El debate generado por la muerte por desnutrición de un niño wichí en el norte sacó a la luz informes sobre el tema. Uno de ellos está vinculado al candidato macrista Juan Collado que registró las carencias alimentarias de los salteños que viven en el área que incluye a la Capital, Vaqueros, La Ciénaga y algunos barrios. (Aníbal Roldán)

El informe se titula “Estado del desarrollo humano y social en el Gran Salta” y fue publicado el año pasado. Se presenta como un trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano y la Prosperidad que dirige el candidato macrista a la gobernación de Salta, Juan Collado, autor del prólogo. El interés del trabajo, sin embargo, radica en ciertas variables sociales registradas en la denominada Gran Salta y que incluye a la Capital provincial, Vaqueros, Villa Los Álamos, La Ciénaga y el Barrio San Rafael. El área concentra 554.125 habitantes según el censo 2010. La cifra convierte a la región en el octavo aglomerado urbano del país a partir de un crecimiento demográfico que el informe califica de “desordenado” y responsable de “graves inconvenientes urbanísticos”.

El “desorden” es atribuido a dos razones: “la llegada de migrantes provenientes de las zonas rurales y al gran número de nacimientos”. La primera de las razones es curiosa, viniendo el informe del macrismo, en tanto el propio Mauricio Macri es uno de los poderosos actores económicos en el proceso de ocupación de grandes extensiones de tierra que ocasiona la expulsión de comunidades aborígenes y criollos campesinos que terminan hacinándose en centro urbanos como la propia Gran Salta. Cabe  recordar que la finca El Yuto ubicada en Embarcación y cuya extensión es de 20.000 hectáreas, por ejemplo, es propiedad de la familia Macri. Fundada por el grupo Socma en el año 2005, Franco Macri poseía el 70% de las acciones mientras el 30% restante pertenece a una Universidad de Israel. Posteriormente “papá Franco” delegó Socma a sus cinco hijos, entre los cuales sobresale Mauricio. Ya en 2006 Greenpeace denunciaba desmontes en esa esa finca de nombre poco glamoroso pero propiedad del poderoso político. La finca fue clasificada por la Ley de Ordenamiento Territorial (2008) como Categoría II – amarillo que no permite desmonte aunque sí aprovechamiento forestal; pero en diciembre de 2011 el administrador de la finca pidió al gobierno de Salta el cambio de zonificación para poder desmontar y logró la autorización de 8.163 hectáreas para agricultura sobre un total de 14.232 hectáreas solicitadas afectando a las comunidades indígenas y campesinas cercanas que, como suele ocurrir en estos casos, terminan sobreviviendo en núcleos urbanos que así crecen desordenadamente y generan “graves inconvenientes urbanísticos”, tal como los resaltados por el trabajo publicado por el Centro de Estudios dirigido por Collado.

La Gran Salta

Para explorar las condiciones de vida en la Gran Salta, los investigadores optaron por medir, entre otras variables, tres dimensiones: la capacidad de subsistencia económica de los hogares; las condiciones de la vivienda y características del hábitat urbano; y el nivel de acceso por parte de los hogares a distintos tipos de servicios públicos. Para ello se valieron de los datos del Censo 2010 y también de encuestas a 5.736 hogares distribuidos en el área objeto de estudio. Esos relevamientos fueron realizados en tres oportunidades: el cuarto trimestre del año 2010, 2011 y 2012.

Sobre la primera variable, el informe optó por examinar dos indicadores: la denominada seguridad/inseguridad alimentaria y la llamada pobreza subjetiva. Acá nos detendremos exclusivamente en la primera. Según el marco conceptual, el indicador de seguridad/inseguridad alimentaria indaga sobre la capacidad económica de los hogares para afrontar gastos para proveerse de cantidad y calidad en alimentación. La inseguridad alimentaria (IA) expresa el porcentaje de hogares donde en los últimos 12 meses al menos alguno de sus miembros debió reducir la porción de alimentos y/o experimentó algún evento de hambre por razones económicas. A partir de esa primera aproximación, pueden evaluarse dos niveles de IA: la moderada que es la reducción de la dieta con percepción de riesgo a experimentar hambre; y la severa que es cuando la reducción de ingesta de alimentos registra eventos de hambre.

Según el informe, la IA severa en la Gran Salta afecta al 3,4% de los hogares mientras que el 9,2% evidencia la moderada. Estas proporciones suponen que 5.000 hogares del área sufren de IA severa y alrededor de 13.500 tienen un riesgo moderado. Como era de esperarse, los mayores riesgos de padecer IA tanto severa como moderada se concentran en los estratos sociales muy bajos: 7,8%  severa y 11,4% moderada respectivamente.

Techo precario

Con respecto al acceso a una vivienda digna, segura y un hábitat saludable, los registros mostraron lo que todos saben: en nuestra provincia se trata de un problema estructural y tiende a reproducirse a niveles alarmantes. Uno de los indicadores analizados está vinculado con las posibilidades de acceso a una vivienda digna y segura, mientras el otro remite al nivel de vida en el hábitat urbano.

Para el primero de los indicadores, el informe hace constar que el porcentaje de hogares que poseen una tenencia irregular de su vivienda llega al 11,7%, lo que supone un total de 17.100 hogares. Eso implica que quienes allí habitan no son ni propietarios ni inquilinos del inmueble, sea porque habitan construcciones prestadas o porque las ocupan de hecho. Lo uno y lo otro revelan una imposibilidad de acceder a un “techo propio” y la ausencia de un marco jurídico en la tenencia.

Con respecto a la precariedad de la vivienda, el 10,8% de los hogares habita una vivienda precaria según los estándares de calidad de nuestro país. Se trata de la realidad de 15.800 hogares que habitan una casilla, un rancho o una edificación no construida para vivienda. También puede ocurrir que se trate de una casa o departamento con estructura sólida pero que no cuenta con las terminaciones en las paredes o en los pisos; o construcciones que por su estructura y/o materiales de construcción no cumplen con las funciones básicas de aislamiento hidrófugo, resistencia, delimitación de los espacios, aislación térmica, acústica y protección superior contra las condiciones atmosféricas.

El porcentaje coincide con aquel otro que muestra la cantidad de hogares que durante el período 2010-2012 no tenían pavimento frente a sus casas: 10,4% que representa un total aproximado de 15.200 hogares en la Gran Salta.

Esos porcentajes se incrementan cuando se mide el número de hogares que viven con basurales cerca. En la Gran Salta, el 20,9% de los hogares se encuentra próximo a los mismos, lo que representa unas 30.700 unidades domésticas. Como en todos los casos, quienes evidencian mayor exposición a este problema ambiental son los hogares del estrato muy bajo que en un 40% habitan cerca de basurales, mientras que esta situación involucra menos al estrato más alto donde el porcentaje de hogares afectados desciende a 8,6%.

Acceso a servicios

A la hora de analizar el acceso a los servicios públicos, el informe prefirió detenerse en los servicios domiciliarios de red que suponen una conexión de las unidades residenciales con los nodos de provisión y distribución de la ciudad que son los que aumentan el valor de mercado de la vivienda y garantizan una mejor calidad de vida de quienes la habitan.

En el caso del examen del déficit en materia de suministro eléctrico y agua corriente, el informe se detiene más bien en los problemas de provisión y no de acceso en tanto se entiende que en la región la conexión “es casi total”. De todos modos las viviendas de los sectores populares son las que mayores problemas con la provisión de esos servicios poseen: más de la mitad de los encuestados afirman haber tenido problemas de cortes y baja de tensión eléctrica, aunque en los hogares del estrato más bajo el 62% de los encuestados acusó dificultades de este tipo. En el caso del servicio de agua corriente, unos 53.000 hogares (36% de los hogares de la Gran Salta) manifiesta haber tenido inconvenientes aunque el suministro de agua exhibe mayores deficiencias en los estratos de mayor vulnerabilidad: poco más de la mitad de las unidades domésticas pertenecientes al estrato muy bajo padecen interrupciones en el servicio de agua corriente, mientras que al interior del estrato superior estos problemas se presentan en el 25%.

En el caso de la conexión a la red de cloacas, la situación es distinta. Y es que acá la conexión está lejos de “ser casi total”. La información recabada permitió a los investigadores a afirmar que el 7,5% de los hogares (equivalente a 11.000 unidades residenciales) no cuentan con conexión a la red cloacal. Un porcentaje que incluye exclusivamente a los estratos bajos porque los altos suplen esa falta con cámaras sépticas. Y aunque este recurso no posee el impacto sanitario con el que sí cuenta la red cloacal, es más que evidente que posee un impacto más positivo que los pozos ciegos que son el recurso al que deben recurrir los sectores socialmente más vulnerables.