El gobierno dejó 460 casas del IPV sin terminar. La empresa abandonó las obras.
Tras la caída de la constructora Ilarent, 460 viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda quedaron sin construir.
El equipo de investigación de El Tribuno detalló que la vaciada firma se quedó con esas obras habitacionales a comienzos de 2013, pese a sus censurables antecedentes financieros y a los graves defectos constructivos denunciados en las casas que había edificado en Los Ceibos en 2011 y 2012.
Las contrataciones, por cerca de $120 millones, fueron resueltas por el Instituto de Vivienda de los Trabajadores (IVT), con avales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), sin licitación pública. Un “acuerdo marco” firmado por la asociación civil ligada a la UOCRA y el organismo allanó el camino para que Ilarent accediera a las obras, cobrara millonarios anticipos financieros y se esfumara, dejando un tendal de deudas incobrables y perjuicios al Estado.
El caso parece calcado al de Sueños Compartidos, aunque a diferencia del escándalo que salpicó a la Fundación de las Madres por los desmanejos de los hermanos Schoklender, muestra responsabilidades mucho más nítidas en un órgano ejecutor provincial, como es el IPV, ante la vulneración de normas y controles del Programa Federal de Construcción de Viviendas.
La empresa que entró en cesación de pagos recibió millonarios adelantos antes de abandonar las 300 viviendas que le adjudicaron en El Huayco y otras 160 en Atocha.
En marzo, 250 trabajadores de Ilarent se manifestaron, en las puertas del IPV, en reclamo de salarios retrasados. Los obreros afectados cuestionaron la inacción de la Uocra, la que para muchos se debió a que un hermano del secretario general del sindicato, Augusto Ortiz, era el capataz de las obras abandonadas.
