Una docente de zona sur asegura que es perseguida por haber realizado reclamos salariales y exigido reformas edilicias en el establecimiento. Cree que es señalada para callar las protestas de todos los maestros.
La docente Silvia Nava, vicedirectora de la escuela 4.042, IV Centenario, de Santa Ana I, denuncia persecución política por parte de la exdirectora del establecimiento. Asegura que quieren dejarla cesante por haber protestado por mejoras edilicias y salariales. Considera que su caso podría significar un retroceso significativo en la lucha de los maestros de la provincia, ya que, expresa, se trata de un hecho que busca silenciar las posibles protestas de otros miembros del sistema educativo salteño.
En la redacción de Cuarto Poder, Nava está acompañada por su colega Patricia Poblete, docente de la escuela 4732, de barrio San Carlos. Las dos explican lo sucedido y señalan que el único pecado que cometió la vicedirectora fue haber exigido mejores condiciones de trabajo para ella y los demás maestros.
Todo comenzó en febrero de 2014, cuando Nava y otros docentes iniciaron un reclamo por mejoras salariales y reformas edilicias en la escuela IV Centenario. La maestra, que pertenece al gremio Tribuna Docente, cuenta que las huelgas durante ese año se extendieron y provocaron diferentes manifestaciones como marchas, asambleas, acampe, ollas populares y venta de un bono contribución para apoyar la lucha.
Nava, en ese entonces docente de tercer grado, relata que fue la encargada de vender 20 números para contribuir al fondo común de apoyo a los docentes. El valor de cada uno era de diez pesos. La maestra cuenta que fue sumariada por esto. Asegura que el sumario expresa que intentó quedarse con el dinero obtenido: 200 pesos.
Poblete lee parte del dictamen contra Nava. Uno de los artículos asegura que “no pueden existir dentro del aparato educativo estatal educadores que estén sindicados como militantes en contra del aparato estatal y mucho menos permitir que esto les sea transmitido a sus educandos”.
“Están planteando que el docente no puede ser crítico, que no puede reclamar salarios, que no puede denunciar una situación edilicia. Entonces, es mucho más que un bono”, agrega Poblete.
El dictamen, emitido por el Departamento de Sumarios de la Dirección General de Personal de la Secretaría General de la Gobernación, con expediente 158 – 197. 509/2014-0, resolución 2.954/16, puede sentenciar a Nava y provocar un efecto dominó en el espíritu de lucha docente.
Nava, con 32 años de antigüedad, pudo asumir el cargo de vicedirectora, pero enfrenta una posible sanción que la dejaría cesante a poco tiempo de jubilarse. “Lo veo como un ensañamiento”, expresa. Y asegura que en el Ministerio de Educación no le prestaron atención a su reclamo y que la Asociación Docente Provincial no le ha expresado ningún tipo de apoyo.
