Por la quita de un subsidio del gobierno nacional, el precio del boleto de colectivo tendrá incrementos de 50 centavos por mes y a fin de año llegará $ 12,95. Las consabidas explicaciones y el reiterativo pedido de “sacrificio” a los usuarios se debaten esta semana en la Legislatura. Diputados quieren saber a dónde van a parar los $1.500 millones que el gobierno entrega en concepto de subsidios a los empresarios del transporte que a esta altura, mantienen inalterables sus ganancias.
El 28 de mayo y el 4 de junio son las fechas acordadas por la Comisión Bicameral de seguimiento para reunirse respectivamente con el Presidente de la AMT, Federico Hanne y con el Presidente de SAETA, Claudio Mastrandrea.
El aumento del boleto de transporte automotor programado hasta fin de año, la legislación sobre los “remises compartidos” y “remises interurbanos”, y las modificaciones de la Ley 7322 sobre el alcance de funciones de la AMT, serán algunos de los temas a tratar en la primera reunión.
En tanto, a Mastandrea (cuya principal característica es su reticencia a hablar con los medios de prensa), se le solicitará la información sobre los ingresos registrados por SAETA durante 2017 y 2018, cuáles son las empresas contratadas para la prestación del servicio y los montos abonados por la misma, la cantidad de usuarios en los últimos dos años, y la cantidad de bocas de recarga de tarjetas SAETA, además de conocer si esa actividad la realiza la empresa o está terciarizada.
La Comisión Bicameral de seguimiento en el proceso de constitución de la Autoridad Metropolitana Del Transporte (AMT), de La Sociedad Anónima De Transporte Automotor (SAETA) de la Aplicación de la Ley Nº 7.322, cuenta desde abril pasado con nuevas autoridades y han decidido conformar una mesa ejecutiva para avanzar en las problemáticas del transporte en Salta. La preside el diputado Alejandro San Millán, secundado por el senador Sergio Ramos y el diputado Ricardo Diez Villa. La mesa ejecutiva está integrada por siete legisladores: Alejandro San Millán, Sergio Ramos, Ricardo Diez Villa, Rosana Guantay, Silvia Abilés, Isabel De Vita, Esteban D’ Andrea y Mario Ábalos.
El cumplimiento de la ley vigente, costos y gastos de los servicios de transporte, detalles de la cantidad de unidades, funcionamiento del servicio en horas picos y de los recorridos en la zona del Valle, Cerrillos, Vaqueros y la Caldera, son algunos de las preocupaciones que los legisladores buscan canalizar a través de esta Comisión.
Los números
El diputado Javier Diez, del bloque Un Cambio para Salta, manifestó su preocupación por esta ecuación en la que de cuatro, quedaron tres componentes, y el sacrificio parte principalmente de uno de ellos: el ciudadano.
Sucede que el equilibrio para el mantenimiento del transporte público se basaba hasta hace poco, en tres ingresos: recaudación + subsidios nacionales + subsidios provinciales. Sin embargo, la decisión del gobierno de Mauricio Macri de quitarle al transporte salteño un subsidio de 55 millones de pesos y la imposibilidad de la Provincia de cubrir este desfasaje, como consecuencia de la adhesión al Pacto Fiscal, provoca que lo correspondiente a estos ingresos se traslade al precio del boleto de colectivo. La provincia continúa haciendo uso del sacrificio de los ciudadanos contribuyentes al aportar el subsidio provincial consistente en $1.500 millones, en tanto no se encuentra para nada visible en qué consistiría el “renunciamiento” por parte del empresariado como aporte en la disminución del impacto que ha provocado la decisión macrista.
“La quita de subsidios no puede recaer sólo en los usuarios del transporte. Se hace necesario analizar cómo va a actuar la empresa Saeta, cuál es el margen de ganancia, porque el esfuerzo no puede ser sólo de los usuarios sino compartido entre todos para que impacte de menor medida en el aumento del boleto”, sentenció el diputado Alejandro San Millán, quien presiden la Comisión.
“Necesitamos saber cuánto reciben, cuánto invierten y de cuánto es la ganancia que obtienen las empresas que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros en Capital y el Área Metropolitana. Si pedimos un esfuerzo y un ajuste en el bolsillo, no debe ser solamente en el de los usuarios», aseguró por su parte el diputado Javier Diez.
“El año pasado cuando se aprobó el pacto fiscal, se autorizó a Saeta a fijar el valor de su tarifa hasta un máximo que no supere el promedio nacional. Si atamos la tarifa a los costos de otras provincias tenemos un techo ilimitado, no se puede comparar nuestro transporte con lugares con otros costos o distancias mayores, eso va a llevar a julio a $12,50 la tarifa. Si le vamos a exigir al salteño el esfuerzo, que las empresas prestatarias también sacrifiquen algo”, señaló el diputado de Cambiemos.
Lo cierto es que los legisladores intentarán salir de los conocimientos globales que se tienen sobre los costos y ganancias del transporte para hilar más fino. Según el Presupuesto del año pasado, el costo operativo de Saeta consiste en la suma de $2200 millones. La empresa recauda $600 millones en concepto de venta de boletos efectiva. Según eso, quedan $1.500 millones de pesos de subsidios que entrega la provincia para que ocho empresas se los repartan. La Comisión entonces intentará develar el costo real del servicio y la utilidad de las empresas: los costos reales.
Sin licitación
Las licencias del servicio de colectivos del área metropolitana de Salta finalizaban el próximo 31 de julio, pero el gobernador Juan Manuel Urtubey —quien finaliza el mandato en 2019— tomó la decisión de dejar la tarea para el próximo gobierno. Es así como los contratos con las actuales operadoras, serán renovadas por dos años más en una extensión de plazos de los contratos.
Saeta y la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) habían comenzado a trabajar hace un año sobre las bases del llamado público que apuntaba a un nuevo ciclo de contratación proyectado a diez años, pero a partir de los vaivenes económicos financieros del país y que afectan de manera directa al sistema de transporte, la renovación quedó en punto muerto.
Desde provincia se argumentó que la idea, es dejar la decisión sobre el nuevo sistema de transporte para el próximo gobierno que asuma y de esta forma no dejar condicionada la gestión futura.
Sin embargo no faltan las mentes con pensamientos insidiosos que deslizan que en realidad la prórroga obedece a la decisión de que no se abra el juego y se den a conocer los números reales que maneja esta empresa del Estado.
“$2.200 millones es el costo anual del servicio, $1.500 millones de pesos anuales envía la provincia en concepto de subsidio, y por la venta de boletos solo se recaudan 600 millones. Queremos saber cómo se distribuyen esto entre las 8 empresas y el real costo operativo de Saeta ya que el año pasado nos prometieron pero no mandaron la información correspondiente”, afirmó el diputado Javier Diez.
Los empresarios
El titular de AMT Federico Hanne será el primer convidado al diálogo con los legisladores provinciales. El funcionario destaca la masividad del transporte de colectivo comparando cómo a nivel nacional, el promedio de gente que viaja bajo este sistema es del 50%, mientras que en Salta se supera el 70%. Y la explicación la encuentra en que en otras ciudades existen sistemas alternativos al colectivo, mientras que en Salta es el único. Hanne habla de que el servicio de colectivo está “sobredemandado a la demanda natural” y por eso la gente no puede acceder al servicio en determinadas horas. Este es otro de los motivos de la convocatoria, ya que legisladores como Isabel De Vita, plantean un servicio deficiente donde se requiere realizar un estudio pormenorizado de las horas pico y las hora valle para intentar resolver el tema dela escasez de frecuencias en la mayoría de las unidades.
Hanne manifiesta estar tranquilo frente a la convocatoria en el convencimiento de que las cuentas están claras y se publicitan a través del Boletín Oficial: “Esta suba no fue determinada por la provincia, sino por Nación que determinó un recorte en el subsidio nacional y que esto iba a ir aplicado a tarifas, fue una decisión de Transporte de la Nación”.
Y asegura: “No hay ocultamente de información. No coincido que haya sistema de ocultamiento. Hemos contestado cada uno de los pedidos que se hicieron. Las empresas no pueden hacer un balance de su situación contable porque para muchas, no son el único destino que tiene el empresario el servicio de transporte, también tienen otros rubros. Nosotros hemos recortado y exigido al empresario un sacrificio grandísimo respeto a la prestación de servicio, al congelar el valor por kilómetro, cosa que no se hizo en ninguna otra provincia. Históricamente la brecha entre el valor del kilómetro estaba entre un 25% o 30% por arriba del valor del boleto. Hoy el boleto está más alto que el valor por kilómetro. Lo tenemos congelado desde diciembre del año pasado”.
“Si una empresa trabaja a perdida se funde, necesita ganar plata. Como estado tenemos que trabajar para una ganancia razonable y si hay situaciones de crisis sea compartido entre Estado, empresario y usuario”, aseguró Hanne sin sonrojarse.
