La judicialización indiscriminada de la tenencia de drogas en bajas cantidades le habría costado al Estado salteño unos $ 8.000.000 desde enero a la fecha. El gobierno –sin embargo- no tiene cálculos de cuánto dinero le cuesta esta “decisión política”.
Como si fuera una decisión política con un perfil demagógico de poco alcance, nadie sabe cuánto cuesta la publicitada lucha contra el microtráfico de drogas. Parece irreal, pero una medida de esta magnitud no tuvo una cuantificación económica previa, antes de judicializar hasta la tenencia de un gramo.
Es decir nadie en el gobierno sabe cuánto dinero le cuesta a los salteños, el cumulo de causas que desde enero tramitan los juzgados provinciales, por tenencia simple para comercialización y por tenencia simple para consumo personal, lo que violaría la constitución nacional, además de nacer derrotado ante la jurisprudencia de la corte suprema.
El propio poder judicial de Salta reconoce y promociona que ya se dictaron 52 sentencias y resoluciones en causas vinculadas al microtráfico, desde enero hasta la fecha. Pero nadie sabe cuánto dinero público costó el trámite de cada una de esas causas. Una suerte de mega improvisación. Del total, 48 resoluciones fueron dictadas por jueces del Distrito Centro, mientras que las causas elevadas a juicio suman 156. Las intervenciones de los jueces de Garantías y de Menores en este tipo de delitos sumaron 944 en toda la provincia. Pero nadie sabe cuánta plata cuesta todo esto.
Originalmente el Poder Judicial federal tramitaba cada una de estas microcausas sin sentido (se termina condenando al consumidor sin perseguirse al narcotraficante) y ante los elevados costos que representaban las tramitaciones alertaron por el evidente colapso innecesario. El fuero federal llegó a tener el 98% de sus expedientes en estas causas de microtrafico. El resultado de esos años perdidos está a la vista, en una provincia donde el tráfico de drogas creció brutalmente, en vez de disminuir. Ahora la gestión de Juan Urtubey “hace prensa” con esta lucha sin cuartel en contra del flagelo, o mejor dicho de sus consumidores.
Lo sorprendente es que nadie sepa cuánto dinero le cuesta al Estado salteño esa decisión de marketing político. Solamente como referencia se puede estimar que cada proceso alcanza los 50 mil pesos de costo promedio, teniendo en cuenta que en el fuero federal cada proceso demandaba años atrás unos 10 a 12 mil dólares cada uno. Los costos en el fuero salteño, son de apenas un tercio de los valores federales. Si los cálculos son correctos, esos 156 juicios por microtrafico, que la gestión U publicita como un gran avance en la lucha contra las drogas, en realidad demandaron al erario público unos 7.800.000 de pesos hasta el momento, con resultados tales como detener por seis meses a un usuario de drogas que portaba 4 gramos de marihuana, es decir dos porros para consumo personal. Es probable que los portales oficialistas, en las próximas horas desmientan que se dilapidaron casi 8 millones de pesos, en estas causas con olor a perejil. Sin embargo, antes de desmentir nada deberían hacer los cálculos, y evaluar los costos de tanta tilinguería y tanto desgobierno.
