Luego de que se conociera que un ex concejal recibió una de las casas del IPV sin pasar por el sorteo (como tantos otros), este organismo difundió un parte aceptando que las adjudicaciones directas existen y que están justificadas porque son operatorias especiales.
El caso fue difundido por este medio el pasado sábado cuando en la web del gobierno el beneficiario, el concejal mandato cumplido Gustavo Castro, recibía de manos de Urtubey el beneficio al que miles de salteños no acceden. El beneficiario es parte de la agrupación que preside el ultra oficialista Matías Posadas y la casa en cuestión se ubica en el barrio se llama Posta de Yatasto que se encuentra en inmediaciones del que fuera el Velódromo de la zona norte. Ante el caso que luego fue retomado por medios como El Tribuno, el IPV salió a tratar de explicar lo inexplicable y declaro, en síntesis, que el curro puede ser curro pero es legal. “La entrega de viviendas realizada el viernes último en barrio Posta de Yatasto se realizó bajo las normativas vigentes”. En relación a los sorteos públicos, explicaron que se utilizan para la adjudicación de viviendas que no se corresponden con las “operatorias especiales” (un sinónimo de ser amigote del Gobierno) y “la normativa admite que los postulantes sean presentados por dichas instituciones”. Este no es el primer ni el último caso, recordemos el escándalo de Lomas de Medeiros el año pasado, o lo sucedido en Barrio Los Profesionales (detrás de la UCaSal).
