Una denuncia presentada en la Fiscalía de Tartagal y la secretaría de Ambiente alerta sobre las habilitaciones para la explotación forestal y el uso de las guías para extraer madera en San Martín. Empleados son objeto de sumarios administrativos. (Daniel Avalos)

Quien relató y documentó a Cuarto Poder los turbios sucesos que se relataran pidió algo que acá respetaremos: preservar su identidad por lo que aquí lo nombraremos como E.F.L. Se trata de un hombre desesperado. Por padecer una enfermedad terminal según los certificados con los que carga y porque es protagonista de una situación dónde él haría de punto miserable en medio de una estructura poderosa que está al borde de quebrarlo moralmente.

A la enfermedad la vive con cristiana resignación. Pero lo segundo lo deslizó hacia una especie de euforia bélica contra lo que llama la mafia de la madera en el departamento de San Martín. Que esto último es cierto, lo confirman las dos denuncias que realizó durante la semana: una fue presentada el lunes en la Fiscalía Penal Nº 3 de Tartagal; la otra en la Secretaría de Ambiente de la provincia en donde Enrique Duarte, abogado asesor del organismo, le tomó declaración y rubricó el testimonio del denunciante.

Este vive desde diciembre de 2015 una situación que siendo común en la actividad del maderero, con él se tornó tormentosa: carece de la prórroga que le permita explotar y extraer madera de su finca. Tal carencia, asegura, obedece a su negativa a ceder ante una extorsión de $200.000 pergeñada por un finquero vecino con el que mantiene un conflicto, pero que involucra también a personal de esa Secretaria. Los mismos ocupan puestos claves a la hora de evaluar los pedidos de habilitaciones para la explotación maderera y la distribución de guías forestales: esas que posibilitan que un particular extraiga madera de su propiedad para venderla a los aserraderos del norte provincial o a otros puntos del país.

Las denuncias señalan sin complejos la identidad y los cargos de la supuesta pata estatal de un negocio que derramaría jugosos beneficios a distintos estamentos de la sociedad. Los mencionados son un inspector de la Secretaría y un Jefe de Programa del Sistema de Información Forestal. El primero realiza las inspecciones de campo y recaba información que transferidas al segundo, convierten a éste en alguien capaz de disfrazar las mentiras de verdades o las verdades de mentiras para así justificar disposiciones estatales que lejos de responder a motivaciones objetivas, pueden también responder a otras de tipo monetarias.

Tiby y Chicho

Tiby es el apodo de un finquero de apellido Kaisnner que es pieza clave de la denuncia realizada por E.F.L. Se trata de un finquero vecino del denunciante a quien le reclama una deuda de $200.000 por haberle prestado servicios mientras el segundo convalecía por su enfermedad. En este punto E.F.L. evita los rodeos y va al grano. En nombre de esa deuda, Tiby lo ametralla con denuncias policiales y administrativas que obstaculizan su actividad y que requirieron de la participación de Héctor “Chicho” Paredes, un  Inspector de campo en el Programa Cambio de Uso de Suelo de la secretaría de Ambiente y que según fuentes consultadas por este medio presta servicios desde la década del 80.

E.F.L. y “Chicho” Paredes se encontraron el 19 de abril pasado y ahí nomás comenzó el desencuentro. El trabajador “ambiental” debía inspeccionar la finca de quien desesperadamente se comunicaba con la secretaría para saber si se le otorgaría o no la prórroga que le permitiera continuar con su actividad maderera. Su ansiedad era tal, que él mismo pidió que le comunicaran la fecha de la inspección para acompañar a los trabajadores de la Secretaría. Esa ansiedad y cuestiones climáticas lo inclinaron ese día a pedir al inspector que lo trasladara en la camioneta del estado provincial que siendo una 4×4, soportaría lo que la suya no: la áspera y barrosa huella que desde Vespucio serpentea hasta su finca unos 20 kilómetros bosque adentro.

Durante el viaje, según la denuncia, empezaron a concatenarse sucesos que estallarían 10 días después: Chicho le informaba que quería ayudarlo con su problema pero primero el desesperado “debía arreglar con el Gordo”. El Gordo era Tiby quien según habría advertido el propio Paredes tenía preparada una denuncia contra E.F.L. que “le amargaría la vida”. El mensaje de Tiby se emitió mientras viajaban en la camioneta, pero también cuando ya en el casco de su finca el inspector registraba la madera “acanchonada” que en el jerga forestal designa a los troncos que siendo producto de cosechas de años anteriores, pueden extraerse de la propiedad con una condición insoslayable: contar con las guías forestales correspondientes que certifiquen que el cupo establecido por el Estado no fue sobrepasado.

Con prudente silencio E.F.L. escuchó el mensaje que evidenciaba lo obvio: el conflicto que él mantenía con Tiby y que éste nunca judicializó por apostar a la extorsión lisa y llana, era conocido por el trabajador estatal. Se limitó entonces a informar que no cedería a la presión.

Diez días después vino lo peor: un camión con madera de su propiedad fue interceptado por la policía rural que habría sido advertida que allí se trasladaba droga. Ésta nunca apareció pero la madera fue decomisada y el propietario acusado de extracción ilegal. La prueba usada contra él fue un certificado emitido por la secretaría de Medio Ambiente e impreso el 20 de abril pasado en donde se aseguraba que el permiso de explotación forestal de E.F.L había vencido en junio de 2015.

La situación obstaculizó aún más su pedido de prórroga sin que se contemplara el descargo que el damnificado realizó: su chófer transportaba el 29 de abril madera “aconchonada” que 10 días antes había sido registrada por el inspector; la misma estaba acompañada de las respectivas guías que legalizaban la extracción; una planilla de precipitaciones probaba que las actividades de extracción fueron imposibles entre enero a abril de 2016; su permiso de explotación forestal no venció en junio de 2015 sino en diciembre de ese año, según la documentación rubricada por el exsecretario de Medio Ambiente Gustavo Paul.

Desde entonces E.F.L. no tiene dudas y lo señaló en la denuncia: Chicho Paredes hizo de mensajero de Tiby y cree que estuvo involucrado en la emisión del certificado adulterado al que él accedió cuando se apersonó a la policía rural tras el decomiso de la madera. En el escrito que presentó en la secretaría de Ambiente figura que accedió a ese documento el 20 de abril, aunque él asegure a este medio que la fecha exacta fue el 29 de ese mes y que lo registrado por la denuncia obedece a un error de redacción.

En el mismo escrito asegura que tras volcarse a resolver su problema, se enteró de que la habilitación a la finca de Tiby, denominada “La Claudia”, se aprobó a partir de una inspección que “Chicho” Paredes habría realizado el 19 de abril. Algo que él niega que haya ocurrido por haber estado ese día con el inspector sin que éste realizara la mencionada visita al lugar. El dato confirmaría aún más la certeza con la que carga: el finquero y el inspector son parte del mismo plan de extorsión que explicaría por qué no prosperó el pedido de prórroga para la explotación forestal que solicitara el 9 de diciembre al entonces secretario de Medio Ambiente, Gustavo Paul.

El ingeniero que no es        

Todo lo relatado había sido denunciado en una presentación que hizo hace meses en Tartagal, aunque en la denuncia original había omitido dar nombres y apellidos. Esos datos aparecieron recién en la ampliación del escrito que presentó en la Fiscalía Penal Nº 3 de Tartagal y en la secretaria de Ambiente.

Además de “Chicho” Paredes, el otro empleado mencionado es Eduardo Villagrán. El denunciante se refiere a él después de admitir que tratando de destrabar su situación consultó a conocidos sobre cómo podría avanzar en la gestión: en su gran mayoría las personas consultadas le aconsejaron que se dirigiera a hablar con el señor Eduardo Villagrán, cosa que intentó en una oportunidad sin obtener respuesta. “Desconozco cuál es el poder de este señor, pero indudablemente es el que tiene la potestad de decidir sobre todo lo inherente a la explotación forestal de los departamentos del norte”.

Fuentes consultadas por este medio destacan de Villagrán dos cuestiones: la de ser una persona súper simpatiquísima y dejar que los desconocidos lo traten de ingeniero cuando en realidad no lo es. Lo que sí corrobora el sitio web del organismo es que el mencionado es un simple Jefe de Programa cuyo sueldo que apenas superaría los $15.000 de bolsillo según la escala salarial difundida por el Grand Bourg en febrero pasado, aunque tiene a su cargo un programa crucial para la trama descripta: el Sistema de Información Forestal.

El mismo depende de la Dirección General de Planificación Territorial a cargo de la ingeniera Graciela Perez Mulki, aunque el programa en cuestión tiene por función registrar y procesar información relativa a las autorizaciones de extracción de productos forestales; propender a la trazabilidad de los productos forestales, a través de la actualización de cupos de extracción; generar las guías forestales que respaldan la tenencia y transporte de los productos forestales; auditar a las delegaciones del interior de la provincia que emiten y recepcionan guías forestales; liquidar impuestos forestales; asistir al programa Fiscalización y Control para la elaboración de sumarios; promover la implementación de un Sistema de Administración de Guías Forestales On Line.

Cuarto Poder se comunicó con el mismo. Tras escuchar detalles de la denuncia que lo menciona aclaró al instante que de él no dependen las habilitaciones que son potestad de la dirección que ocupa Pérez Mulki. Consultado si el inspector Paredes dependía de su programa dijo que no, que Paredes está a las órdenes de programa “Cambio de Usos de Suelo” cuya jefatura recae en Ciro Camacho. Sugirió que la denuncia de E.F.L. se parece a una maniobra para embarrar a todos en nombre de un interés particular y admitió que el finquero de apellido Kaisnner realiza constantes denuncias contra E.F.L. Como el dialogo se dilataba Villagrán invito a este semanario a revisar ese expediente en persona.

Aceptamos la invitación y media hora después de la comunicación telefónica nos encontramos con el propio Villagrán quien nos esperaba con la directora Pérez Mulki. Mientras esta negaba rotundamente cualquier tipo de connivencia entre personal a su cargo y actores privados para perjudicar a terceros; Villagrán negaba las acusaciones de la denuncia, aseguraba nunca haber estado con el denunciante aunque aceptó que conocía su caso y las desavenencias con Kaisnner. Eso sí, el expediente al que íbamos a acceder por invitación de Villagrán nunca llegó a nuestras manos. Quedaba la sensación de que esa repartición  estatal de estética soviética por los cientos de expedientes que se apoyan sobre estantes y paredes derruidas, Villagrán se esforzaba por presentarse como un ser condenado a recibir órdenes aunque las denuncias sugieran que no se trata de un simple perejil.

Se presumen inocentes

La denuncia de E.F.L. ya provocó movimientos en la secretaría de Medio Ambiente. Cuarto Poder intentó comunicarse con su titular, Irene Soler. La comunicación fue imposible aunque funcionarios de su entorno nos aseguraron que a partir de la presentación los trabajadores Paredes y Villagrán serán objeto de sumarios administrativos. El procedimiento no supone culpabilidad alguna pero sí la decisión del organismo por investigar lo denunciado y permitir que los trabajadores puedan realizar sus respectivos descargos ante las acusaciones. Un simple auditoria a las comisiones de Chicho en el norte y la documentación emitida por Villagrán en los últimos años podrían servir de algo.

Sobre la solicitud de prórroga para la explotación forestal realizado por E.F.L, las autoridades consultadas nada dijeron. El productor sí manifestó a este medio que realizó un pedido expreso a los funcionarios del área: que los empleados mencionados en su denuncia sean apartados de las tareas administrativas vinculadas a su pedido particular. Entre angustiado y esperanzado volvió a partir al norte. Lo primero porque está seguro de que con el paso que ha dado puede bajar un poco más el precipicio al que fue empujado. Lo segundo porque cree que ese mismo paso tal vez impulse a otros a hacer lo mismo porque como él, saben que las cosas en el norte están mal hechas y deberían enderezarse.