Un informe sobre el Programa “Techo Digno” muestra que el caos del IPV se remonta a los orígenes del gobierno U. Elaborado por la Auditoría de la Provincia y una oficina de la cartera que conduce Julio De Vido en la nación, la evaluación es lapidaria para la gestión del organismo provincial. (Gonzalo Teruel)
Juan Manuel Urtubey volvió a ponerse esta semana al frente de un anuncio de gobierno. Tal como había hecho en recientes oportunidades -con el pase libre del colectivo para estudiantes y jubilados y con la caducidad del peaje de Aunor- Urtubey en persona realizó un rimbombante anuncio en materia de obra pública. Presentó un ambicioso plan para “duplicar el récord histórico de construcción de viviendas” y anticipó el inicio de la construcción de casi 3 mil viviendas nuevas antes de fin de año. “En los próximos días se llamará a licitación para la construcción de 1.300 casas y en 60 días se licitarán otras 1.500, llegando a fines de 2014 con una ejecución de 6.600 para los 59 municipios de toda la provincia, algo histórico en Salta”, informó la oficina de prensa del gobierno.
Sin ponerse colorado, Urtubey aseguró que “hemos venido a traer transparencia pero fundamentalmente hemos venido para trabajar para los más humildes, se acabaron los gobiernos para los poderosos” y anunció, además, la creación de una Oficina de Control Ciudadano “que tiene el fin de adoptar medidas que incrementen la participación de la ciudadanía, brindando mayor publicidad y transparencia a los métodos de adjudicación de viviendas”. Sin querer queriendo, el gobernador reconoció que su gestión es poco transparente en la adjudicación y pago de obras públicas.
Documento lapidario
Esa inocultable falta de transparencia quedó en evidencia, también, hace pocas semanas con la publicación de un extenso y complejo informe de auditoría sobre la aplicación en la provincia del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, dependiente del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.
El informe de control fue realizado por la Auditoría General de la Provincia con el respaldo de la oficina de auditoría de la cartera que conduce Julio De Vido, a través de un convenio que la provincia mantiene con la Red Federal de Control Público. El periodo analizado fue el 2010. La muestra seleccionada fue importante superando el 12% del total del importe de los contratos de las obras autorizadas, iniciadas, en ejecución y/o entregadas durante el período auditado. “Se seleccionaron 1.084 -mil ochenta y cuatro- órdenes de pago, en las que se verificaron número, importe bruto, importe neto y fecha de pago” explicaron los auditores y detallaron que se visitaron obras en Capital, Cerrillos, La Caldera, Vaqueros, Orán, Salvador Mazza, Tartagal, General Mosconi, Embarcación, Pichanal y Colonia Santa Rosa para verificar in situ el estado y avance de las mismas.
El objetivo del relevamiento fue “comprobar, constatar y verificar la correcta aplicación de los fondos nacionales en la provincia de Salta” y arrojó una importante cantidad de observaciones y recomendaciones. Un dato interesante y poco usual en este tipo de documentos es que consigna las observaciones del auditor y las respuestas del auditado, en este caso el IPV. Las primeras son contundentes, las ultimas muy pobres.
Entre otras deficiencias e irregularidades, los especialistas detectaron que el Manual de Misiones y Funciones del IPV y la cobertura de cargos estaban “desactualizados” generando “debilidades en el proceso de control interno que garantice la integridad y confiabilidad de los informes elaborados por el auditado relativos al pago de las obras”.
Al comparar los informes proporcionados por el Departamento Contable del IPV -en humildes planillas de Excel- con los legajos de pagos correspondientes, los auditores encontraron inconsistencias en datos fundamentales como “obra, número de orden de pago, fecha de emisión, importe bruto, importe neto, número de certificado de obra y fecha de pago”. En las órdenes de pago 368, 1.808, 1.558, 108, 158, 231, 2.223 y 583, por ejemplo, no coinciden los importes. Otras -la 325 y la 6.097- directamente no fueron registradas.
También encontraron que algunas órdenes de pago -5.836, 3.955 y 3.957- no contenían la firma del gerente financiero siendo entonces imposible saber si el pago se llevó a cabo con la conformidad de la autoridad competente. La beneficiaria del primero de esos pagos fue la sospechada Ilarent SA y en el IPV no pudieron explicar por qué se le pagó sin constatar que hubiera cumplido con los compromisos asumidos aunque informaron de un memorándum que instruye “a las áreas involucradas del circuito de pagos para que, en ausencia del gerente o del reemplazante autorizado, se gestiones la firma de un autoridad superior del IPV: coordinador o presidente, no debiéndose dar curso a Órdenes de Pago que no cumplan con este requisito”.
Los técnicos del organismo de contralor observaron también “deficiencias en el archivo de la documentación respaldatoria de los procesos de contrataciones y de los pagos de las obras” y denunciaron “dificultad en encontrar y proporcionar los contratos de obras”. Ante esto, el IPV hizo silencio y no explicó por qué no tenía a mano contratos de obra y registros de pagos. En el mismo sentido, los auditores remarcaron que cuando pidieron los contratos originales de las obras 1.368, 1,369 y 1.370 -correspondientes a unas 700 viviendas en Capital- sólo recibieron fotocopias. “La confección de los contratos de Obra Pública y su archivo, es responsabilidad de Asesoría Jurídica por lo que a los legajos de obra solo se adjuntan fotocopias”, justificaron desde el IPV.
En otra decena de casos, el IPV tampoco entregó a los auditores documentación requerida: contrato celebrado entre la entidad intermedia y la empresa constructora, garantías de ejecución de contrato, garantías correspondientes al anticipo financiero, etcétera. “Se observa la ausencia de procedimientos para la guarda y custodia de las Pólizas de Garantía de ejecución del Contrato, como para las Garantías de Fondos de Reparo”, detallaron al respecto los técnicos del órgano de contralor. Dentro del informe se destaca un dato preocupante y que desnuda la falta de transparencia en la gestión del IPV: 62 órdenes de pago no se encuentran archivadas en los legajos. Imposible saber a quién y cuánto se pago. La aclaración del IPV es increíble. “Las Órdenes de Pagos son archivadas en el bibliorato de cada obra en orden cronológico. Los problemas informados surgen de la solicitud, en calidad de préstamo, de las Órdenes de Pago, por parte del personal del IPV o de auditores, sin forma de constancia alguna de recepción”, argumentó el organismo público que tampoco pudo explicar por qué no proporcionó “los instrumentos legales que disponen la refinanciación de los contratos de obras”.
Otras graves denuncias de la Auditoría son que “las rendiciones de cuentas ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación no se realizan de conformidad a la normativa emanada por ésta” y que “no se indica el monto total de la transferencia que se está rindiendo; no se indican los plazos de obras -en días- previstos para la ejecución; no se especifican los datos de la cuenta bancaria a donde se deberían remitir los fondos; no se adjunta copia de los extractos bancarios de las cuentas habilitadas por el periodo que comprende la rendición”. Más grave aún es que “no se adjunta documentación que respalde ninguna de las rendiciones de cuentas realizadas” y que “no se adjunta la metodología de cálculo para financiamientos adicionales, eventuales y/o ajustes de lo presupuestado en los costos de obra”. Cuánto, cómo y por qué se pagó, lo que se pagó, es un misterio.
Para los técnicos de la Auditoría, el personal en la oficina de inspecciones es insuficiente siendo de apenas 4 -cuatro- inspectores para toda la provincia y eso explica, en parte, que numerosas obras hayan sido demoradas sin explicación o directamente incumplidas. Para peor, en un anexo que acompaña el informe, la Auditoría enumeró más de 30 obras en las que “no coinciden los pagos previstos con los pagos efectivizados”.
Las dificultades para acceder a la información por parte de los auditores, no obstante, no son responsabilidad exclusiva del IPV. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación “no dio respuesta” a los pedidos realizados desde la Auditoría para conocer “fechas e importes de fondos transferidos” e “importes y fechas de efectivo pago a las empresas contratistas” en múltiples casos.
Relevo de pruebas
El completo informe de la Auditoría mencionó, además del manejo de los caudales públicos en el IPV, el cumplimiento -o no- del procedimiento de adjudicación y entrega de las viviendas y el proceso de recupero de viviendas, originados por el incumplimiento de requisitos o normativas por parte de los adjudicatarios. Al respecto, el IPV detalló en extenso los requisitos para la inscripción, adjudicación y recupero de viviendas.
“Para la inscripción en el registro de postulantes (…) entre las condiciones requeridas se encuentran: constituir un grupo familiar conviviente y estable; el titular debe ser argentino; poseer todos los integrantes del grupo familiar DNI argentino; ser titulares mayores de edad; acreditar residencia; declarar ingresos económicos; no ser beneficiario de viviendas otorgadas por organismos del Estado; no ser titular de bienes inmuebles en la provincia”, detalló el Instituto Provincial de la Vivienda y remarcó que “la selección de postulantes para la adjudicación de viviendas se realizará por sorteo público”.
Además, explicó que en cada programa habitacional se reservará un cupo de hasta un 52% “distribuido de la siguiente forma: entre un 5% y hasta un 10% para casos especiales que hayan probado una situación especial de discapacidad en el grupo familiar; hasta un 3% para ex Combatientes de Islas Malvinas; hasta un 5% para docentes; hasta 3% para personal policial, provincial, federal y del servicio penitenciario; hasta un 20% para inscriptos con antigüedad superior a 10 años; hasta un 10% para atender a situaciones especiales a criterio del Poder Ejecutivo Provincial; hasta 1% o un mínimo de una vivienda para bomberos voluntarios”. Finalmente, explicitó que “el incumplimiento de alguno de los requisitos o el falseamiento de los datos, se producirá la baja del postulante”.
Buena parte de estas consideraciones normativas fueron obviadas en reiteradas y cuestionadas entregas de viviendas a funcionarios públicos y empresarios que motivaron la reciente intervención del IPV.
