Desde el norte llegan noticias alarmantes. Dengue en Orán y acusaciones sobre entierros irregulares en Tartagal, supuestamente ordenados por el hospital local. El Fiscal Pablo Cabot admitió a Cuarto Poder que sabe de la denuncia realizada. (Gonzalo Teruel)

Alguna vez fue el cólera y ahora es el dengue, otras veces la violencia, la desnutrición o las inundaciones, y siempre la pobreza. Desde el norte salteño, en los confines de la patria, sólo llegan malas noticias. Pero como ésta, que ya merece la atención de la justicia, muy pocas: decenas de personas fueron enterradas de manera irregular y sin que quede constancia alguna de sus fallecimientos.

La acusación fue efectuada el viernes de la semana última por el abogado Sergio Heredia a partir del testimonio de un trabajador recientemente cesanteado (a través del Decreto 340 del pasado 4 de abril) en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal: Luis Oscar Barraza.

Según la denuncia a la que accedió Cuarto Poder, en un primer encuentro Barraza contó a Heredia que trabajó más de 40 años en el sector de la morgue y que “sabía muchas cosas que se habían cometido en el hospital y que él mismo había enterrado en los últimos años a más de 40 cuerpos en distintos lugares de la zona”. Ante la sorpresa del abogado, el trabajador de la sanidad relató que “a pedido de gente del hospital había enterrado más de 40 cuerpos de niños, fetos, hombres y mujeres, la mayoría aborígenes, en distintos lugares”. En la denuncia que ya está en poder del fiscal penal Pablo Cabot están mencionados como sitio de los entierros el Cementerio Municipal, el Kilómetro 6 “donde están las comunidades aborígenes”, y “un lugar llamado La Loma” en la localidad de Aguaray.

“Le hice al Señor Barraza varias preguntas al respecto y me contestó que en el Cementerio Municipal tenía gente amiga que lo ayudaba a hacer los entierros, que los cuerpos eran llevados en las ambulancias del Hospital y que no se identificaba las tumbas, y que también había realizado entierros irregulares en el sector del Kilómetro 6 donde están las comunidades aborígenes. En el Hospital no había registros de esos entierros y que era gente que había fallecido en el Hospital y que nadie los reclamaba. Que algunas veces la Municipalidad le daba los cajones” relata, dantesco, el abogado en su exposición.

Y además advierte que el propio Barraza le dijo en más de una oportunidad que algún día “iba a contar la verdadera historia del Hospital de Tartagal, de las atrocidades que se cometieron en el mismo”. Por eso, ante tamaña acusación que recae sobre el Hospital y el Cementerio y sobre la propia Municipalidad, Heredia quiere que el fiscal Cabot investigue y desarrolle la correspondiente acción penal “a los fines de determinar sus autores, la ubicación de los cuerpos y la identidad de los mismos”.

Siempre de acuerdo a la denuncia, en un segundo contacto Barraza repitió su escalofriante relato a Heredia e insistió en que “podía identificar los lugares, que se acordaba de todos ellos” y que “todos eran irregulares porque no había constancia en el hospital de esos entierros”.

Y agregó horribles detalles como que “había enterrado varios fetos usando un solo cajón y que hacía poco había enterrado a una mujer con su hijo fallecidos en el Hospital”. Más atroz aún, el agente sanitario “dio a entender que los fetos que se enterraban provenían de abortos ilegales practicados en el Hospital”.

Además contó que “ya había hablado con la Dra. Gladis Paredes y le comentó el asunto de los entierros” y acordó con el letrado que éste hablara con las autoridades del Hospital “porque todo esto era muy grave”.

En efecto, Heredia consiguió a través de su exesposa Silvia Zabczuck, medica en el nosocomio, una reunión con la Dra. Brain “el día lunes a las 8 de la mañana en la dirección del Hospital” pero el encuentro no se produjo porque el abogado prefirió presentarse directamente a la justicia y realizar la denuncia penal. “Todo esto era un escándalo y si había delincuentes estaban en el Hospital porque el Señor Barraza me dijo claramente que los entierros se hacían por órdenes de autoridades del nosocomio” explicó y profundizó la acusación.

Ya con la denuncia formalizada, esta semana Cuarto Poder se comunicó con la dirección del nosocomio pero no tuvo respuesta alguna. La Dra. María Luisa Grande, subgerenta del Hospital Juan Domingo Perón, dijo no tener ninguna notificación ni saber de la acusación.

Más aún, cuando se le pidió el contacto con la gerenta, la Dra. Viviana Beatriz Brain, se produjo un episodio singular: respondió que estaba de viaje en Salta y que en sus viajes no llevaba teléfono celular. Desde esta redacción se hizo notar que “en una situación como la que se vive en el norte sería prudente que lleve celular” del otro lado de la línea solo se oyó un silencio roto por la confesión de que, en realidad, prefería no darnos el número.

Al cierre de esta edición, una semana después de radicada la denuncia en la Fiscalía Penal 2 de Tartagal, en el Ministerio de Salud Pública que todavía encabeza Oscar Villa Nougues también desconocieron la atroz querella y aseguraron no haber recibido notificación oficial alguna. El fiscal Pablo Cabot, no obstante, confirmó a Cuarto Poder que ya se realizan las actuaciones preliminares, en base al contenido de  la denuncia, y aunque aclaró que “todavía no hay ningún imputado” avisó que la próxima semana “seguro habrá novedades”.