En medio del juicio por la muerte de Thiago en el año 2015, se supo del fallecimiento de una niña que debía estar al resguardo de Primera Infancia. Trabajadores se reunieron en asamblea porque las denuncias recaen sobre ellos y no en la cúpula ministerial que mezquina recursos para garantizar derechos. (Gonzalo Teruel)
“No cambio nada…” dice y se le corta la voz. Una insinuación de llanto interrumpe por unos segundos la conversación entre el periodista y una trabajadora social que presta servicios en el Ministerio de Primera Infancia que conduce Carlos Abeleira. A continuación, la mujer confirma el dato que sus superiores políticos no entregan todavía y de manera formal a la redacción de Cuarto Poder: murió otra criatura, una bebé de meses, que estaba bajo supervisión estatal.
La denuncia es tan simple como dramática: una salteñita, supuestamente maltratada por su madre, falleció porque los organismos de asistencia del gobierno no intervinieron con la premura y el vigor que el caso requería. Al tanto de una acusación por violencia doméstica, la justicia derivó el caso a la Secretaría de Niñez y Familia dependiente del Ministerio de la Primera Infancia que lo registró bajo Expediente 11.264/17 el pasado 17 de mayo para la intervención de sus equipos técnicos. Pero poco o nada sucedió. Y, según se denuncia, los maltratos terminaron con la muerte de la menor oriunda del paraje Sauce Verde de Guachipas.
“En Niñez y Familia que depende de Primera Infancia funciona el Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario que debe intervenir cuando los juzgados mandan oficios porque tienen una denuncia y hay riesgo o vulnerabilidad de los niños” indicó una fuente bajo estricto pedido de reserva de identidad y confirmó que “este oficio fue enviado en mayo pero no se intervino bien”. Por esa deficiente o insuficiente intervención estatal, la misma fuente menciona al secretario Rodrigo Fernández y a María Roubineau e Iris Ramírez, jefa y asistente social del mencionado programa. En este caso en particular, según amplió, intervino también personal del Programa de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Violencia del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia que conduce Pamela Calletti.
En comunicación telefónica con Cuarto Poder, desde el interior de Niñez y Familia advirtieron que no está confirmado que la causa de la muerte de la niña haya sido el maltrato familiar. Según indicaron, la denuncia que motivó la intervención oficial fue por violencia entre los padres pero no contra los menores y “por eso intervino Atención a Víctimas de Violencia de Derechos Humanos y personal nuestro (de Fortalecimiento Familiar) para cuidar a los 5 hijos de la mujer”. “El 30 de mayo fueron a Guachipas pero no pudieron tomar contacto con ella y sólo encontraron en la vivienda a su cónyuge, pero los testimonios que recogieron en la zona no mencionaron violencia hacia los chicos” informaron y confirmaron así que los organismos encargados de cuidar a los más vulnerables estaban al tanto del caso. Más aún, remarcaron que los hermanitos de la víctima están ya en la capital provincial bajo cuidado de un familiar y con supervisión oficial para proteger sus derechos.
Según reconstruyó este semanario, a partir de varias fuentes, el circuito administrativo para casos como el de la pequeña niña de Guachipas es el siguiente: ante una denuncia por violencia o riesgo para un menor la Policía informa al Juzgado que, después de una evaluación sumaria, envía al área de Asuntos Jurídicos de Niñez y Familia un oficio de intervención. Pero, tal como reveló en varios artículos periodísticos Cuarto Poder, la burocracia gubernamental es tanta que la resolución de esos expedientes y su derivación al programa correspondiente se demora mucho más de lo que la situación requiere. “Tienen demora de años” reconoció otra fuente que también pidió no ser identificada y advirtió que “por eso ya hay denuncias penales por casos de otros niños fallecidos, bajo sospecha de haber sido maltratados, y que no tuvieron la protección necesaria”.
Los funcionarios de gobierno, según anticiparon todas las fuentes consultadas, se justificarán porque “más no pueden hacer” y reconocerán como si no fuera por propia responsabilidad que carecen de personal y de recursos materiales para cubrir la enorme geografía provincial y dar asistencia a los más vulnerables.
En septiembre del año pasado, trabajadores de Niñez y Familia denunciaron a Cuarto Poder que “estamos superados, con cientos de oficios pendientes y sin poder dar respuestas mínimas” y con inocultable angustia anticiparon que “en cualquier momento pasará lo mismo que el año pasado” en referencia a las evitables muertes de Thiago Quipildor y Anahí Girón en 2015 quienes estaban (o debían estar) bajo cuidado estatal. “No pueden decirlo porque no les salen las palabras pero quieren avisar que en cualquier momento la tragedia, evitable, puede llevarse la vida de otro niño o adolescente bajo tutela estatal y que como el año pasado la responsabilidad recaerá sobre ellos porque ningún funcionario político se hará cargo. Lo más grave, denuncian, es que los funcionarios de gobierno están al tanto de la dramática situación y no atinan a dar una mínima respuesta” sintetizó este semanario en un artículo titulado “La patria no es la infancia”. Todo eso ya había sido anunciado un año antes en otra brutal investigación periodística titulada “El hilo se corta por lo más fino” y, según se denuncia ahora, la evitable tragedia se llevó la vida de otra salteñita.
“Acá no cambió nada. No hay organización, no hay protocolos a seguir, no hay directivas desde la jefatura ni formación a las chicas nuevas que se incorporan” resumió la trabajadora social que hace años presta servicio en el gobierno y denunció que por casos como el de la niña de Guachipas “comenzaron a llegar denuncias penales, por desobediencia judicial, a mis compañeras”. “Estamos asustadas porque las denuncias hacia nosotras (el personal técnico de Niñez y Familia) las hacen los Juzgados de Familia ante Fiscalías Penales” avisó y advirtió que, como en el caso de Thiago Quipildor que está en pleno juicio, las acusaciones son hacia los trabajadores y nunca y en ningún caso hacia los funcionarios políticos como los ministros Carlos Abeleira y Pamela Calletti o el secretario Rodrigo Fernández.
Ese miedo por posibles denuncias en su contra y el malestar por la falta de respaldo por parte de sus responsables políticos motivó la realización este viernes de una asamblea del personal de distintos programas del gobierno. “Vino más gente de la que esperábamos, vinieron trabajadores que pertenecen a otros ministerios pero comparten nuestro edificio (de calle General Güemes al 500) a dar su respaldo” indicaron algunos de los participantes de la reunión encabezada por Nelly Sánchez, delegada de ATE, y anticiparon que el próximo lunes habrá otra asamblea y que se convocará a los medios de prensa para visibilizar su precaria situación laboral y para apoyar a los profesionales que están siendo juzgados por la muerte de Thiago Quipildor sin que un funcionario político alguno, la ex ministra Marianela Cansino por caso, haya sido siquiera interrogado por el trágico episodio.
Al cierre de esta edición, la noticia de una nueva muerte confirmó el estado de desprotección de los más vulnerables niños salteños. Una niña de 3 años de Misión Tres Paraísos, General Mosconi, falleció el pasado viernes 14 de julio tras sufrir un paro cardiorespiratorio a raíz de una deshidratación y desnutrición severa con un cuadro de diarrea y patologías respiratorias, según consignó el certificado de defunción otorgado por el Hospital General Mosconi.
