La presencia del exgobernador de facto en Salta, Augusto Ulloa, en la inauguración del Museo a Güemes, disparó en la memoria de Juan Javier imágenes sobre el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos en Tartagal en 1978. (Gonzalo Teruel)
Sin odio pero con inocultable bronca y dolor su voz se hace escuchar desde Buenos Aires, donde reside temporalmente por cuestiones de trabajo. “Es inaceptable” dice y explica que “no se pude volver atrás, no se le puede volver a dar espacio en el sistema político a los que por acción u omisión fueron parte de una dictadura que dejó muchos muertos, desaparecidos y chicos robados”.
A través del teléfono Juan Javier, testigo clave en el primer juicio de lesa humanidad realizado en la provincia, se expresa indignado por la presencia, a pocos días de un nuevo aniversario del golpe militar, de Roberto Augusto Ulloa junto al presidente Mauricio Macri y al gobernador Juan Manuel Urtubey y sus democráticos antecesores en la inauguración del Museo Güemes.
“Ellos van a decir que Ulloa no tiene ningún proceso ni ninguna condena por su participación en la dictadura pero desde el punto de vista ético y moral, para el bien de la democracia, no es conveniente que ese personaje esté parado junto al gobernador y al presidente” asegura y recuerda que el exmandatario provincial además de estar sospechado “fue imputado y hasta procesado” por su participación en la represión ilegal.
Dolido, señala que “a través de la figura de Ulloa se está reivindicando una etapa que los argentinos no queremos volver a vivir” y advierte que tal vez “hay una intención del gobierno de blanquear a los partícipes de la dictadura y frenar un poco los juicios y que no se investigue a nadie más”. Además, recuerda que “la familia Macri fue parte de la pata civil que tuvo el golpe militar de 1976” y lamenta que “hay una intención de empezar a tener una relación social con aquellos que participaron de un genocidio”.
Juan Domingo “Cacho” Javier asegura que por más que haya sido invitado al acto institucional en su carácter de gobernador constitucional (1991 a 1995) no puede obviarse que Ulloa fue, entre 1977 y 1983 durante la más cruenta dictadura que sufrió el país, gobernador militar de la provincia. “No tiene nada que ver que haya sido invitado como gobernador constitucional porque, como Antonio Domingo Bussi en Tucumán o Luis Abelardo Patti en Escobar, después fue llamado a declarar en juicios de la verdad y fue imputado en causas” repite y argumenta que el voto popular en democracia no exculpa los pasados crímenes de la dictadura.
En memoria de Melitón
Recuerda, por ejemplo, la persecución y desaparición de Aldo Melitón Bustos en Tartagal. “Su primera resolución fue la expulsión de Melitón Bustos de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado donde enseñaba derecho” asegura y enfatiza que, además, “Ulloa fue el firmante de la resolución que le prohibió ejercer su profesión de escribano en todo el territorio provincial”. En efecto, según consta en documentos oportunamente difundidos por la prensa, el 24 de agosto de 1977, 6 meses antes del secuestro, el gobernador Ulloa y su secretario de Gobierno, Jorge Oscar Folloni, firmaron el Decreto 2.904 con el que dispusieron la cesantía de Bustos en el cargo docente y el 11 de noviembre de ese mismo año, con el Decreto 3.498, le rechazaron la entrega de un registro notarial “por los antecedentes ideológicos del peticionante”.
Javier testificó en el juicio por el secuestro y desaparición del escribano y su testimonio fue clave para la condena (a 20 años de prisión en primera instancia y luego aumentada a prisión perpetua por casación) contra los coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Zirpolo. Y además, permitió la realización de otro proceso judicial conocido como “Melitón Bustos II” en el que fueron requeridos otros militares y los responsables políticos de la provincia: el gobernador capitán Ulloa y su secretario el gendarme Folloni.
En septiembre del año último y con la firma de los jueces Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Alejandro Augusto Castellanos y Ernesto Solá de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Ulloa fue sobreseído de los delitos de falso testimonio, encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público por los que lo había imputado el juez federal Miguel Medina durante la investigación de las desapariciones del escribano Melitón Bustos y del arquitecto Ramón Gerardo Gallardo.
Las veces que fue requerido por la justicia, el exgobernador de facto negó toda responsabilidad en cualquier caso de violación de las libertades individuales y desconoció uno a uno los hechos que se le imputaron. El fiscal Eduardo Villalba y el juez Medina no le creyeron y lo procesaron. La Cámara Federal de Apelaciones lo sobreseyó.
Sin embargo, Juan Javier razona que “él no puede negar su responsabilidad porque era la máxima autoridad de la provincia” y recuerda varios hechos de violación sistemática de los derechos humanos durante ese periodo. “En la gobernación de Ulloa mataron a la Montilla (Nicolasa del Valle ‘Menena’ Montilla), se llevaron a los hermanos (Pedro y Gregorio) Tufiño, se llevaron y dinamitaron en Aguaray a (Jorge René) Santillán de General Mosconi” acusa y enfatiza que “se llevaron a un motón de compañeros y compañeras, él era responsable por los destinos y las vidas de todos los salteños”.
Por esos lacerantes antecedentes, no soporta la presencia de Roberto Augusto Ulloa revestido con todos los honores en un acto institucional. “Pensé que habíamos avanzado pero este es un retroceso” lamenta e insiste que “por una cuestión de criterio, de ética y moral pública, Ulloa no debe compartir ámbito con la autoridades democráticas”.
Lamenta que el gobernador Urtubey “un hombre del derecho que por Biblia tiene la Constitución y debe ser respetuoso del sistema democrático” haya compartido el palco con el viejo mandamás de la provincia y critica a las organizaciones de Derechos Humanos. “Están viciadas, cada uno sabe para qué lado patea y de qué forma se acomoda” aclara y pregunta “¿qué les voy a decir a los funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos que no fueron capaces de objetar la presencia de Ulloa en el protocolo del acto organizado por el gobierno?”.
Juan Domingo Javier reconoce el duro mensaje para los que se animaron a denunciar y testificar en los juicios por la verdad y, dramático, advierte que “quedamos expuestos, en suma debilidad, para ser los futuros desaparecidos”. Avisa que ya planteó el caso al CELS (el Centro de Estudios Legales y Sociales que dirige Horacio Verbitsky) para que quede asentado “cuáles son las políticas de Derechos Humanos del país”.
Finalmente, como homenaje a Melitón Bustos y a todas las víctimas de la atroz e ilegal represión, asegura que “todos tenemos que tomar conciencia de lo que pasó en el país y la provincia”.
“Aunque no vaya a juicio y no vaya a la cárcel, Roberto Augusto Ulloa tiene que pagar públicamente por lo que hizo: gobernar la provincia con una pistola en la cabeza de los salteños” reclama y exige que, la próxima vez, alguien levante la voz y diga “capitán Ulloa, usted nos gobernó con una pistola en la cabeza, no se suba a ese palco y deje en paz a la democracia”.
