Pese a que el mandatario esta semana celebró la Pachamama en su página web, la política ambiental de su gobierno es catastrófica. Un repaso por hechos recientes en materia de residuos, fumigaciones, monocultivo, desmontes, minería y ganadería. (Claudia Álvarez Ferreyra)

En la página oficial del gobernador  Juan Urtubey se publicó el 1 de agosto una foto suya junto a su esposa Isabel Macedo participando del ritual a la Pachamama. En el posteo el representante salteño dice: “El mejor homenaje que podemos hacer a la Pachamama es que los hijos de esta tierra puedan no sólo soñar con un futuro mejor, sino que puedan vivir un presente con mayor dignidad”. Un discurso que no estaría siendo muy coherente con las acciones y políticas  de gobierno si se tienen en cuenta los diversos conflictos socio-ambientales que se presentan en la provincia.

Mejor ni-trato

En el sur provincial, Austin Powder viene siendo denunciada por Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, que llevan seis años organizados contra la empresa cuya instalación fue habilitada por el gobierno de Urtubey y que tiene a Ignacio Rigou  (hermano de la suegra de José Urtubey) como gerente. En diálogo con este medio expresan: “Industria de materia prima para explosivos para mega minería gerenciada por un pariente y a la cual los salteños de a pie deberemos pagarle las millonarias cifras de volumen de gas, recurso natural no renovable, sometiendo a los pobladores y a la región a graves peligros gracias a la justicia adicta que se niega a ver la enciclopedia de irregularidades cometidas”. Este año se conoció la muerte de aves en una pileta de las instalaciones de la multinacional sin que se esclarezcan hasta el momento las causas.

Protesta de los vecinos autoconvocados

Vecinos autoconvocados señalan también que “sin funcionar mató muchas abejas y cerca de la ciudad de la Miel —Metán—. No sólo perjudica a productores de la región sino más grave aún, la vida de las abejas sensibles a todos los efluentes que saldrán por chimeneas de Austin. Todos sabemos ya  la preocupación a nivel mundial por la baja que sufre la población de abejas principalmente por la contaminación ambiental”.

Para el grupo ambientalista “no se trata de dejar de producir de todo. Se debe producir de manera sustentable, no destruir todo persiguiendo una rentabilidad empresarial”. Advierten que no quieren que se creen más “zonas de sacrificio para abastecer la economía empresarial. El planeta pertenece a todos, ricos y pobres, todos por igual tenemos derecho a un ambiente sano”.

Educación fumigada

En Salta como en otras provincias del país también se señalan problemáticas ambientales generadas por la agricultura transgénica que promueve el monocultivo. Algunos casos ya fueron de público conocimiento en Anta, como la denuncia a Alfredo Olmedo en el Senado de la Provincia por fumigaciones sobre una escuela y el pueblo de Piquete Cabado en 2017. En Coronel Olleros, durante 2016, la maestra y directora de la escuela 4476 Luisa Domitila Saravia, Ana Sarmiento, también denunció  intoxicación con  agrotóxicos que afectó a docentes y estudiantes.

Educadoras salteñas integran la Red Federal de Docentes que ha presentado 23 denuncias por fumigaciones sobre escuelas en el país a la Defensoría del Pueblo de Nación. Uno de esos casos es del departamento de Anta, en Salta. La persona que relevó la situación no quiere que se difunda su nombre ni el de la institución afectada, menciona que  “sufren mucha presión, por familiares que trabajan en campos próximos o silos”. Lo que se expuso da cuenta de silos que pertenecen a distintas empresas cerealeras y a los campos sojeros cercanos a las zonas pobladas que fumigan sin cumplir con normativas legales referidas a la distancia en que deben realizarse.

Conversamos con Ana Zavaloy, oriunda de San Antonio de Areco, es la impulsora de la Red Federal Docente, quien explica que “empezó en la provincia de Bs As, todos docentes que habíamos denunciado fumigaciones sobre nuestras escuelas·.

Juntaron 23 denuncias que se presentaron en diciembre de 2017 a la Defensoría del Pueblo de la Nación, ahora esperan que desde esa institución se expidan ante la consulta popular sobre el tema de los agroquímicos y el apoyo  para  difundir un protocolo de denuncia. Todos los casos tienen que ver con fumigaciones sobre las escuelas y las comunidades educativas, y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. “Somos testigos  ‘privilegiadas’ del costo humano de los agrotóxicos y vemos en la salud de nuestros chicos y de nuestras comunidades educativas y en nuestra propia salud”. Consecuencias que tienen que ver con: “problemas respiratorios constantes en los chicos, problemas de piel, lo mismo en sus mamás, abortos espontáneos, casos de cáncer  demasiado frecuentes”. Y también implican daños “en la biodiversidad de los ambientes naturales”.

Agrotécnica Fueguina

Esta semana, el Ministerio de Salud Pública emitió un informe en el marco de un juicio contra Agrotécnica Fueguina, empresa responsable del Vertedero San Javier. En el documento afirman: “Se asume que el impacto existe”.  El escrito recomienda medidas de prevención a corto plazo ya que la contaminación puede afectar la salud, “en especial si el vertedero no cumple con estándares técnicos determinados por especialistas”.

Este documento será una prueba en la causa que se sigue contra Agrotécnica Fueguina, la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, la Secretaría de Recursos Hídricos de la  Provincia por contaminación y mala administración. Además el abogado Luis Segovia, promotor del amparo presentado junto a la vecina Jorgelina Franco, señaló que el informe es un elemento a ser utilizado para denunciar penalmente a la Municipalidad de Salta por haber tergiversado información al sostener el año pasado que según se indicaba desde el Hospital Papa Francisco, no existían efectos del vertedero sobre la Salud de la población.

APAS y los desmontes

Urtubey creó este año la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS) para la prevención, control y castigo a quienes produzcan daños ambientales. Además se anunció que se duplicaría la superficie protegida de bosques con la incorporación de 1.502.959 hectáreas.

Segovia critica la política de multas de la APAS diciendo que “si hablamos a valores del campo, de lo que valen pocas porciones del campo, y esto lo dice la misma Secretaría de Ambiente, la multa  se transforma en un costo bajo para los productores. La multa no tiene un poder disuasorio. Este proceso de sanciones administrativas ya se ha visto bastante agotado y limitado”.

Una alternativa planteada es contemplar  las deforestaciones ilegales como un delito penal: “Se han propuesto desde el año 2011, el COFEMA (Concejo Federal de Medio Ambiente)  a nivel nacional  ha presentado  un proyecto de ley para sancionar como un delito los desmontes ilegales, lo mismo ha hecho el Ministerio de Ambiente de Nación y forma parte de campañas de organizaciones como de Greenpeace, poner que los delitos por deforestación ilegal sean  contemplados como un delito penal”, cierra el abogado.

Minería

El 5 de junio pasado, en el marco del Día Mundial del Ambiente, la Asamblea Socio Ambiental Salta elaboró un comunicado detallando distintas problemáticas ambientales. En lo respecta a la minería hacen alusión a que “desde hace varios años Salta está en la mira de varias multinacionales y cuenta ya con varios proyectos en etapas de exploración o de construcción”. Como el  Proyecto Lindero (explotación de oro a cielo abierto), al sur del Salar de Arizaro, a unos 75 km de la localidad de Tolar Grande, en el Departamento Los Andes.  El   Proyecto Taca Taca de First Quantum (cobre, oro y molibdeno) también a cielo abierto, ubicado a unos 35 km hacia el oeste de Tolar Grande;  AbraPlata  (oro y plata) en la zona de Diablillos, en plena puna salteña.

En explotaciones de Litio:  Enirgiya en el Salar del Rincón; ErametLithium, en los salares Centenario y Ratones, ubicados al sudeste de Tolar Grande; “Sal de los Angeles”, en el Salar de Diablillos, cerca del borde limítrofe del departamento Los Andes con Catamarca, situada a 145 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Salta.

La explotación minera a cielo abierto consiste en la remoción de grandísimas cantidades de suelo y subsuelo, por lo que tiene un gran impacto ambiental y social. Provoca cambios importantes en la morfología del terreno pues se devasta la estructura del suelo y se reseca la zona circundante, lo que afecta la fertilidad. Impacta intensamente sobre la flora existente, muchas veces modificándola o eliminándola. Afecta y contamina el aire, que se nutre de impurezas sólidas provenientes de polvos y combustibles tóxicos que quedan suspendidos en el aire, en tanto requiere el uso de grandes cantidades de productos químicos y tóxicos para separar los minerales de las rocas, dejando vapores y emanaciones de cianuro gaseoso, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Estas sustancias afectan las vías respiratorias de personas y animales generando daños en la salud. Contamina las aguas superficiales y subterráneas, a partir de los residuos finos que se producen y que pasan a formar parte de los sedimentos de los ríos y arroyos de la zona.

En cuanto a la explotación del Litio, la principal consecuencia tiene que ver con la *contaminación y evaporación del agua, sobre todo teniendo en cuenta que se lleva a cabo en zonas de salares, donde el agua escasea. Ya que se necesita agua en grandes cantidades para obtener el litio, y el agua que utilizan no sólo proviene de las salmueras sino que también la obtienen de arroyos cercanos, que son fuentes indispensables de vida para las comunidades que habitan esas zonas y para la fauna local.

Fracking

También se emplea en Salta. Mediante el decreto 744/18, el pasado 12 de julio, el  Ministerio de Economía oficializó los nuevos porcentajes de regalías petrolíferas y gasíferas correspondientes a los departamentos productores de la provincia. A través de la ministra de Producción, Paula Bibini, se anunció que Salta preparaba la licitación de áreas hidrocarburíferas en yacimientos convencionales y no convencionales, cuya extensión alcanza los 61.000 kilómetros cuadrados.  El llamado a licitación para la exploración de zonas hidrocarburíferas en Salta se publicó  a través del Boletín Oficial de la Provincia, lleva la firma del gobernador, la ministra Bibini y el jefe de ministros Fernando Yarade.

Señalan la necesidad de reactivar las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en la Provincia de Salta, y de profundizar el conocimiento de la Cuenca Noroeste. Según lo anunciado por Bibini, hay tres áreas más que Salta licitará en una segunda etapa: San Carlos, Cuchuma y Lumbrera. A esta segunda licitación se le suman también distintos bloques donde no se hicieron inversiones y que la provincia recuperó o planea recuperar. Las petroleras que tienen actividad en Salta son YPF, Pan American Energy, Tecpetrol, Pluspetrol, Madalena Energy, High Luck, President Energy y  Scan Oil.

Los yacimientos no convencionales donde se utiliza el fracking son formaciones poco permeables y compactas, en las que los hidrocarburos se encuentran dispersos. Para liberarlos se debe fracturar la roca inyectando millones de litros de agua a alta presión (98%), mezclada con arena y una serie de aditivos químicos (2%); la cantidad de litros varía en función de la cantidad de fracturas que se realicen por pozo. Esto posibilita que los hidrocarburos asciendan a la superficie junto con parte de la mezcla inyectada, denominada reflujo (se recupera una cantidad que varía entre un 9 y un 35%). El resto queda en el subsuelo.

Feedlots

En J. V. González, este año, vecinos/as realizaron protestas contra la Inversora Juramento SA cuyo accionista mayoritario es Jorge Brito. El reclamo se efectuó por los malos olores y la posible contaminación que estaría ocasionando uno de los mayores feedlots de la Argentina, ubicado a pocos kilómetros de distintos pueblos de Anta.

Lejos de honrar a la madre tierra, el modelo extractivista que promueve el Gobierno de Salta sólo implica daños socio-ambientales. Los modelos del “maldesarrollo” como sostienen en un libro con ese nombre  la socióloga Maristella Svampa y el abogado Enrique Viale, “alimentan una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos”.