La complicidad corporativa y la pasividad del entorno cercano a víctimas y victimarios. Las normas son muchas pero la cultura machista sigue enraizada. 

Él me decía: ‘acordate que soy hijo de un juez’”. “Tuve que lidiar con la complicidad de mucha gente que sabía y callaba”. “Los policías se nos reían en la cara”.

Las denuncias y testimonios de varias mujeres contra el joven roquense Francisco Norry son concordantes acerca de una violencia brutal del acusado (humillación, golpes y privación de libertad) que se veía desde hace 12 años. Pero también son expresivas de dos actitudes que amenazan con alimentar la impunidad:

• la indiferencia y pasividad de quienes fueron testigos, sabían o escucharon pedidos de auxilio en torno de los casos,

• la actitud corporativa de algunos de los encargados de impartir justicia y de dar seguridad.

Parte del entorno más cercano de los protagonistas, incluido el familiar, y de ocasionales observadores de las situaciones de una violencia a flor de calle, dejaron inermes a las víctimas. “Muchos conocían su perfil violento, callaron y no actuaron”. La demostración más reciente pudieron haber sido los pedidos de auxilio desoídos deCarolina Bustelo desde el auto donde –según dijo– era llevada a los golpes. Ella le indicó a los gritos a una pareja que caminaba por las calles la dirección de la casa a la que se dirigían. Pero nadie evitó los padecimientos posteriores.

El otro ingrediente, la jactancia de ser “hijo de un juez”, no sólo puede ser utilizada en este y otros casos para amilanar a la víctima y disuadirla de denunciar. Es un poderoso mensaje tácito hacia quienes tienen capacidad de acción frente a un delito. Este alardeado poder puede hacer mella en un policía, fiscal o juez de flojas convicciones o cercanía con la familia del victimario. Puede disponerlo, por ejemplo, a no actuar frente a denuncias. Prima la actitud corporativa, que en un escenario local se potencia.

“Se trata de un duelo asimétrico injusto, del que saben sacar provecho con exquisita suspicacia”, reflexiona el psicólogo cipoleño Claudio Marín, quien ha asistido con frecuencia a varias jóvenes víctimas de violencia de género y abusos sexuales.

De hecho, hay que recordar que Norry ya había sido denunciado por golpes años atrás por una de las jóvenes, y una perimetral fue el único resultado de una causa que naufragó con rapidez.

Las fiscales de Roca Norma Reyes y Graciela Echegaray consideran, de todos modos, que “ya no estamos en una sociedad en la que ser ‘un hijo de’ sea sinónimo de impunidad porque esta situación te deja más expuesto, te juega en contra”.

Sin embargo, un policía que ríe cuando escucha de la víctima la pretensión de denunciar a un “poderoso” (como dice haberle ocurrido a una de las víctimas de Norry), un fiscal que cajonea una denuncia o no actúa inmediatamente o de oficio frente a hechos evidentes, un político que protege a un acusado por posibles favores recibidos, son claras luces de alarma de un destino de impunidad.

Algunos ejemplos de casos de protagonistas influyentes, con desigual desenlace:

• La joven que denunció al ex legislador Rubén López de abuso sexual debió esperar más de dos meses a que se activara su denuncia, y eso ocurrió sólo porque este diario la reveló. Una causa anterior contra este gremialista también esperaba justicia.

• La fuerte mediatización del caso de las golpizas a una joven pareja y amenazas de muerte atribuidas al ex camarista de Roca Carlos Vila contribuyeron a que éste fuera destituido “por graves desarreglos de conducta” y tuviera una condena a prisión en suspenso con relativa rapidez.

• Algo similar ocurrió más recientemente cuando se hizo “vox populi” el caso del juez Juan Bernardi, destituido y condenado a cinco años de cárcel en un hecho que mostró con dramática elocuencia cómo la corrupción de menores en situación de vulnerabilidad y el abuso de poder se entretejían. El suceso mostró una cadena extendida de responsabilidades que incluyó a “poderosos” personajes y que ya lleva nueve condenados.

• Río Negro aún no olvida los silencios y terror a hacer justicia que se pusieron en evidencia dentro del mismo sistema judicial durante varios años en el caso del empresario barilochense Juan Gilio, primero condenado por un delito de integridad contra una menor pero luego absuelto en un segundo juicio, convalidado por la Corte.

• Otra subterránea indignación se percibe ante la evidencia de que nadie haya sido capaz de hallar y detener a Jorge Chechile, quien huyó tras ser condenado por la muerte de una adolescente en un incidente de tránsito en Roca, un caso que permite presumir un marco de encubrimientos y relaciones de poder.

¿Se avanza o retrocede?

El caso Norry, como tantos otros en la región o el país, también nos interpela sobre la suficiencia y la utilidad de herramientas legales disponibles para combatir la violencia de género, así como las medidas puestas en práctica.

¿Se avanza en mejores condiciones y garantías para la mujer frente al drama de la violencia machista? La magnitud de los casos estadísticos, progresivamente mayores año a año, parecería indicar lo contrario.

Aun cuando escasean estadísticas en Río Negro, se sabe por ejemplo que en la circunscripción de Roca se registró casi un 60% de aumento en las denuncias durante el primer semestre de este año, en relación con el año anterior. La provincia registró en 2016 siete femicidios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya definió a la violencia de género como “epidemia mundial”.

Sin embargo, desde hace años se han generado normas, penas, instituciones, observatorios y herramientas de todo tipo para combatir la violencia contra la mujer, acompañados de un cambio de formación en la capacitación de personal policial y judicial y una campaña de comunicación cada vez más profusa acerca de las señales de advertencia que determinan el riesgo o la existencia de violencia. Por su parte, la movilización popular en las calles y redes sociales ante los casos más conocidos de agresiones y femicidios contribuyó a que haya mayor compromiso, difusión y poder de exigencia ante situaciones impunes.

Río Negro, en particular, tiene una generosa batería de normas: la ley D 4650, que adhiere a la nacional 26485 de Protección Integral, la ley D 3040 de violencia intrafamiliar y la 4845 que crea el Consejo Provincial de la Mujer. Están también las leyes contra la violencia obstétrica, contra los acosos, la que crea el Observatorio de Género, etcétera.

Las calles de nuestra región muestran a menudo policías de ambos sexos, hay comisarías específicas para la mujer, así como fiscalías temáticas. ¿Es suficiente? ¿Qué falla entonces para ponerle contención al exponencial crecimiento de la violencia que se denuncia?

“Para que esto realmente cambie van a pasar muchos años porque tenemos que hacer un verdadero cambio cultural”, sostiene la legisladora Marta Milesi, una de las que más ha trabajado en la lucha contra la violencia de género.

Efectivamente, la violencia contra las mujeres está claramente vinculada a diferencias de poder. A la hegemonía machista y al imperio de una cultura patriarcal enraizada que necesita el sometimiento para perpetuarse.

Un cambio –antes bien una revolución– cultural se hace necesario desde los cimientos mismos de la educación más elemental, en apretada colaboración con la familia.

Milesi considera que este objetivo debería constituir una política de Estado, atribuible a los tres poderes. Y se requiere del concurso responsable de los medios de comunicación, despojados de estereotipos de género y de un mero afán por reproducir y naturalizar sucesos policiales, cuando por el contrario se espera que sean constructores de conciencia crítica y que ayuden a identificar y eliminar los espacios que promuevan desigualdades de género.

Fuente: rionegro.com.ar

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