Un informe de Auditoría sobre el Programa Lucha contra el SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual muestra irregularidades en el manejo de medicamentos de alto costo, fallas de almacenamiento y falta de control sobre quiénes acceden a ellos. (Julieta Lucero)

El documento está disponible en la página web de la Auditoría General de la provincia. Son tres clicks los que separan el saber del no saber. Son tres clicks los que permiten leer que, al menos hasta el 2013, por “falta de manuales de procedimiento respecto al tratamiento de la medicación vencida”, la Unidad Provincial del Programa Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual de Salta guardaba los medicamentos vencidos con cajas identificables, pero “dentro del depósito junto al resto de los medicación y no es un lugar apartado de ésta”, con un “riesgo medio” de tener un “error en el despacho de la medicación, ya que se podrían incluir en las entregas de medicación vencida”. ¿Ejemplo gráfico? Hay más.

Los problemas a la hora de almacenar la medicación no son los únicos que detalla el informe. Bajo la firma de la Cra. M. Segura y el Cr. J. Poma, se señala, entre otras cosas, el registro incorrecto de información relacionada a la entrega de los medicamentos en distintos hospitales de la provincia, la ausencia de fechas y firmas de planillas en papel e, incluso, la falta de uso de un sistema informático existente por parte de la Unidad Provincial del Programa para el envío de datos al Ministerio de Salud de la Nación, datos que luego forman parte de las tan citadas estadísticas. La gravedad de las irregularidades es manifestada en el mismo informe al señalar que, en algunos casos, el fácil acceso a las farmacias de los hospitales donde se encuentran los insumos podría devenir en el robo de medicamentos que tienen un alto costo de mercado.

Como objetivos a mediano plazo, el programa trabaja para disminuir la infección por VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en la población, mejorar la calidad de vida de las personas, optimizar la gestión y logística de entrega de insumos, así como fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Entre 2012 y 2013, esos objetivos se vieron obstaculizados por problemas de almacenamiento, administración y comunicación tanto externa como interna que, según la Auditoría General, conllevan   riesgos de alto, medio y bajo grado sobre el funcionamiento del programa, pero, más grave aún, sobre la población.

A guardar, a guardar

Según el informe, la Unidad Provincial del programa en cuestión recibe medicamentos, reactivos, leche de inicio y material de prevención de la Dirección de SIDA y ETS, a través del Programa Remediar, y los distribuye a los titulares de derecho (los pacientes en tratamiento) y a las Áreas Operativas (instituciones efectoras del programa tanto en la capital como en el resto de Salta) por medio de la empresa OCASA. Es en las oficinas de Salta donde se incumplieron los procedimientos de almacenamiento señalados, pero los hospitales del interior tampoco se quedaron atrás.

En el Hospital San Vicente de Paul, de la ciudad de Orán, según el jefe de Infectología los elementos que llegan al consultorio de esa especialidad son controlados en cantidad, pero no existe un control sistemático del lote y de los vencimientos. La auditoría detalla que la causa es la “falta de implementación de los manuales de procedimiento”, que, al igual que en la ciudad de Salta, podría llevar a una “posible recepción de medicación vencida o próxima a vencer con las potenciales consecuencias en caso de utilización por parte de los titulares de derecho”.

En la farmacia del mismo hospital suceden irregularidades que podrían considerarse complementarias. A la falta de registro y control de stock de medicamentos, insumos y reactivos del Programa Nacional de Lucha contra el Sida, se suman los “posibles pérdidas, extravíos o robos de reactivos y medicamentos” que el mismo informe señala como “de alto costo”. El motivo explicado es la “falta de implementación de medidas de seguridad”: durante el horario de atención al público, el acceso es libre por la puerta mostrador, “facilitando el acceso al interior de la farmacia a personas ajenas a la misma”. No conforme con eso, la heladera en donde se guardan es compartida con otros insumos del hospital, lo que permite que personal de distintas áreas acceda al lugar.

Quizás los datos aportados por la auditoría puedan parecer sólo detalles a mejorar por parte del programa y sus efectores, pero la gravedad de los hechos se pone en peso a la hora de pensar, por ejemplo, en la venta ilegal de medicamentos robados. Tras el asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, que dejó al descubierto el mercado negro de los medicamentos, Marcelo Perreta, secretario general del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal, ya a mediados de 2008 estimaba que se trataba de “un mercado que en la Argentina mueve 1.100 millones de pesos al año”.

Otro detalle señalado por la auditoría, que podría ser leído en la misma línea, es la “falta de planificación del mobiliario necesario” en el San Vicente de  Paul. Al no contar con una heladera para almacenar los reactivos, desde la institución se recurría a otras dependencias del hospital que no eran el sector farmacia para guardarlos. Otra vez, una facilidad de acceso cuyo efecto, en este caso, es entendido por quienes hicieron el informe como “posibles pérdidas de reactivos e insumos de alto costo, como así también, posible pérdida de la cadena de frío necesaria”.

Para citar otro caso en el que se incumple con el control del stock, el servicio de Farmacia del Hospital Presidente Juan Domingo Perón, de Tartagal, “no confecciona regularmente ni remite a la Unidad Provincial el informe de stock de los medicamentos y leche de inicio que se encuentran en el sector”. El riesgo es considerado como alto por parte de los auditores, y la causa y el efecto del problema observado son explicados de forma escueta: “causa: falta de cumplimiento de los procedimientos de información de stock previstos en las instrucciones del programa. Efecto: Carencia de información sistematizada sobre los stocks de medicamentos y leche de inicio”. Las posibles consecuencias de esa ausencia de datos quedan al libre albedrío de la imaginación del lector.

Quizás el detalle más pequeño, pero la falta más burda, es la ausencia de firma en las planillas de entrega de aquellas personas en situación de cárcel en el Servicio Penitenciario de Orán. Al aplicarse los controles necesarios por parte del personal encargado de la entrega de medicación, hay una “carencia de información fidedigna referida a la entrega de medicamentos a los titulares de derechos”.

Ante los problemas de almacenamiento de los medicamentos y el deficiente registro de los datos mencionados; ante la falta de uso de un sistema informatizado ya existente para notificar a Nación los enfermos, los casos nuevos, los recién nacidos y fallecidos, por “falta de personal para la carga de datos originales al sistema”; ante la falta de regularidad de las personas en tratamiento a la hora de retirar los medicamentos; ante la “falta de seguimiento y comunicación con los titulares de derecho sobre la importancia de los cumplimientos de los plazos”; ante la falta de confidencialidad de las historias clínicas en alguno de los casos; ante la repetida falta o escasa “publicidad para la prevención y tratamiento del Sida y de las ETS” observados en los distintos hospitales; ante toda esta falta, sobra en quienes entran a la página web de la Auditoría General de la Provincia algo muy presente en esta sociedad salteña del siglo XXI: la fe. Sobra un intenso deseo de creer en la ética profesional de aquellos relacionados al ProgramaLucha contra el Sida y ETS y la capacidad de mejoría de esta pieza clave en materia de políticas públicas para el cuidado de algo tan básico y terrenal como la salud.