La abogada Mónica Menini y la senadora Gabriela Cerrano; realizaron un balance de las medidas provinciales en materia de género y violencia contra las mujeres. (Andrea Sz)
El primer juicio por violencia machista de este año nos remitía al barrio Pablo Saravia, allí en la casa de José “Indio” Aramayo hoy condenado a 16 años de prisión por “homicidio”; Marcela Mamaní (26) madre de un pequeño hijo y cuyo cuerpo jamás apareció, fue vista por última vez en 2012. Lo que parecía ser el primer juicio por femicidio del año, se convirtió en la primera condena de un caso en el que no se encontraba el cuerpo de la víctima.
El año 2016, en Salta, termina con 11 femicidios según el relevamiento de medios provinciales. En el informe anual del Observatorio de violencia contra las mujeres señalan que “formalmente” hubo solo un caso: “solo uno está formalmente confirmado y elevado a juicio. Los 9 restantes se encuentran aún en etapa de investigación por parte de la Unidad de graves atentados contra las personas, por lo que no se pueden aún confirmar como femicidios de manera oficial”, publicaron hace semanas.
Para Gabriela Cerrano, senadora del PO, “es una arbitrariedad decir que no son femicidios, aunque la justicia diga que los sigue investigando. Los femicidios son violaciones generales a los derechos humanos, entonces cuando dicen que no son femicidios oficialmente, no quieren reconocer el verdadero impacto que tienen”, y mencionó que ella también realiza un relevamiento de casos de femicidios “y todos son hechos terribles de violencia a mujeres solo por su condición de mujer”.
Existen antecedentes en la justicia salteña de casos de mujeres víctimas de la violencia machista que han sido caratulados como homicidios y no como femicidios. Además del caso de Marcela Mamani, durante el año pasado y según el informe del Observatorio no pueden ser considerados aún como femicidios los casos de Yolanda Mamaní, estudiante de Historia de la UNSa; ni el de la menor Rebeca Anahí Girón, quien se había fugado del Hogar de Residencia Juvenil Esperanza dependiente del Ministerio de Derechos Humanos. Según el informe de las directoras, ambos casos “se encuentran aún en proceso de investigación por el Ministerio Publico”.
Sin embargo sobre el caso de Yolanda Mamaní, en un parte publicado por el Ministerio Publico Fiscal en abril de este año afirmaban que “la fiscalía penal evaluó que no existen indicios para sostener la participación de otras personas ni situaciones que encuadren en figura penal alguna”, y por este motivo decidían “archivar la causa”. En tanto que el informe del Observatorio señala que “el caso sigue aún en la Unidad de graves atentados”.
Sin plan
El año termina con el femicidio de una adolescente de 15 años que ya había realizado denuncias por maltrato. Ante esto es importante preguntarnos ¿cuáles fueron las principales medidas del gobierno en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres? Para Mónica Menini, abogada de Católicas por el derecho a decidir y defensora de Juana, la niña de Alto La Sierra, con la prórroga de la emergencia se busca imponer “una institucionalización”, pero en términos generales hay muchas falencias y cero prevención: “No hay un plan, en la ley de emergencia lo único que pusieron es que se pueden pasar fondos de un lado a otro, pero ¿cuál es el plan? Nadie lo conoce”.
Para Mónica durante este tiempo se vislumbraron herramientas con resultados relativos: “Vemos por ejemplo que los botones antipánico son aceptados por algunas mujeres, pero otras no lo quieren tener, creen que les coarta su libertad. En algunos lugares los botones no funcionan”, señaló e hizo hincapié en la falta de sanciones a los agresores:
“Necesitamos que la justicia brinde herramientas adecuadas y a tiempo. Debida diligencia, es lo que señalan los organismos internacionales y en este sentido el Estado es el principal responsable. Lo vimos claramente en el caso de la niña wichi, que es considerado como ejemplo paradigmático del abandono estatal. Y los cuatro jury de enjuiciamiento fueron la muestra cabal de la vulneración de los derechos de niñas, aunque luego todos hayan quedado en la nada”.
Según Cerrano el gobierno decidió prorrogar la emergencia “porque es lo políticamente correcto”, sin embargo no han modificado el cuadro de situación de la mujer: “No hay salidas de fondos para las mujeres en estado de vulnerabilidad, no hay trabajo, las mujeres salteñas tienen trabajos mal pagos”, mencionó aunque consideró que siempre las medidas de emergencias son necesarias. Según su análisis el gobierno fracasó en su lucha de violencia contra las mujeres: “El verdadero problema es político y tiene que ver con el régimen que nos gobierna”.
Señaló además que “la justicia salteña mostró su verdadera cara este año. Mostró ser un apéndice del poder político con una impunidad intrínseca que no funciona independientemente”. Consideró también que la lucha política contra la violencia de género “es una demagogia de proyectos, porque en los jury todos los legisladores han sido garantes de la impunidad”. La senadora mencionó, por ejemplo, que los diputados ya no van a tratar este año la ley de cupo trans. “Lo que sí está firme es la contravencional y las zonas rojas, eso sí aprobaron”.
Feminismo de Estado
La captación de mujeres “expertas en género” por parte de los gobiernos ha sido debatido históricamente por el movimiento feminista. La escritora italiana Silvia Federici había declarado: “Cuando las mujeres se juntan al Estado, no cambian la política del Estado. Solamente nos dan la ilusión que algo ha pasado. Por eso no tengo confianza en las mujeres que son del Estado, tengo confianza en las mujeres que están construyendo desde abajo, desde nuevas formas de organización”.
A más de un año de la creación el Observatorio de violencia contra las mujeres tanto Cerrano como Menini dieron su visión acerca del trabajo que realiza dicho organismo.
Para esta última, “El gran fracaso del Observatorio ha sido que no han logrado el acompañamiento de las organizaciones de mujeres. Todas las recomendaciones no son vinculantes y ha quedado en evidencia que nadie las escucha. En el caso de la niña wichí deberían haber realizado sumarios”.
La abogada recordó que el Foro de Mujeres, organización a la que pertenece, solo fue convocado dos veces en el año. Con respecto al informe anual difundido, Mónica señaló que “Solo se ven datos oficiales salpicados. Necesitamos datos oficiales del Estado salteño. Nosotras hemos solicitado datos y no nos han respondido, esperábamos que a ellas sí, pero en el informe se ven muchos datos que ya conocíamos”. Criticó además que en el informe sí se hayan difundido datos privados de la historia clínica de Juana, la niña wichí: “No entiendo cómo se puede acceder a esos datos privados de una niña y menos que pueden reproducirlos” mientras no se señaló con nombre y apellido a los responsables directos de la obstaculización judicial en casos de abortos no punibles solicitados.
Gabriela Cerrano, por su parte, mencionó que el informe del Observatorio muestra un mapa de situación de las mujeres salteñas y coincidió con Menini en que muchos datos ya se conocían: “La Corte de Justicia difunde los casos de femicidios ocurridos durante el año, el rango etario de víctimas, y el vínculo con los imputados, todo eso ya lo conocíamos”.
Por otro lado la senadora obrera cuestionó que el Observatorio no tenga poder de veto sobre las decisiones del Estado y que no pueda proponer jury: “Necesitamos un observatorio independiente, con mujeres elegidas por votos y no feministas expertas que sepan mucho y que no puedan modificar nada de todo lo que ya sabemos pasamos las mujeres”.
