasaron doce casos de violencia de género que involucra a candidatos, funcionarios y jueces que siguen en su roles como si nada.
Transcribimos a continuación y de manera íntegra el documento en su totalidad:
“Es conocida la falta de credibilidad de la que se hizo merecedora la clase política. Hoy nuestra sociedad no solo interpela a quienes ocupan cargos políticos, sino también a quienes se postulan para los mismos.
Como organizaciones de mujeres no participamos ni lo haremos, en ninguna caza de brujas. Empero como lo hemos hecho en otras oportunidades, por caso, con motivo de postulantes a la magistratura provincial, EXIGIREMOS UNA VEZ MÁS la rectitud ética y moral esperable de toda persona que aspira a un alto cargo público, a los que -dicho sea de paso- tanto nos cuesta llegar a las mujeres precisamente a raíz de los obstáculos culturales que legitiman y naturalizan la discriminación y la violencia sexista.
Es nuestra misión visibilizar como siguen operando mecanismos que, en esta ocasión, tratan de persuadir a la opinión pública salteña acerca de la irrelevancia de poseer antecedentes judiciales por cometer actos de violencia de género familiar física, psicológica o económica (lo es privar a la descendencia de los alimentos debidos, obligando a sus madres a cubrir exclusivamente las necesidades de sus hijos/as). Al tiempo que se minimiza que quien sostiene defenderá los derechos, promoverá su efectivo ejercicio en los ámbitos legisferantes, cuente con antecedentes judiciales por negarse a reconocer la paternidad (es tan sencillo hoy gracias a la ciencia determinar la filiación!! Sólo se necesita voluntad de someterse a una simple extracción de sangre, y claro, responsabilidad reproductiva y valores éticos como horizonte de acción).
En Salta, son de público conocimiento los antecedentes penales, en el fuero de familia y en violencia de género que poseen algunos de los candidatos que competirán el domingo 22.
Uno de los casos más discutidos sea quizás, la candidatura a Senador por Capital, por el Frente Unidad y Renovación, de Adrián “Chico Malo» Valenzuela denunciado por violencia de género, por privar a su hijx de la cuota alimentaria adecuada para su subsistencia y calidad de vida, por reconocimiento de filiación ante su negativa a asumir la paternidad, por maltrato e incumplimientos laborales y por cuestiones de índole comercial que concluyeron con embargo sobre sus bienes. Lo grave de esta situación, es que su candidatura está avalada, financiada y sostenida por el gobierno de la Provincia que encabeza Juan Manuel Urtubey, quien tiene la obligación de generar políticas públicas para erradicar la violencia machista, compromiso que aunque tiene su raíz directa en el derecho internacional de los derechos humanos y en nuestra Constitución fue explícitamente refrendado mediante el decreto N° 2654, que en una especie de “política eufemística” (que nombra para no cambiar nada o se queda en la pura gestualidad), declaró la Emergencia en Violencia de Género, desde septiembre de 2014 hasta septiembre de 2018, tras prorrogar el año pasado su vigencia. Es muy grave, que este candidato, desconociendo o no, que sus antecedentes prontuariales circulaban en poder de muchxs periodistas, en una entrevista televisiva realizada por el empresario periodístico Mario Peña, negara, terminantemente, haber tenido denuncias por violencia de género, fácilmente reconocibles en su récord judicial: 8/10/09 Inc.280179/9, 2/10/09 Expte 279453/09, 24/09/2008 Expte 235915/8, 24/06/08 Expte 225745/8, 31/10/06 VIF 164906/6, entre otros. Una mentira flagrante, casi antes de arrancar su vida política. El gobierno, continúa promocionando y alentando su candidatura.
No menos grave, es la situación del candidato a Senador por Capital por la agrupación Un Cambio para Salta, Guillermo Durand Cornejo denunciado hacia fines de 1980, ante el entonces Juez de Instrucción Formal de 3ª Nominación, Carlos Badano, por una empleada del PAMI, quien aseguró que Durand Cornejo la hacía objeto de acoso sexual con proposiciones deshonestas. Pasados los años, según declaraciones, publicadas en el Semanario Nueva Propuesta de diciembre de 1993, el denunciado comenzó a amenazar a la víctima, con el despido y logró que la Supervisora del PAMI, le aplicara una sanción. En abril de 2015, el Semanario Cuarto Poder sostiene en una nota que, en los considerandos de la resolución del Juez Badano, una larga serie de testigos, corroboraron, en su momento, lo denunciado por la víctima de acoso sexual y violencia. Otra denuncia contra Durand Cornejo por tocamientos impúdicos, fue realizada en la Comisaría Primera por una joven mujer residente en el Barrio Norte Grande en septiembre de 2013. La candidatura de Durand Cornejo es apoyada por el Intendente de Salta, Gustavo Sáenz, quién eliminó la Dirección de la Diversidad y achicó en recursos humanos y económicos el Área de la Mujer. Durand Cornejo afirma que fue sobreseído en ambas causas, jamás mostró prueba alguna.
Jorge Guaymás, Secretario del Sindicato de Camioneros y aspirante a renovar su banca en la Cámara de Diputadxs de Salta, por el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, presenta desde 2010 y hasta la fecha, un prontuario rico en denuncias por hechos reiterados de lesiones, amenazas, de su ex pareja Un anterior juicio por filiación de otra mujer y denuncias varias por coacción, amenazas y usurpación, algunas relacionadas a su antigua condición de trabajador del Sindicato aludido desde 1999.
El candidato a Senador por Un Cambio para Salta de La Caldera, Alfredo Vázquez registra, según publicación de FM Capital del 5/09/2017 denuncias de su ex esposa realizadas entre 2013 y 2016 por “violencia familiar” e incumplimiento de “deberes familiares”, esto último es, no facilitar los fondos necesarios para que sus hijos/as tengan una vida digna y la madre no se vea ilegal e ilegítimamente privada de su tiempo y recursos propios para solventar de manera exclusiva las necesidades vitales de los/as chicos/as. También fue denunciado por desobediencia judicial, y amenazas varias a familiares y vecinxs, quienes solicitaron restricción perimetral sobre el candidato, por considerarlo un hombre muy violento y peligroso. Vázquez, integra la agrupación política lideradapor Matías Cánepa y Bettina Romero.
Hace pocos días salió a la luz, el caso de una candidata a Diputada Nacional de Cambiemos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciada por violencia familiar. Los medios nacionales, publicaron reiteradamente, las declaraciones de la cabeza de lista, Dra. Elisa Carrió, quien solicitó la renuncia de la denunciada por “inhabilidad moral”. Estos argumentos fueron tomados por sus compañerxs, quienes, según Diario Perfil del 4/10/17, presentaron denuncias reservadas ante la Cámara de Diputadxs de La Nación y de la Justicia. No conforme con esto, la Dra Carrió insiste, que, en caso que la denunciada resulte electa, hará todo lo posible para que no asuma. Es llamativo que tanto la Dra. Carrió, como el Presidente Macri, se manifiesten tan preocupadxs por la carencia de rectitud moral de una de sus candidatas y no registren el mismo interés, por los antecedentes violentos de sus candidatos varones del interior del país.
En la ciudad de Metán, el concejal Raúl Ledesma quien aspira a renovar su banca en primer término por el Partido Primero Salta, fue denunciado e imputado, por abuso sexual simple contra una menor. Su candidatura, continúa en pie y cuenta con el apoyo político del actual Presidente del Concejo Deliberante de Salta y candidato a Diputado Provincial por el Partido Primero Salta, Ricardo Villada y el Candidato a Diputado Nacional por Cambiemos País, Martín Grande según publica en el día de la fecha,(12/10/17) el portal de noticias Somos Buufo.com
Según el sitio del Ministerio Público Fiscal, el 5 de abril de 2017, la Fiscalía de Violencia de Género Nº 4 inició una investigación preliminar contra el Diputado del Bloque Justicialista por el Departamento Los Andes, César Córdoba por la posible comisión de los delitos de lesiones agravadas y amenazas. La denuncia revela hechos de violencia de larga data, que no se hicieron públicos, en virtud que el diputado mantenía a la víctima, una agente de policía, bajo amenazas. El incidente que disparó la denuncia fue, cuando César Córdoba, arrebató el arma reglamentaria de su pareja y se encerró con sus hijos/as en la casa. Como primera medida, la fiscal interviniente dictó exclusión del hogar del legislador, la prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia en contra de su ex mujer. Mientras continúan las investigaciones, Córdoba fue imputado por “tentativa de robo en contexto de violencia de género”, no obstante, continúa en sus funciones, con mandato hasta 2019. Así estamos…
Recientemente, luego del último de los 18 femicidios directos y 1 femicidio vinculado en lo que va del año 2017, el Programa 53G Canal 10, dio a conocer un amplio informe sobre candidatos y funcionarios con denuncias por violencia de género, que demuestran la alta tolerancia de nuestra sociedad, hacia los funcionarios públicos violentos.
En 2013, en el marco de un operativo de la Policía Federal, en el que se rescataron 64 mujeres de una red de trata, en un prostíbulo de la ciudad, fue encontrado el entonces intendente de Salvador Mazza Carlos Villalba. El ex intendente de El Bordo, Juan Rosario “Chicho” Mazzone, fue condenado por corrupción de menores, luego que salieran a la luz fotografías que lo mostraban en ropa interior junto a chicas menores de edad. Ambos, permanecen libres.
El actual intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, fue denunciado 2 veces por su ex pareja por distintos hechos de violencia machista. Luego de negarse en dos oportunidades a la requisitoria fiscal, asistió a la tercera bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública. Como su ex pareja era empleada municipal, la hizo objeto, además, de violencia laboral e institucional, despidiéndola arbitrariamente del trabajo, poniendo el aparato del estado al servicio de la violencia, alejándolo de sus cometidos constitucionales, vinculados a la erradicación de la violencia machista. En junio de este año, Méndez fue destituido por mayoría de votos del Concejo Deliberante de aquélla localidad. Hace más de 24 horas, la Corte de Justicia de Salta, lo restituyó en el cargo.
A comienzos de 2016, otro intendente denunciado en el fuero penal, fue Alfredo Darouiche, por una vecina del municipio de Aguaray, quién radicó la denuncia por cohecho, amenazas y violación de la Ley 26485, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Darouiche continuó en su cargo.
En ese mismo año y mes, Juan Domingo Aguirre, intendente de Joaquín V. González, fue denunciado por una vecina del lugar, luego que éste la empujara y le pegara, porque le recriminó el mal estado de las calles sin pavimentar. La denuncia fue radicada como Agresiones y Amenazas. Aguirre continúa en su cargo.
Otro intendente denunciado por violencia de género por su ex pareja, es Manuel Cornejo de Campo Quijano. La gravedad de la situación llevó al juez interviniente a decretar una medida de restricción perimetral. Manuel Cornejo sigue en funciones.
En el ámbito del Poder Judicial, las denuncias contra el Juez de Tribunal de Juicio Sala VII, Dr. Federico Diez, causa que se encuentra caratulada como GAR Nº: 134818/16 “Diez, Federico s/ Lesiones agravadas por la relación preexistente y por constituir violencia de género, art. 89 en función del art. 92 y 80 inc. 1 y 11 CP; Desobediencia Judicial art. 239 CP; Amenazas con armas art. 149 bis 1er párrafo 2do supuesto del CP, en perjuicio de A.L.G”, si bien fue radicada hace 13 meses, se encuentra a consideración del Tribunal de Impugnación y no se sabe aún, si se elevará a juicio.
Los juicios políticos contra magistrados/as que han incurrido en hechos graves de violencia institucional, en el caso del juez de familia Víctor Raúl Soria y de la Asesora de Incapaces Claudia Marcela Flores Larsen, por privar a una niña de acceder a una práctica médica de interrupción del embarazo cuando había sido violada y agredida físicamente por su padrastro; en el caso del juez en lo penal de Tartagal Héctor Mariscal Astigueta y del fiscal de ese distrito judicial, Jorge Armando Cazón, por haber privado del acceso a justicia a una niña con retraso madurativo víctima de una violación masiva, que cursaba un embarazo de altísimo riesgo de un feto anencefálico, que al nacer –por protocolo médico- no recibiría ningún tipo de asistencia ante la nula posibilidad de vida extrauterina.
Frente a esa realidad exigimos a los tres poderes, actuar con reglas claras para que a aquellos violentos y/o con antecedentes en violencia de género (no sólo tramitados en el fuero especial sino también en el ámbito penal o de familia, por razones alimentarias o filiatorias), no se les permita la postulación para ejercer ni la magistratura ni cargos electivos o ejecutivos.
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres en fecha 23 de mayo de 2016, en la recomendación N° 2 se pronunció al respecto: “QUE EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE JUECES MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL COMO ASI TAMBIEN EN TODO CARGO, O FUNCION PUBLICA, SEA POR ELECCION, POR EL VOTO POPULAR O DECISIÓN DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, QUIENES ASPIREN A OCUPARLOS NO DEBEN REGISTRAR ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR, DE GÉNERO O CONTRA LAS MUJERES EN TODOS SUS TIPOS Y MODALIDADES.”
Es hora que los diferentes poderes que conforman la estructura del Estado salteño –Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ministerio Público- se tomen en serio esa recomendación, de un organismo técnico específicamente creado para proponer buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con su ley de creación. Llegó la hora de poner un freno real contra la violencia en todas sus expresiones o seguiremos sumando víctimas de su manifestación femicida. Basta de hipocresías, no admitimos más lamentos públicos frente a cada una de las muertas que nos dejan sin respiro y llenas de fuerzas para seguir dando esta batalla cultural.
Quienes aspiran a convertirse en servidores públicos a través de la función pública NO PUEDEN NI DEBEN POSTULARSE A CARGOS ELECTIVOS, EJECUTIVOS NI JUDICIALES cuando sus conductas personales colisionan con la conducta que deben sostener al momento de legislar para la ciudadanía, y en particular para las mujeres. La clásica consigna “lo personal es político” se extiende para abarcar el otro sentido posible: la coherencia entre la vida pública y la privada. El derecho a una vida libre de violencia no es un postulado. Más aún cuando quienes cometen actos de violencia hacia las mujeres, son quienes ejercen o pretenden ejercer funciones públicas que requieren de una ética intachable, porque para formar parte del Estado se necesita poder comprometerse con el deber de trabajar para erradicar su ADN patriarcal –diría la antropóloga Rita Segato- en miras a erradicar la violencia sexista. Objetivo que no lograremos, si por fin no se genera una sensibilidad social que repele hasta lo profundo de sus causas la violencia de género”.
El documento está fechado el 12 de octubre y lleva la firma de la Multisectorial de Mujeres de Salta; CLADEM; Comisión de la Mujer UNSa; Abogadxs del Instituto Jurídico de Género, y Mujeres Trans Argentina
