Ocurrió hace apenas 16 meses, pero del sonoro triunfo del Partido Obrero en la capital salteña sólo queda un susurro lejano. A 15 días de las PASO provinciales para puestos ejecutivos y legislativos, conviene preguntarse si ese susurro anuncia una merma del caudal de votos logrado por el PO aquella vez. (Daniel Avalos)

Se trata de una pregunta importante. Entre otras cosas porque el inédito triunfo de la izquierda en noviembre de 2013 parecía anunciar lo que hasta entonces parecía un imposible: un triunfo electoral en mayo de 2015 que colocara por primera vez en la historia de América Latina a una fuerza trotskista en el gobierno de una ciudad con más de 600.000 habitantes. Así de auténticamente desmesurada eran las expectativas que había generado aquel triunfo, aunque hoy esa posibilidad ya no tenga la fuerza de aquel entonces. Que nada de lo que el PO anunció como posible tras aquella victoria se haya concretado a pesar de la mayoría parlamentaria con la que cuenta en el Concejo Deliberante, explica mucho la sensación actual: el impuestazo de Isa nunca se derogó; no se han eliminado las exenciones impositivas a las grandes empresas; tampoco se modificó el código de planeamiento urbano para reservar terrenos para viviendas populares; los hoteles de cinco y seis estrellas no pagan más impuestos; no hubo cambio de agente financiero municipal ni se revisaron los contratos de empresas tercerizadas y, por ende, el control de gestión mediante asambleas mensuales en los barrios capitalinos es sólo un deseo que ya ni siquiera se verbaliza demasiado.

Ante ello, la vieja pregunta se impone: ¿por qué? Antes de ensayar una respuesta a la pregunta, aclaremos que según los referentes nacionales y provinciales del trotskismo, tal frustración no existe. Insisten en que las bancas parlamentarias deben estar al servicio de una estrategia más importante que para el trotskismo y buena parte de la izquierda es siempre la misma: incrementar el grado de consciencia de los explotados; situación que combinada con la descomposición del régimen explotador que la izquierda viene anunciando para el mundo y Salta desde hace años, garantizaría la insurrección de las masas que devendría en revolución si la dirección del proceso recae en una fuerza revolucionaria auténtica, es decir el PO.

Pero el problema acá es que la mayoría parlamentaria del PO en el Concejo Deliberante no logró aprobar ordenanza alguna que amenace al régimen que esa fuerza quiere combatir. Puede que la situación no sea del todo importante para un revolucionario que se precie de tal. Después de todo, el “revolucionario auténtico” – ese que quiere subvertirlo todo y de una sola vez porque la trasformación de una parte del todo es propia de los tibios reformistas – ve en las leyes una herramienta destinada a caducar con el avance imparable de la revolución; o en el peor de los casos, una herramienta transitoria que en manos de los revolucionarios tiene por objeto generar una agenda de discusión que vaya sentando las bases para un pleno y verdadero acceso de los explotados a los dominios de la economía, la sociedad, la política y la cultura. En definitiva, o la revolución barre con la leyes que siempre buscan congelar las relaciones humanas en la modalidad de la explotación; o si la revolución se hace esperar, la lucha parlamentaria debe servir para que ciertas demandas revolucionarias disfrazadas de proyectos de ley se adueñen de las mentes de las masas que así irán adquiriendo la consciencia suficiente que les permita exigir la revolución.

Ni una cosa ni la otra se logró con el accionar del PO en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. La explicación que ellos han dado al respecto, es que el isismo y el romerismo se unieron para impedir las pretensiones legítimas que tenía el PO en nombre del mayor caudal de votos que había obtenido en las elecciones del 2013. El argumento desnuda un hecho inobjetable: que en la lucha política no alcanza con poseer una variedad de propuestas surgidas del análisis crítico de la sociedad; sino que es fundamental contar con la habilidad política que permita construir el poder necesario para imponer esas propuestas en medio de un tipo de fricción de intereses sociales que siempre hace difícil de concretar aquello que se verbaliza con mayor facilidad.

Aclaremos rápido que los parlamentarios y los militantes del PO sufrirán poco esa frustración. Son las ventajas de practicar un tipo de Fe doctrinaria que como todas, inmuniza a sus practicantes del tormento que suelen provocar las dudas que siempre generan angustia. Un tipo de Fe trotskista que no es muy distinta a la Fe cristiana, aunque en la izquierda el lugar que ocupa el dios católico omnipresente, lo ocupe la astucia de la razón revolucionaria que algunos podemos describir con cierta precisión por haber sido practicantes de la misma alguna vez: la convicción de que la historia avanza inexorablemente hacia la revolución, la certeza de que el proceso histórico puede hacer rodeos, paralizarse o hasta retroceder pero que nada de eso importa porque la astucia de la razón histórica es capaz de disfrazar de derrotas políticas coyunturales aquello que el ojo clínico del revolucionario interpreta como victorias morales que posibilitan avances imperceptibles pero estratégicos en el camino hacia la necesaria e inevitable revolución.

Pero si la ideología marxista-leninista-trotskista blinda al militante del PO de las bofetadas con que la realidad suele castigar particularmente a los no creyentes, no es menos cierto que los miles de votantes del PO en noviembre del 2013 no comparten necesariamente esa Fe. Razón por la cual esos no trotskistas suelen interesarse poco por el cielo revolucionario y mucho por lo territorialmente mundano. Y justamente allí, nos introducimos al problema estrictamente electoral e inmediato: ¿mantendrá el PO el caudal electoral conseguido hace 16 meses luego de su poca fecunda actividad legislativa?

Ensayar una respuesta al respecto es algo no exento de riesgos. Sobre todo porque a dos semanas de la elección primaria, carecemos como pocas veces de información precisa porque las encuestas que las fuerzas políticas publicitan no sólo son pocas, sino también interesadas y por ello mismo sospechosas. Pero asumamos el riego de sugerir una respuesta y para ello valgámonos del conocimiento que creemos tener de los actores de la política, el escenario en el que se mueven y los comportamientos electorales de los últimos años en la capital provincial. Variables que combinadas nos empujan a predecir una baja en el caudal de votos trotskistas tras un año parlamentario donde la izquierda desaprovechó lo que hasta acá aparecía como una ocasión única: mostrar a los salteños que la izquierda es capaz de darle una direccionalidad determinada a la política de la ciudad; o que en una ciudad geográficamente localizable, una fuerza trotskista mayoritaria en el Concejo Deliberante de Salta podía generar beneficios concretos a la vida de hombres y mujeres concretos. Eso que en términos marxistas se denomina “hegemonía”, concepto que trata de dar cuenta de la capacidad de las personalidades y las fuerzas políticas para presentarse como guías y líderes de un proceso, de incidir en la formación de una voluntad colectiva, o de dar “una forma más concreta a las pasiones políticas” que anidan en la sociedad.

Si lo recién dicho se relaciona con variables subjetivas de la realidad social; las variables que un buen marxista denominaría “objetivas” también nos inclinan a la hipótesis de una merma en el caudal de votos del trotskismo. Un repaso de los resultados electorales de los últimos seis años muestra un porcentaje bastante regular de votantes que optan por fuerzas de izquierda o centro izquierda y que va del 20% al 21% del electorado capitalino. Veamos: en las generales de octubre de 2011 y en la categoría diputados nacionales, el porcentaje alcanzó el 20% (36.987 votos del Partido Obrero y 17.417 del Frente Amplio Progresista); en las legislativas nacionales de junio de 2009 el porcentaje llegó al 20,81% repartido entre el 11,61% del PO, 5,41% de Libres del Sur, 1,94% del Frente para la Victoria, 1% del Frente Grande y el 0,85% del instrumento electoral de la CTA; en las legislativas provinciales de septiembre del mismo año el 21% de conjunto se conformaba del 8,94% del PO, el 5,15% de Libres del Sur, el 3% de Memoria y Movilización, un 2,36% del Frente para la Victoria, un 0,89% de la CTA y el 0,80% del trotskista MST.

El común denominador de todos estos casos es uno: se trataron de elecciones legislativas, como las de octubre y noviembre del 2013 cuando el PO llegó a su máxima performance con la figura del hoy candidato a intendente -Pablo López- que obtuvo un sorprendente 28,30% producto de los 80.320 votos alcanzados en la ciudad; porcentaje que se incrementó en las legislativas provinciales de noviembre del mismo año cuando en la categoría concejales Arturo Borelli llegó al 30% aunque cosechando 74.854 votos, 5.466 menos de los logrados por López un mes antes.

Un incremento sorprendente que rompió los límites del 20% al que venía llegando la izquierda y la centro izquierda en su conjunto y que una serie de combinaciones excepcionales ayudan a explicar el fenómeno “PO 2013”: el ya mencionado carácter legislativo de esas elecciones; un oficialismo que además del rechazo que puede llegar a concitar por sus políticas públicas, en el 2013 explicitó abiertamente la decisión del gobernador e intendente de utilizar el Poder que detentaban para ubicar en las cabezas de lista a la parentela propia (el hermano uno, la hija el otro); una seguidilla de elecciones (agosto, septiembre, octubre y noviembre) que permitió que el hastío original que benefició al PO en las primarias nacionales de agosto devinieran luego en una tendencia que fue cobrando fuerza mes a mes; vendettas al interior del justicialismo que hizo que votos con los que algunos candidatos del PJ contaban en septiembre del 2013 desaparecieran en noviembre del mismo año; y el obvio e indudable mérito del propio PO que fue el único partido en el amplio abanico de la izquierda y el progresismo salteño que se mantuvo firme y en pie, a diferencia de otros que creciendo electoralmente desde el 2007 en adelante, terminaron presos de confusos malabarismos ideológicos y acuerdos electorales que explican la intrascendencia o el ocaso simple y llano en el que hoy cayeron.

Situación esta última que explica que la merma del caudal de votos que sufrirá el PO en el 2015 y también la pérdida de bancas en el Concejo Deliberante, estará lejos de representar el ocaso político de esa fuerza que se ha convertido en un actor político de la sociedad salteña. Merma que sin embargo confirmará que por ahora al menos, esa fuerza no pueda sortear el límite que la sociedad capitalina le ha impuesto: la de ser una espina irritativa a la clase política que concentra la bronca de muchos, pero que sigue presentándose exitosamente ante la sociedad salteña como lo único posible. Condición que explica por qué nos aproximamos a una elección donde las chances reales del triunfo provincial, recaen en dos personas que empezaron a gobernar juntos hace exactamente 20 años cuando uno -Juan Carlos Romero- ganó las elecciones de 1995 y empezó a mimar al por entonces prometedor joven del establishment político aun vigente: Juan Manuel Urtubey.