A cumplirse tres años de las marchas que realizan desde la Comisión de Familiares contra la Impunidad, dos de sus referentes: Ana Fernández y Raúl Córdoba, consideran que el balance en sus pedidos de justicia es negativo. Desde el 2011 hasta la fecha los casos impunes han aumentado en Salta. (Andrea Sz)
Un 12 de agosto de 2011 un grupo de salteños se concentraba en plaza 9 de julio. Los unía una misma causa: pedido de justicia al gobierno provincial ante los casos de impunidad. Fue el año en que se promocionaba “Salta… tan linda que enamora”, aunque a estos salteños les tocó ver la otra cara de una provincia injusta. Ese mismo año se encontraron los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas en la villa veraniega de San Lorenzo.
Fue entonces cuando los familiares empezaron a movilizarse pidiendo también celeridad para la resolución de los casos que habían padecido. “Un 70% de los casos de la Comisión pertenecen a familias de clases media para abajo. Con esta lucha nosotros hemos tenido que aprender el lenguaje de la justicia y nuestra experiencia nos llevó a entender un montón de cosas”, mencionó Raúl Córdoba. En el mismo sentido se refirió Ana Fernández “en Salta la justicia sólo es para los ricos y los doble-apellidos”. También repudió Ana Fernández la indiferencia de la iglesia católica. Cargnello jamás recibió a los familiares, según se supo, una sola vez los fue a ver para pedirles que cambien el horario de las marchas porque el ruido molestaba la misa.
A tres años de marchas exigiendo justicia, el número creció a más 110 familias que cada viernes se reúnen y se brindan contención mutuamente e intentan hacer algo frente a las nulas respuestas. “Tenemos más de 110 casos de todo tipo; crímenes de mujeres, desaparecidos, muertes y heridos graves en siniestros viales, crímenes sin resolver, gatillo fácil, apremios ilegales y las Madres que luchan contra el flagelo de las drogas. El gobierno ha tomado algunas medidas para tratar de congraciarse con el movimiento, básicamente reuniones con ministros en las que sólo se consiguió asistencia material para algunos familiares y nada más” manifestó Raúl Córdoba.
La familia Córdoba tuvo que esperar 7 años para que se eleve a juicio el caso por la muerte de su hijo Marcos. José Alberto Ovando y el remisero Humberto Gabriel Morales serán juzgados por «homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente de un vehículo y lesiones culposas». El 17 de octubre de este año, a pocos días de que prescriba, comenzará finalmente el juicio con la participación de 78 testigos entre los que se encuentran personal policial, de salud y de seguridad vial, entre otros.
Los juicios que no llegan
Raúl mencionó que sólo cuatro casos dentro de la Comisión han llegado a juicio “Uno de ellos es el crimen de Maxi Zapana en los que se llegó a penas de 15 años a los responsables materiales. Sin embargo quedó impune una parte importante, la responsabilidad del SAMEC que no llegó nunca, la de la policía que no permitía que sea asistido y principalmente la del boliche Skombros que, como quedó demostrado en el juicio, es un lugar que ampara a las patotas armadas que desatan graves incidentes con heridos. Luego del crimen de Zapana se sucedieron graves casos de heridos en otros boliches como Puerto y Club Room”. Para Raúl la impunidad con se mueven en la noche deja en evidencia que los ‘bolicheros’ tienen asegurado su negocio al margen de la seguridad de las personas.
Otro de los casos que llegó a juicio es el del cadete Esteban Polo Fregenal, quien murió el 18 de marzo de 2010 bajo las ruedas de un Chevrolet Astra conducido por el abogado Jorge Sebastián Vujovich, en avenida Reyes Católicos. “Aquí se aplicó una condena absurda de ‘prohibición de conducir y dos años y medio de prisión condicional’, algo que dudamos que se controle y no se tomó en cuenta como agravante que el responsable se dio a la fuga”, comenta Raúl y agrega que es lo que también ocurrió en el caso de Adrián Guanca, en el que su homicida recibió igual condena por ser atropellado en la avenida Paraguay.
“Con nuestra lucha conseguimos también demostrar el funcionamiento pérfido de la justicia en el distrito Sur con el caso de Eduardo María Mendoza, quien fue acusado del crimen de Fermín López ocurrido en Rio Piedras. El juez Teseyra de Metán mantuvo a Mendoza privado de la libertad por meses a pesar de que había testigos que declaraban que el acusado estaba en Güemes cuando se cometió el homicidio, finalmente se demostró que se plantaron pruebas y Mendoza tuvo que ser liberado”, manifestó Córdoba, quien hizo hincapié en las replicas que ha tenido la lucha de los familiares de la Comisión en el interior provincial. Los últimos viernes de cada mes, familias metanenses se movilizan al nuevo juzgado de Metán para reclamar justicia por los casos impunes en esa ciudad y zonas aledañas.
Finalmente el otro caso a juicio fue el de las turistas francesas. Desde la Comisión celebraron que tanto Vilte como Vera hayan recuperado su libertad – ambos han participado de las últimas marchas de la Comisión – pero por otro lado consideran que es un caso que sigue impune. “Este caso permitió desnudar el verdadero carácter de la justicia salteña, manipulada por el poder político, para fabricarnos culpables recurriendo a la tortura y el encubrimiento. Hasta ahora el gobernador Urtubey, que en un principio aseguró a los salteños que el caso de las francesas ya estaba resuelto, sigue siendo parte del encubrimiento porque no tiene la menor intención de investigar a los investigadores”, han denunciado desde la Comisión.
Abogados, pocos amigos
Ana Fernández -mamá de Cintia Fernández (26)- desde aquel día que encontró a su hija muerta no se ha callado. Dio nombres y apellidos y denunció la complicidad política y policial de Salta, como también denunció a jueces y fiscales. “El primer juez de la causa Antonio Pastrana dilató la causa y en su momento él podría haber resuelto el crimen de Cintia pero lamentablemente tiene connivencia con la policía. Aunque cambiaron el juez, el caso de mi hija no está cerrado”, dijo Ana y agregó que el lema que han elegido desde la Comisión es lo que sucede: “Tres Años Marchando y la Misma Impunidad; porque lamentablemente los casos han aumentado, por eso nuestro balance es negativo”.
Ana Fernández fue quien encontró muerta a su hija en 2011 en su departamento en Parque La Vega. La autopsia realizada determinó que la joven murió asfixiada por sofocación y para terminar con ella, él o los asesinos usaron una bolsa que le colocaron en la cabeza. Además presentaba hematomas en la cabeza y en el tórax ya que habría sido golpeada. Los sospechosos del femicidio son Mario Federico Condorí (expolicía) y Raúl Marcelo Puca (ingeniero químico). Desde aquel mayo de 2011, Ana siempre fue precisa para describir las irresponsabilidades: “Ahora aunque tenemos a la ministra Caletti que sale en todos los medios a decir que nos brinda acompañamiento, hay que decir que todo es de la boca para afuera”. Ana se refiere a la creación del “Programa de Asistencia a Familiares de Víctimas” que, en junio pasado, la ministra de Justicia anunciaba como una medida de ayuda para los familiares de víctimas que tienen casos no resueltos o sin pase a juicio. Esta medida de la ministra Pamela Caletti se daba luego que integrantes de la Comisión de Familiares contra la Impunidad, evidenciaran públicamente que denunciarían a algunos abogados por sus malos desempeños. Aunque no trascendieron los nombres de los letrados en cuestión, se supo que una de los abogados “caranchos” era funcionario provincial.
Ana Fernández se refirió además al poco involucramiento del Colegio de Abogados de Salta “Desde esta institución deberían acompañar nuestra lucha, ayudarnos, deberían manifestarse, denunciar que hay impunidad en la justicia, sin embargo lo único que veo es tibieza, cobardía, complicidad y elegir tapar la corrupción”. Pese a muchas puertas que se cierran, los familiares de la Comisión siguen en marcha. Aunque en estos tres años su lucha se ha visibilizado socialmente los casos impunes continúan. Llevan 178 marchas alrededor de la emblemática plaza que evidencia su resistencia.
