El jefe comunal de Tolar Grande, Sergio Villanueva, fue condenado a un mes de prisión condicional por no presentar su declaración jurada. No irá a la cárcel, pero no podrá volver a ocupar cargos públicos.
En un fallo que pretende ser ejemplificador, el juez de Garantías 5º Héctor Martínez condenó el miércoles al intendente de Tolar Grande, Sergio Alejandro Villanueva, a la pena de un mes de prisión de ejecución en suspenso por encontrarlo autor del delito de omisión de presentar declaración jurada patrimonial.
Villanueva no irá preso porque la condena es de ejecución condicional pero, según dispuso el magistrado Martínez, nunca más podrá ocupar un cargo público, ya que la sentencia impone la “inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos o funciones públicas que impliquen la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo el que ocupa en la actualidad”.
El Tolar de la fantasía
En una nota reciente de Cuarto Poder, se aseguraba que Tolar Grande suele ser noticia por dos razones políticas. Una es que posee menos de 300 habitantes y goza de estatus municipal aun cuando la Ley 1.349 establece que sólo pueden hacerlo los lugares cuyos habitantes sean entre 1.500 y 5.000. La otra está relacionada a la denuncia radicada en el año 2012 por Armando Isas, según la cual los recursos con los que goza el municipio -que no debería serlo- enriquecen desmesuradamente a su intendente. Esto fue lo que motivó el fallo del juez Martínez.
En ese artículo, de hace apenas dos semanas, se informaba que luego de tres años de peregrinación por distintos organismos judiciales y redacciones de prensa, Isas se enteró de que una resolución del Juzgado de Garantías Nº 5 del 8 de septiembre de 2015, resolvió “DECLARAR admisible la prueba ofrecida por la Sra. Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos a fs. 196 y, en consecuencia: A) CITAR para audiencia de debate al testigo ofrecido, Sr. Escribano de Gobierno de la provincia de Salta, EPN Víctor Manuel Esteban Fernández.- B) DOCUMENTAL: a) Denuncia de Armando Francisco Isas y ampliación de la denuncia del mismo (…) b) Declaración Jurada de Bienes Personales del acusado (…) c) Notas de Invitación e intimación a cumplimentar con la presentación de la declaración Jurada de Bienes Personales expedida al acusado por la Escribanía de Gobierno (…)”.
“El Escribano de Gobierno deberá ratificar que el acusado se resistió a presentar la declaración jurada que habría podido confirmar o no las denuncias de Isas”, indicaba el artículo.
Esas denuncias daban cuenta de un hombre que en sus inicios pedaleaba una bici y alquilaba una casita y tras asumir la intendencia tuvo un ascenso patrimonial meteórico: caserón de lujo en la calle Capitán Vélez Gregorio de ese paraje, sospechado de ser dueño de una casa en la villa veraniega de San Lorenzo que figura a nombre de otra persona, una camioneta EcoSport, otra Amarok, viajes a Europa y por entonces una pantalla de publicidad digital en el centro de la ciudad de Salta que, según la denuncia del 28 de agosto de 2012, tenía como razón social Producciones Salta y cuyo gerente era un primo hermano del intendente y empleado municipal de Tolar Grande: Hugo Orlando Villanueva.
Cuando el 15 de octubre del mismo año la justicia requirió al denunciante que amplíe la imputación, Isas ratificó lo expuesto y solicitó que se investigue lo que a su criterio era el origen de la riqueza mal habido: los fondos y la ayuda social que percibía el municipio.
El misterio
Lejos de la ingenuidad, Isas intuye que en esos recursos está el secreto de enriquecimiento. Razones para sospecharlo tiene. Para confirmarlo conviene hacer un breve ejercicio de historia reciente. Y es que mientras Isas ampliaba su denuncia, en octubre de 2012 se empezaba a discutir el presupuesto 2013, el mismo que arroja datos increíbles relacionados a los recursos que maneja la municipalidad de Tolar Grande. En concepto de coparticipación y Fondo Federal Solidario, por ejemplo, el presupuesto aprobado disponía un total de $8.769.559. Una cifra superior a la percibida por los municipios de Urundel, Vaqueros, Seclantás, Santa Victoria Oeste, Santa Victoria Este, Ríos Piedras, Payogasta, Nazareno, Molinos o Angastaco que sin embargo poseen una población muy superior a la diminuta Tolar Grande. Mientras el Censo 2010 indicaba que la tierra de Sergio Villanueva habitaban sólo 212 habitantes, lo hacían 3.168 en Urundel, 4.958 en Vaqueros, 3.126 en Seclantás, 5.497 en Santa Victoria Oeste, 11.009 en Santa Victoria Este, 1.972 en Río Piedras, 1.844 en Payogasta, 2.827 en Nazareno, 2.420 en Molinos y 2.204 en Angastaco.
Desde entonces, la población de Tolar Grande no se ha modificado sustancialmente. Lo confirma un hecho electoral: en los escrutinios de mayo pasado el actual y denunciado intendente, Sergio Villanueva, fue reelegido con el 73% de los votos, producto de una mayoría absoluta: 133 votos, contra los 46 del Partido de la Victoria y los sólo 4 del frente Romero-Olmedo. La curiosa situación produce una combinación peligrosa en una provincia con intendentes permanentemente sospechados de corrupción: muchos recursos en manos de una persona que gobierna un poblado minúsculo cuyas condiciones de vida están congeladas a diferencia de la del jefe comunal, que cada día vive mejor.
El volumen monetario a disposición es tal, que en pasadas elecciones Villanueva fue acusado de usar dinero para solventar campañas electorales de propios que vivían en municipios distintos. En una nota publicada por Cuarto Poder a fines de 2011 se enfatizó que entre las varias denuncias en contra de Villanueva, una de ellas señalaba que en los comicios de aquel año éste destinó parte de ese dinero a la campaña política que catapultó a su prima como diputada provincial por el departamento de Los Andes: Marisa Mabel Villanueva, lo que supuso plata de Tolar Grande puesta en el vecino municipio de San Antonio de los Cobres. La mecánica se habría reiterado en este año aunque cambiando el escenario: las arcas de Tolar Grande habrían ido en auxilio de Juan Eduardo Mamani que llegó a la intendencia de La Poma. Mamani es hermanastro de Villanueva.
Leña al fuego
Entre 2011 y 2015 la Auditoría General de la provincia publicó 73 informes vinculados a las Cooperadoras Asistenciales. A Tolar Grande le auditaron los gastos realizados en julio del 2013, cuando utilizó $25.200 de la Cooperadora en el rubro alimentación. Todo el monto se destinó a la compra de 28.000 kilos de leña cuyos comprobantes se presentaron fuera de término y de manera tal que los auditores redactaron la siguiente conclusión: “En base a las observaciones efectuadas la Cooperadora Asistencial deberá revisar los procedimientos de control interno”.
En 2013 y según el presupuesto provincial, además, Tolar Grande recibió, en concepto de descentralización de la ayuda social también usada en asistencia, $575.704. Según la planilla de la DGR que detalla los montos transferidos a las Cooperadores en julio de 2015; Tolar Grande recibió ese mes $33.220, Ello supone una suma anual promedio de $398.640.
Se enteran todos
El diario La Nación se hizo eco de la condena. El matutino informó sobre el caso asegurando: “Un intendente salteño fue condenado a un mes de prisión de ejecución condicional por no presentar su declaración jurada patrimonial”. La nota no profundiza más allá de la información oficial difundida por la Justicia.
