Expresó Highton, la vicepresidenta de la Corte Suprema aseguró que la cifra supera a la del peor momento de la problemática registrada en México. Se refirió además al machismo presente en el Poder Judicial.

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y titular de la Oficina de la Mujer del alto tribunal, Elena Highton, advirtió que en Argentina «hay indudablemente una emergencia» por la violencia de género, dado que ya hubo 714 femicidios entre 2014 y 2016, una cifra que supera a la del «peor momento» de esta problemática, registrado en Ciudad Juárez, de México, en los años ’90.

«Cada vez hay más femicicios: de nuestro primer registro al segundo (2014-2015) hubo diez casos más, y desde el segundo al tercero (2015-2016), 19», remarcó Highton en una entrevista en la que cuestionó la falta de políticas preventivas del gobierno, el «machismo» presente en el Poder Judicial y la «liberación temprana» de muchos acusados por violencia doméstica.

Desde 2014, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema realiza un relevamiento anual de los femicidios cometidos en el país, que arrojó como resultado 714 víctimas y 591 niños que perdieron a sus madres.

«Hay una emergencia, indudablemente, las cifras nuestras son más altas que las que hubieron en Ciudad Juárez en el peor momento», cuando las estadísticas oficiales anotaron algo más de 600 asesinatos de mujeres desde la década del 90, reflexionó Highton.

Sin embargo, aceptó que hubo «avances» en el país, en referencia a una «mayor concientización» social y que los «femicidios sean computados como femicidios» en la Justicia.

La ministra evaluó que faltan «políticas preventivas» de parte del Ejecutivo, como instalar «más refugios (para mujeres víctimas de violencia), más políticas educativas y más centros de asistencia», similares a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que funciona las 24 horas bajo coordinación de la Corte Suprema.

«Las mujeres que se acercan a la OVD tienen muchas posibilidades de salvarse de un femicidio», advirtió la vicepresidenta de la Corte sobre la oficina que recibe «cualquier día del año y a cualquier hora» a mujeres que padecen todo tipo de violencia doméstica.

Con todo, Highton elogió el hecho de que el Gobierno haya lanzado el Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, al que consideró «muy bueno» porque contempla -entre otras cuestiones- dispositivos de acompañamiento a las agredidas y el uso de tobilleras con geolocalización para los agresores.

«Leyes no faltan, tenemos muchas y muy buenas, sólo falta que las políticas trasvasen del Poder Ejecutivo al Judicial, con una mirada común», apuntó.

Highton cuestionó la «liberación temprana» de los acusados y marcó su desacuerdo con la suspensión del juicio a prueba o «probation» para los condenados por violencia de género. «Hay mucha probation y esto es muy peligroso porque los mandan (a los agresores) a hacer trabajos sociales, sin control y con posibilidades de acceder a la mujer», argumentó.

Además, la jueza dijo que descree en la posibilidad de que los violentos puedan «recuperarse», más allá de «algunas excepciones».

Este año la Corte Suprema entregó a la OEA el informe sobre femicidios de Argentina, que será compartido en la Cumbre Iberoamericana y que incluirá un resumen de las principales acciones que desarrolla el alto tribunal, entre ellas la capacitación en violencia doméstica a todos los poderes judiciales de las provincias y a fuerzas de seguridad y el monitoreo de complejos penitenciarios que alojan a mujeres.

Además, para junio de 2018 tendrá elaborado el primer informe del Observatorio de causas judiciales por femicidios, con la idea de «ampliar la mirada más allá de las cifras, que permita hacer una lectura cualitativa y que eso sirva para diseñar políticas públicas que mejoren la intervención estatal», explicó Highton.

Violencia psicológica y maltrato

La condena a la violencia psicológica y al maltrato en todas sus formas, que muchas mujeres sufren en el ámbito privado de una casa sin testigos directos, está lejos de recibir un tratamiento apropiado de la Justicia, que está atravesada por «prejuicios machistas».

Las víctimas de violencia no sólo tienen que lidiar con la fragmentación de su denuncia en diversos fueros sino también con el desconocimiento de muchos agentes judiciales sobre el alcance de la ley 26.485 (de protección integral a las mujeres), además de los resabios de la vieja teoría de que los conflictos domésticos son de índole privada.

Elena Highton advirtió que el Poder Judicial sigue siendo «machista», tanto por la mirada de los varones como por la «actitud» de funcionarias mujeres, que no aplican «perspectiva de género en el trato en los juzgados hacia las víctimas de maltrato».

La ministra consideró necesario multiplicar los soportes de ayuda y denuncia, que «previenen hechos más graves e incluso femicidios», como por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que funciona las 24 horas, todos los días del año.

La OVD, que coordina la Corte Suprema, atendió en el primer semestre del año a 5.283 personas por casos de violencia, la mitad de ellos considerados de riesgo moderado y un 34 por ciento, de riesgo «altísimo». El 91 por ciento por ciento de las personas afectadas fueron mujeres, niñas y niños y sólo el 9 por ciento restante correspondió a varones.

Desde la OVD, al igual que desde la línea telefónica 144, los casos son trasladados al fuero correspondiente: por amenazas, a la Justicia Penal de la ciudad, amenazas coactivas, al fuero penal nacional, y si no hubieron amenazas o lesiones, a los tribunales civiles. Durante el año pasado, la línea 144 recibió 312.138 llamados por hechos de violencia de género.

«Una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental y la Justicia tiene que dejar de ser machista, abandonar estereotipos y prejuicios, y aprender a investigar este tipo de delitos con esa mirada», reflexionó por su parte Genoveva Cardinali, fiscal de Violencia de Género de la ciudad. En sólo la primera mitad de este año, la Fiscalía porteña registró la cifra récord de 12.162 víctimas de violencia, es decir casi el 72 por ciento del total de personas asistidas durante 2016 (16.883). Esos números equivalen a plantear que se registran cinco víctimas cada dos horas.

Celos, burla, insultos, violencia ambiental (arrojar comida u objetos, patear o golpear muebles y puertas), empujones, golpes de puño o desarrollar tácticas de control, de aislamiento y de violencia emocional sobre la mujer y sus seres queridos, además de dominio económico y en muchos casos maltrato físico, son descripciones comunes en las denuncias de las mujeres.

Patricio Maissonnave, titular de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, destacó la importancia de «fortalecer el rol de la víctima dentro del proceso judicial para que pueda romper con el círculo de violencia doméstica».

En esa oficina fiscal un equipo formado por psicólogos, abogados y trabajadores sociales acompaña a las mujeres en todo el proceso de denuncia por maltrato, violencia psicológica y amenazas en sus múltiples formas.

En los últimos años la Justicia empezó a dar algunos pasos hacia un cambio de paradigma. Históricamente las causas se archivaban ante la ausencia de testigos presenciales de la violencia que ocurría entre cuatro paredes, en una relación familiar o de pareja.

De hecho, en 2003 una investigación de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (Amja) detectó un descarte «sistemático» de expedientes por violencia doméstica, con el argumento de que el derecho penal «no debía intervenir en asuntos de familia».

Ahora las investigaciones contemplan lo que se denomina «prueba de contexto o indicios», a contramano del paradigma tradicional del análisis probatorio y testigos directos, es decir se toman en cuenta las declaraciones de vecinos, encargados de edificios, padres del colegio adonde van los hijos de la víctima o sus compañeros de trabajo para sostener la hipótesis de que una mujer está siendo maltratada.

«Lo ideal sería que no hubiera necesidad de crear fiscalías especializadas, sino que todos los operadores judiciales tuviesen perspectiva de género», remarcó Cardinali.

«El origen de la violencia de género está en una cultura machista y patriarcal, y el cambio de paradigma también tiene que ser cultural y una política de Estado para todos los gobiernos», subrayó Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres.

Fuente: La capital