Cuatro aborígenes del norte llegaron a la ciudad para exigir medicamentos, médicos y alimentos. Aseguran que ni el Ministerio de Asuntos Indígenas ni el IPPIS escuchan sus reclamos y relatan el proceso que a veces culmina con niños fallecidos. (Federico Anzardi)
Modesto Rojas, Marcelino Pérez, Roverio Guisano y David Sánchez son representantes de comunidades aborígenes del norte provincial. Estuvieron en nuestra ciudad a principios de la última semana para exigir ayuda para los habitantes de la zona. Sus reclamos son amplios y reflejan las grandes carencias que se sufren en el sector salteño más olvidado.
Los cuatro señalan al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y al Ministerio de Asuntos Indígenas como responsables de un trabajo que no se cumple.
Viviendas, alimentos, medicamentos, asistencia sanitaria. Parece que todo viene bien en las comunidades aborígenes que estos hombres representan. Y Sánchez lo dice sin vueltas. Asegura que no tiene ningún problema en recibir cualquier tipo de donación.
Rojas toma la palabra primero. Asegura que “no hay ayuda para los pueblos indígenas” y enumera las enfermedades que abundan en la zona y las falencias del Estado.
“Yo vivo luchando y exijo que cumplan las cosas que nos corresponden, las ayudas. Pero nunca llegan las ayudas del IPPIS y de Asuntos Indígenas. No recibimos ni una ayuda. Yo ando las comunidades y veo las necesidades y busco la forma que haiga (sic) una ayuda, por lo menos casitas prefabricadas, de emergencia. Porque hay abuelos que no están cobrando la pensión y viven bajo unos plásticos. Entonces eso es lo que me duele”, dice Rojas. Y agrega: “En mi comunidad yo tengo 42 familias. Los caciques me miran que yo siempre visito las comunidades entonces me toman como referente. Voy a seguir con la lucha y estoy pensando en cómo hacer una movida grande por el tema de las casas, por los chicos desnutridos”.
Rojas dice que en total representa a 63 comunidades. “Son muchos y siempre recorro. Y ahí es que me pongo triste. Cada familia, tiene como mínimo entre seis y ocho integrantes. Viven todos en la misma condición. Voy a seguir exigiendo que haiga una ayuda. Hasta ahora no hay nada”, cuenta, y adelanta que está piensa en un corte de ruta general en la zona de la Ruta Nacional 86, en el departamento San Martín, para que el reclamo tome fuerza.
Antes de ceder la palabra a sus compañeros, Rojas dice que el IPPIS no ayuda: “Recién descubrimos que no está habiendo pasajes para regresar. No hay pasajes para venir de allá ni para ir. Necesitamos por las gestiones. Hay muchos caciques que vienen a hacer gestiones, duermen ahí en el IPPIS, pero no tienen nada más”.
Pérez comienza hablar. Dice que lo que describen “está pasando en toda la zona”. “Sufrimos falta de salud, trabajo y viviendas. No hay agentes sanitarios, no hay médicos. Cada vez hay más puestos en el IPPIS repartidos entre ellos. Cada vez más se mueren las mujeres de enfermedades que son evitables. Hay muchos casos de cáncer. No hay información de salud, de alimentos. No hay agentes sanitarios. En este momento no tenemos enfermeros”, dice.
“Cuando hay un chico enfermo, una madre wichi ve que el hijo está mal y se apura al médico. Pero el médico le dice ‘el chico está bien, está normal’, y cuando el médico dice eso, da confianza. Cuando llegan a la casa se agrava el tema y cuando el wichi vuelve, en el hospital dicen ‘mamita, ¿por qué no lo trajeron a tiempo?’. Esperan que la madre wichi lo lleve”, explica Pérez, y cuenta que las grandes distancias entre las comunidades y los hospitales provocan hechos que podrían evitarse. Sin embargo, terminan de la peor manera y sin trascendencia.
“Hay muertes que no se conocen. Muchas cosas pasan. Es una situación de abandono. Los chicos están indocumentados. Hay muchos beneficios que la Nación está mandando pero hay muchos wichis que no reciben el salario por hijo porque no tienen documentos. No reciben ayuda por no tener documentos”, dice.
Para Pérez, la zona sufre, además, “un problema de comunicación”: “Donde estamos se cortan las comunicaciones. Y nadie se entera lo que pasa. Se mueren sin saber. Son muchas necesidades pero nadie ve los problemas, nadie ve, nadie ve”.
Guisano, que vive en una comunidad a cinco kilómetros de Tartagal, se pregunta cómo puede ser que la plata no alcance, y si no alcanza, dice, para qué tanta charla, para qué dicen que sí hay.
“Hace poco se levantó un ministerio. Entonces tiene que trabajar mancomunadamente con las comunidades, pero hasta ahora no vemos ese trabajo. No me voy a parar en la oficina exigiendo que trabajen. Ellos saben bien su trabajo”, dice.
Luego, Guisano habla sobre las diferencias mínimas que percibió en la reciente visita que hicieron los cuatro al IPPIS entre los que tienen la sartén por el mango en el Instituto y el resto. Cuenta, sin nombrar a nadie en particular, que hay beneficios que algunos reciben y que para los demás no hay nada.
En cambio, Sánchez no tiene tantos cuidados a la hora de hablar del IPPIS. Tampoco nombra a nadie del Instituto que lidera Miguel Siares y que en diciembre renovará a sus autoridades, pero tampoco deja bien parada a la dirigencia.
“Como dijeron mis compañeros, nunca vamos a recibir porque ellos (las autoridades del IPPIS) tienen sus hijos, ahora sus nietos, sus sobrinos. No va a llegar lo nuestro”, dice Sánchez y agrega que la inquietud es la vivienda.
“Tenemos un conflicto muy grande. Y yo le planteo a (el secretario de Asuntos Indígenas, Enrique) Rojas que no está ayudando en nada. No le conozco, ni llega a las comunidades”, dice Sánchez. “Yo quiero que este hombre vaya a la comunidad porque realmente no tenemos nada. Eso es lo que más me duele. Siguen llegando los reclamos de los familiares, porque hay muchos muertos y no sabemos nada. Hay muchas quejas. Decimos que el hospital de Tartagal es un matadero. Allá tampoco nos respetan. Nos discriminan. Que la provincia por favor nos ayude, pedimos socorro. Pedimos viviendas precarias aunque sea. Desde las inundaciones las pedimos”.
“Reclamo porque hay hambre en las comunidades. Hay desnutrición. No hay medicamentos, hay muchas enfermedades, no hay médicos profesionales que vayan a visitarnos. Y el señor gobernador sabe el tema de la Ruta 86, que tenía que estar pavimentada. Es un camino del infierno. Cuando llueve hay muchos accidentes y no podemos llegar”.
Además, Sánchez dice que en la zona, el dengue afecta mucho y que también los aviones fumigadores que trabajan sobre las fincas cercanas a las viviendas contamina a todos los habitantes. “Hay algunas mujeres que son embarazadas. Pedimos a las autoridades que vean estas cosas. Queremos que esta persona (Rojas) aparezca o se retire, porque nosotros estamos molestos. Hay muchas madres que se están muriendo”, dice. Agrega que también necesitan bolsones de mercadería.
El reclamo menciona enfermedades como cáncer, falta de atención en los lugares, necesidad de una mejor comunicación. Cuentan que muchos viven sobre la tierra y bajo los plásticos. Aseguran que no quieren “hacer la guerra” y que no pueden quedarse demasiadas horas más en Salta porque no tienen dinero para comer o dormir y no reciben ayuda. Pero dejan una advertencia: que este reclamo tiene un consecuencia, que es el corte de ruta.
