Mientras los desmontes siguen causando polémica en Salta, el Presupuesto 2015 presentado en el Congreso vuelve a destinar ínfimos recursos para la conservación de los bosques nativos: menos de $250 millones cuando debería conformarse con recursos muy superiores. (Gonzalo Teruel)
El lunes, mientras Salta se llenaba con 850 mil peregrinos procesionando con el Señor y la Virgen del Milagro, el ministro de Economía, Axel Kicillof, presentaba en el Congreso el proyecto de Presupuesto para el año próximo. Las proyecciones del verborrágico titular del Palacio de Hacienda fueron en sintonía con la política económica nacional y no sorprendieron a nadie: inflación inferior al 16%, tipo de cambio de 9,45 pesos por dólar, y crecimiento cercano al 3%.
Como en años anteriores, los principales congresistas opositores aseguran que el Presupuesto es simplemente “un dibujo” que no se condice con la realidad; Kicillof, en cambio, explica que es “un programa de trabajo” y no un compilado de vaticinios vacíos de contenido político. Como sea, en las próximas largas semanas, el kirchnerismo deberá ratificar su enorme capacidad de construcción de mayorías para aprobarlo como hizo en los últimos días con las polémicas leyes de Abastecimiento y de Defensa del Consumidor.
Amén de las proyecciones macroeconómicas para el último año de Cristina Fernández de Kirchner en Casa Rosada, el Presupuesto es la ley marco para toda la economía y contiene información que trasciende al Poder Ejecutivo Nacional y alcanza a las provincias. En el caso de Salta por ejemplo, de acuerdo a la interpretación del ministro de Economía, Carlos Parodi, las transferencias nacionales sumarán casi $15 mil millones en concepto de coparticipación más otras partidas dinerarias y obras de infraestructura.
Como dato positivo, el nuevo Presupuesto refleja el enorme crecimiento de la economía argentina y supera la cifra $990 mil millones desde los $59.700 millones de 2004, primera estimación realizada por la administración “K” tras el interregno presidencial de Eduardo Duhalde. Ese enorme caudal de recursos no alcanza, sin embargo, para ocultar las cuentas pendientes de la economía política argentina. Desde la oposición, por caso, denuncian que se trata de un proyecto unitario con escasas transferencias automáticas a las administraciones provinciales y con “olvidos” imperdonables.
Ley de Bosques
Ejemplo paradigmático de esos olvidos es el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” al que Kicillof asigna -como sus antecesores- menos de $250 millones cuando debería conformarse con recursos muy superiores. De acuerdo a la ley de Bosques, este fondo debe integrarse “por las partidas presupuestarias que (…) no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y “el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
A partir de esa fórmula -0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas- en organizaciones ambientalistas y consultoras económicas requeridas por Cuarto Poder calculan que los recursos para el cuidado de los bosques nativos deberían sumar unos $5 mil millones “no menos de $2.900 millones del 0,3% del Presupuesto y no menos de $2 mil millones del 2% de las retenciones, en un cálculo absolutamente conservador”.
No es la primera vez que el gobierno nacional minimiza los envíos para el cuidado de los bosques. En cantidades aproximadas, el portal web Valor Soja calculó que “en los últimos 4 años el Poder Ejecutivo Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por casi $10 mil millones pero apenas desembolsó $1.010 millones”.
En efecto, la ley de Bosques fue sancionada en 2007 y para los ejercicios presupuestarios 2008 y 2009 se destinaron sumas irrisorias; recién en 2010 hubo una asignación específica de $300 millones cuando -siguiendo la fórmula legal- debieron asignarse unos $1.300 millones. En 2011, en tanto, debieron enviarse aproximadamente $1.850 millones al Fondo de Bosques pero el Presupuesto no tenía ninguna partida específica y sólo indicaba que “se prevé atender el enriquecimiento y la conservación de los bosques de acuerdo a la ley 26.331”. Para peor, el Presupuesto no fue aprobado por el Congreso y el gobierno repitió los movimientos económicos y financieros del año anterior.
En 2012 el monto girado a las provincias debería haber sido de $2.200 millones pero sólo fue de $267 millones. En 2013 y con idéntica lógica los recursos debieron sumar $2.500 millones y, sólo en el papel y sin rendición total de su ejecución, se nominaron $260 millones: $230 directamente imputados al Fondo de Bosques y unos $30 millones más para el funcionamiento operativo de las oficinas encargadas del tema. Los números de 2014 son casi idénticos a los del año anterior y se repiten en el Presupuesto 2015: $232.450.000 -doscientos treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos- a los que deben adicionarse $14 millones para el “Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos”. El gobierno nacional aportará, entonces, menos de $250 millones para el cuidado de un recurso ambiental y social fundamental, como son los bosques.
Salta es la provincia con mayor superficie de bosques por conservar en el país y, por lo tanto, la más perjudicada por esta irregular asignación de recursos federales. Su gobierno, sin embargo, no está en condiciones de reclamar: desde hace un par de meses los reclamos por los desmontes volvieron a ocupar -como en los tiempos de Juan Carlos Romero en la gobernación- la agenda política y mediática provincial y nacional. Ocurre que distintas organizaciones políticas y ambientalistas, con Greenpeace a la cabeza, acusan a Juan Manuel Urtubey y sus funcionarios de autorizar desmontes indiscriminados.
Estas organizaciones ambientalistas denuncian que la provincia opera un mecanismo de “recategorización” de zonas boscosas que viola el principio conservacionista de la ley nacional al permitir el avance de las topadoras en zonas prohibidas para el desmonte según el mapa de Ordenamiento Territorial elaborado en cumplimiento de la normativa federal. “Desde 2008 la provincia autorizó el desmonte de 210 mil hectáreas, de las cuales 81 mil se autorizaron tras la recategorización de zonas lo que implica que el 40% del total de los desmontes se realizaron bajo este mecanismo”, aseguró, al respecto, Claudio Del Plá, diputado del Partido Obrero que quiere suspender “durante 24 meses y por ley” la marcha de las topadoras en el norte salteño.
Este argumento no termina de ser rebatido por las autoridades ambientales de la provincia. De hecho, el ministro Baltazar Saravia no salió bien parado ante el cuestionamiento que le hizo el periodista Diego Iglesias para el programa de humor político CQC que emitió el miércoles -para todo el país- el influyente Canal 13 de Buenos Aires. Palabras más, palabras menos, Saravia intentó convencer al cronista de que la provincia cuida los bosques y autoriza desmontes sólo dónde el daño ambiental y social “es menor y está controlado” pero no pudo explicar, entonces, por qué firmó una resolución -la 381 del pasado 29 de agosto- suspendiendo las “recategorizaciones” y sus consecuentes desmontes.
