“¿Espontaneidad, capricho o negocio?” Así empezaba nuestra nota de octubre del 2012. Denunciaba que tras $50 millones en expropiaciones, la provincia suspendía obras que preveían que el muro con el que colisionó Bautista Urtubey se demoliera para permitir la traza original de la circunvalación sureste. (Daniel Avalos)

La nota en cuestión se tituló “Los improvisadores” y ocupó las páginas 6 y 7 de la edición 935, del sábado 6 de octubre del 2012. Explicaba cómo la improvisación del gobierno provincial le había costado a la Casa Rosada casi $50 millones; y al propio gobierno provincial más de 300 para hacer la misma obra, aunque usando un trazado distinto al original. El cambio de planes poseía dos consecuencias señaladas entonces como irreversibles: un trazado final de ruta con consecuencias imprevisibles en lo humano y un despilfarro de dinero increíble. Lo segundo se supo desde siempre; lo primero, terminó de evidenciarse el pasado sábado con el trágico accidente que le costó la vida a dos adolescentes, uno de lo cuales era el sobrino del gobernador: Baltasar Urtubey, joven de 17 años e hijo del dirigente de Unión Industrial Argentina, José Urtubey.

El adolescente manejaba el vehículo que trasladaba 9 jóvenes, se dirigía de norte a sur y enfiló por la autopista que desemboca en el Parque Industrial, previo paso por Villa Floresta. Al final de esa autopista, el conductor perdió el control del rodado y terminó colisionando con el paredón de un aserradero que, increíblemente, marca el final abrupto de la autopista, obligando a un giro de 90º hacia la derecha que deviene en una típica callecita de barrio que, en bajada y tras escasos 50 metros, se topa con la avenida Delgadillo, por donde camiones de todo porte transitan en todas las direcciones. Sea para ingresar a la ciudad por la Avenida Artigas, sea para salir de la ciudad usando la misma vía, dirigirse al Parque Industrial serpenteando entre las casas de B° Floresta y bordeando las viviendas de Villa Mitre o para ir en busca del tramo de la Circunvalación Sureste que desemboca en B° Solidaridad.

Todas maniobras que exigen de un zigzagueo peligroso en el que abundan vehículos pesados que no deberían transitar por esas calles si el trazado original de la circunvalación, se hubiera respetado.

“La historia”

Ese era el subtitulo de aquella nota de octubre del 2012 que repasaba una historia disparatada. Transcribimos ahora los párrafos de aquel número:

“No se entiende por qué el gobernador Urtubey decidió en 2009 desmantelar un proyecto que se venía gestando desde los 70. A mediados de esa década, a través de decreto nacional 505/51, se autorizó una inversión para la liberación de traza, ejecutadas mediantes Convenios de Adquisición Directa de los bienes afectados, para construir un mejor acceso a Salta. El proyecto, sin embargo, se empezó a desarrollar recién 20 años después, el 23 de agosto de 1996, cuando se suscribió un acuerdo con el gobierno de la provincia. Vialidad Nacional se comprometió a la liberación de traza desde el peaje de Aunor hasta el acceso al Parque Industrial inclusive (barrio Floresta); mientras que la provincia prometió aportar personal e infraestructura necesaria para su concreción”.

Las obras empezaron con el gobierno de Juan Carlos Romero, en 1997. Como había fincas y parte de un barrio que se debía tirar abajo para que por allí pasara la autopista, Vialidad Nacional comenzó con trámites para expropiar de la mejor manera esos terrenos: realizaron la tasación de catastros afectados (con vencimiento anual), citación de propietarios, suscripción de convenios, aprobación de los mismos y, por último, el pago más 10% de advenimiento directo”.

La prosecución del trabajo de Vialidad se interrumpió por la crisis económica que atravesó el país en el 2001. Por esta interrupción, el lugar de la traza se prestó a que diversas personas especularan: se mezclaron propietarios con ocupantes.
Los que sufrieron en serio esta situación fueron los propietarios, las personas que sentían sus casas como hogares: construcciones erigidas con mucho esfuerzo, ladrillo a ladrillo, donde habían vivido con sus familias y habían derramado experiencias y recuerdos.

Estas personas quedaron atrapadas en la incertidumbre y paralizadas en el tiempo, porque se les había dicho que estaba prohibido avanzar en mejoras de sus casas con el pretexto de que no se les pagaría esas obras. Algunos vecinos sufrieron enfermedades por la irresolución, otros se deshicieron de sus propiedades por precios muy bajos porque pensaron, en ese marco de crisis que se cargó varios presidentes, que el gobierno nacional les pagaría muy poco.

Tiempo después, muchas familias firmaron el acuerdo, recibieron la plata y vieron cómo se demolieron las casas porque supuestamente allí iban a construir una ruta que beneficiaría a todos los salteños. Más allá de que recibieron un monto justo por sus propiedades (el gobierno nacional finalmente pagó bien, muy bien incluso), estas personas habían aceptado irse porque creían que le estaban haciendo un aporte a la provincia. Pero todo fue en vano.

Y también los trabajadores dilapidaron sus esfuerzos. Y es una pena, porque fue un trabajo minucioso. Primero, en conjunto la Secretaría de Tierra y Hábitat, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial realizaron trabajos de censo, dando como resultado 465 familias que se encontraban dentro de la zona de camino. Hicieron un trabajo fino para detectar cuáles eran los propietarios de verdad y cuáles los avivados que en 2001 improvisaron una vivienda con la mera expectativa de recibir la plata de la expropiación. Como consecuencia del trabajo realizado, entrecruzando datos entre las instituciones, se llegó a computar 260 familias ocupantes reales.

A partir de esos datos Vialidad Nacional comenzó a pagar a la mayoría de los propietarios. Primero revisaban las casas, comprobaban los planos y hacían una tasación. Llegaron a firmar 92 convenios con propietarios. Quedaban, solamente,  actualizar 51 tasaciones, de las 143 propiedades que restaban abonar. Ya estaba todo listo. Hasta que llegó la era Urtubey, en la que se miró con otros ojos, especialmente la zona en torno al autódromo.

Entre 2007 y 2009 los avances fueron significativos como nunca antes, ya que el propietario abonado en 60 días dejaba la propiedad para su correspondiente demolición, y así se efectuaron más de 30 rápidas demoliciones (la rapidez era fundamental para evitar que las viviendas fueran ocupadas por otras personas). Además, a la vera del río ancho vialidad provincial expropió una matrícula para la construcción de la autopista, quedando un remanente que podían albergar 140 familias en lotes individuales de 10 x 30, y en ese momento la Secretaria de Tierra y Hábitat podía conseguir terrenos cerca de Atocha para 65 ocupantes más, por lo que solo restaban 55 familias a reubicar, cifra que era totalmente manejable. Estaban a un paso de dejar la traza liberada: los demás ocupantes tras intimaciones dejarían también los terrenos porque ya contaban con lugares donde habitar.

Y entonces, de repente, se interrumpió todo. Hubo una reunión, en la que el director de Vialidad Provincial, el Ingeniero Gerardo Villalba, comunicó que por orden del gobernador se paralizaban las actuaciones sobre el Barrio Floresta, dejando a merced de los ocupantes todas las demoliciones programadas que no se ejecutaron, y todos los terrenos en donde se habían efectuado limpieza. No hubo una explicación, ni un argumento. Simplemente fue una orden: destruir el trabajo de años.

Hasta el momento (…) Vialidad Nacional ya había invertido $48 millones 800 mil en expropiaciones desde el peaje de Aunor hasta el parque industrial (muchos de esos terrenos expropiados hoy están nuevamente ocupados; incluso hay casas que estaban por ser demolidas que hoy tienen uno o dos pisos más). La segunda directiva de Villalba fue buscar una alternativa a dicha obra, con lo que evidenció que ni siquiera tenían un plan B cuando decidieron cancelar el A. Y el plan B, que surgió después, es torpe. Porque Salta no tendrá una circunvalación con autopista: el desvío del camino original continúa con un giro forzado en una avenida y, unas cuadras después, en una calle. Los que vienen pasan de una autopista con 120 metros de ancho a una callecita, y esto perjudica mucho a los vecinos del lugar y afecta especialmente a los que manejan (…) Además, desde luego, está el perjuicio económico: entre todas esas ideas y vueltas, la provincia ya ha gastado más de  $320millones”.

Lo que no debía estar

El muro que delimita el aserradero con el que colisionó el sobrino del gobernador, ya no debería estar allí. Conocidos los hechos y desarchivando aquella nota, Cuarto Poder se comunicó con empleados de Vialidad Nacional y Provincial que prefirieron el anonimato pero corroboraron lo que ya habían declarado hace dos años: parte de ese aserradero debía demolerse para dar lugar al trazado original de la autopista. No era todo: el propietario del aserradero era uno de los muchos que ya había recibido el dinero por la expropiación.

La memoria de los técnicos de Vialidad es tal, que incluso recuerdan el detalle del proceso. El propietario del aserradero había protagonizado un llamado “juicio inverso” (tecnicismo que marca cómo un propietario que sabe que su terreno puede ser expropiado, se anticipa a la medida iniciando un juicio en busca de frenar dicha expropiación) que finalmente perdió, situación que no impidió que cobrara efectivamente el dinero que la nación destino para tal fin. Empleados de Vialidad rememoran también que ellos se habían encargado de conseguir los camiones que trasladarían la madera que el aserradero debía trasladar a nuevo destino.

Nada de eso ocurrió. Entre fines del 2009 y el 2010, las obras se suspendieron y el trazado se modificó para quedar tal cómo ahora existe. Aquel artículo se preguntaba si el cambio de planes obedecía a espontaneidad, capricho o negocios inmobiliarios. Para los empleados de Vialidad que hoy lamentan como muchos las muertes ocurridas el pasado sábado, ni la espontaneidad, ni el capricho, ni el negocio inmobiliario, explican aquel absurdo. Ellos aseguran que el cambio de planes obedecía a cálculos estrictamente electorales: evitar corte de calles, quema de gomas y reclamos iracundos de vecinos que empañaran la carrera electoral de 2011.

No sabe, no contesta

Cuarto Poder buscó comunicarse con el Director de Vialidad, Gerardo Villalba. Se nos informó que un encuentro era imposible y una entrevista telefónica poco conveniente por la importancia del tema. Nos pidieron que, vía mail, remitiéramos las preguntas para finalmente informarnos que no serían respondidas. La respuesta del equipo de prensa del organismo que dirige Gerardo Villalba fue la siguiente: “El director decidió que, habiendo dado la conferencia de prensa el Gobernador, no tiene nada que decir  sobre el tema. A futuro podremos hablar de cualquier ruta y de cualquier tema vinculado a la función. Si la intención es tratar objetivamente el tema de la ruta, expropiaciones y cualquier cosa  de competencia  de Vialidad lo podremos hacer alejados en el tiempo de esta situación particular que nos duele profundamente”.

Convendría precisar al respecto dos cosas. La primera tiene que ver con esa convicción que parece anidar en los funcionarios del gobierno: creer que el dolor por lo acontecido es propiedad exclusiva de ellos. Lo segundo es de índole periodística. Cuando el jueves la redacción de Cuarto Poder se comunicó con el organismo, desde allí informaron que era interés del funcionario evacuar nuestras dudas. Por ello mismo, aclararon, ante la imposibilidad de concretar un encuentro y la inconveniencia de una entrevista telefónica la mejor alternativa era remitir al funcionario un cuestionario vía mail.

Reproducimos aquí las preguntas remitidas a Gerardo Villalba:

1.- ¿Por qué el final de una autopista es un paredón que obliga a un giro de 90° hacia una calle que desemboca en una avenida doble mano destinada a camiones? ¿Alcanza con sólo señalizaciones que indican el final de la autopista?

2.- El trazo actual de la circunvalación sureste entre B° Floresta y el Parque Industrial, se caracteriza por ser un zigzagueo permanente de vehículos entre las casas de B° Floresta y el borde de las viviendas de Villa Mitre. ¿Eso responde técnicamente al concepto de circunvalación?

3.- El trazado original de esa circunvalación era otro. Las obras habían empezado en 1997, se detuvieron en el 2001 por la crisis económica y volvieron a tomar impulso entre 2007 y 2009 con expropiaciones, demoliciones y hasta proyectos de trasladar a los “expropiados” a otras zonas de la ciudad. En el 2010 las obras se suspendieron y el trazado original pasó a ser historia ¿Quiénes ordenaron la suspensión de las obras y que razones la motivaron?

4.- Empleados de vialidad afirman que si el trazado original se hubiera respetado, el paredón en el que perdió la vida el sobrino del gobernador y una adolescente ya no debía estar ahí por pertenecer a un aserradero expropiado. Precisan que el  propietario de apellido López trato de frenar la expropiación con “juicio inverso” que finalmente perdió aunque igualmente recibió el dinero por la expropiación ¿Puede desmentir esa versión?

5.- Según informes periodísticos de Cuarto Poder del año 2012, el dinero que el estado nacional pagó por las expropiaciones arañaba los 50 millones de pesos. ¿Puede desmentir esas cifras?