Las noticias sobre la ONG de Sri Sri Ravi Shankar siguen siendo intolerables. El Grand Bourg no desmintió que la fundación hindú vaya a recibir millones por enseñar a respirar, mientras cooperativas educativas padecen del crónico desinterés oficial. (Daniel Avalos)
Empecemos por lo primero y apurémonos a expiar de culpas por la situación a la nueva ministra de Educación, Analía Berruezo. Y es que aun tratándose de una funcionaria que durante años ocupó puestos claves de esa cartera, el que firmó el polémico convenio fue Roberto Dib Ashur mientras Berruezo no cumplía cargo alguno en el ministerio. Otra aclaración se impone. Será para recordar que hasta ahora, las publicaciones de Cuarto Poder sobre el vínculo entre El Arte de Vivir y Gobierno denunciaban el carácter superficial del mismo, las denuncias por evasión impositiva con las que carga la Fundación, el empacho de espiritualismo que se propone a los estudiantes y esa incorregible inclinación de la gestión provincial por abrazar valores supuestamente nuevos que nos elevarían ética y moralmente. Mientras todo ello ocurre, los problemas básicos de la provincia se desplazan hacia los costados o hacia adelante para que sean otros los que se ocupen de ellos.
El periodista Daniel Murillo aseguró que la información filtrada desde el propio Grand Bourg asegura que el convenio contempla una transferencia a la Fundación de entre 8 y 10 millones de pesos. Consultada la ministra al respecto, se limitó a enfatizar que la cuestión no forma parte de sus prioridades aunque no desmintió la versión. Ese silencio dio más fuerza a la información que, sin embargo, empezó a incubarse cuando el convenio en cuestión no aparecía y ni aparece por ningún lado. Conviene acá precisar lo siguiente: aunque los decretos y las resoluciones administrativas que aparecen diariamente en el Boletín Oficial siempre fueron suscriptos entre los siete y quince días anteriores a su publicación, el convenio entre la Fundación hindú y la provincia fue suscripto el jueves 12 de mayo pasado: hace 24 días. La conclusión se impone: las reacciones negativas que generó el mismo obligan al gobierno a ocultarlo lo que puedan. Ahora que las nuevas noticias dan cuenta de importantes montos involucrados la situación se complica aún más.
Y ante esto, la irritación es doble. Por sentirnos víctimas de un cholulismo pedagógico que consiste en promover entre estudiantes técnicas reivindicadas por la farándula y un gobierno porteño siempre apegado a personajes snob e indiferentes a lo que ocurre con el resto de los mortales; y también porque ese cholulismo requiere de montos de dinero que podrían resolver la precariedad en la que trabajan, por ejemplo, instituciones que hace décadas protagonizan una épica pedagógica: las cooperativas educativas que reúnen a un puñado de docentes, personal administrativo y ordenanzas que educan y contienen a cientos de estudiantes sin que el Estado provincial les destine ayuda alguna para ello. En nuestra ciudad hay cuatro. Todas tienen un origen común: surgieron en los 90 y principios del siglo XXI, cuando el país se deshilachaba y los colegios privados empezaron a cerrar sus puertas para reeditar la pesadilla más tenaz que persigue a todo argentino: el desempleo. Fue entonces cuando sus docentes se hicieron cargo de la empresa privada en bancarrota para convertirla en una cooperativa en donde la administración quedó en manos de lo que ya no eran empleados, sino socios. Esa es la naturaleza de los colegios 14 de abril, San Juan Bautista, Codesa y el Instituto Educativo Inti.
Del último de los mencionados, el que escribe puede dar testimonio por haber ejercido la docencia en el lugar y haber ocupado la dirección académica del mismo entre los años 2012 y 2015. Desde entonces los encuentros han sido esporádicos por las apuestas personales elegidas, aunque indudablemente la naturaleza de los problemas con los que convive esa institución son los mismos. Espero estas líneas no acrecienten aun más su inconvenientes, pero si el giro narrativo pasa de la tercera a la primera persona, ello obedece a la necesidad de denunciar lo injusto que resulta que una institución con más de 20 años de historia cuente con una ayuda estatal de $500 (quinientos) mensuales, mientras una multinacional de la espiritualidad desembarca en la provincia para ofrecer talleres desestresantes que le reditúan varios millones que posibilitan algunas de estas cosas: ostentosos centros de meditación o el anuncio de country en donde los adinerados residentes que compren lotes en el mismo gozarán de spa ayurvédico, Sri Sri huertas y centro de meditación.
En el Instituto Inti las cosas son menos confortables. Allí la vida de sus trabajadores y de sus estudiantes discurre como la de miles de otros trabajadores y jóvenes salteños que siguen viviendo como siempre han vivido: sin el contrapiso de la casa en algunos casos, con problemas de trabajo en muchos otros y todos transitando las mismas calles poceadas de la ciudad mientras suman y restan para calcular cómo llegar a fin de mes. No es para menos. Ya dijimos que perciben una ayuda del Estado provincial de $500 (quinientos) mensuales aunque sus gastos por mes superan los $140.000 entre alquiler del edificio ($30.000); retiros mensuales para los socios que arañan los $70.000 entre docentes, administrativos y personal de maestranza; cerca de $10.000 mensuales entre servicios como luz, gas y teléfono; otros $10.000 entre artículos de limpieza y el pago de la cuota del monotributo que la institución abona para ayudar a la economía del asociado que así cuenta con beneficios jubilatorios y de obra social. Gastos constantes a los que hay que sumar aquellos que se destinan a las refacciones del edificio, los muebles y los materiales didácticos que hace tres años al menos, suponían un promedio de $25.000 anuales.
Esos recursos provienen de la cuota mensual de casi 250 estudiantes que no pueden ser más porque, simple y poderosamente, el edificio no puede albergar un número mayor de personas. Hasta el año 2015, además, el índice de morosidad de cuotas era del 40% anual. Índice que seguramente se ha incrementado o se incrementará este año por otra razón sencilla de verbalizar: la situación económica recrudece para todos y la mayoría de sus estudiantes provienen de familias que viven la precariedad laboral, la pobreza y la exclusión como una imposición implacable. En medio de esa permanente precariedad, el Inti, tal como lo conocen sus estudiantes, lleva más de 20 años de existencia y ha desarrollado entre sus miembros una identidad cuya columna vertebral es el empeñó en suministrar herramientas intelectuales que permitan “conocer para transformar”.
Ese esfuerzo no impide que colegios de este tipo deban soportar otra condena: presenciar cómo otros perciben beneficios que para ellos resultan inalcanzables. La cifra de 8 o 10 millones no desmentidos que irían a fomentar la espiritualidad hindú que busca combatir la violencia escolar mediante técnicas de respiración es la más estrafalaria de todas, pero no la única. El coqueto Uzzi College también será objeto de una donación de varias hectáreas valuadas en algunos millones. Sin olvidar, incluso, que en octubre de 2011 el decreto 4255/11 disponía que el colegio Teresa de Calcuta del diputado provincial, sindicalista y empresario de la salud, Eduardo Abel Ramos, recibiría del Grand Bourg un aporte de $71.500 mensuales desde el 1 de septiembre de ese año y que representaban $858.000 anuales ahora seguramente actualizados.
Una suma enormemente superior a la celebrada por la cooperativa Inti en abril pasado cuando sus socios se esperanzaron con los $15.000 mensuales prometidos desde el gobierno. Pero quiso la vida que la famosa firma final del ministro se demorara. Entre otras cosas porque éste decidió hacer cursos de especialización en Harvard y luego abandonar el puesto para sumarse al plantel de la Universidad Católica. Y entonces uno imagina cosas. Por ejemplo las caras sonrientes de los trabajadores del Inti en abril que luego habrán mutado en caras largas y resignadas. Tiene sentido. Seguramente adivinan lo que sigue: un volver a empezar burocrático donde empleados kafkianos que aman y se deleitan con trámites, sellos, firmas o pegados de estampillas, forman parte del monstruoso y eterno engranaje por el cual un expediente puede tardar años para viajar desde una mesa de entrada del Grand Bourg hasta el “sí” ministerial.
He ahí el hecho injusto. Venerables docentes, preceptores y ordenanzas que ayudaron a fundar y preservar un colegio que contuvo a miles de estudiantes durante dos décadas, deben resignarse a presenciar cómo otros gozan de beneficios que se aceleraron por formar parte de grupos de poder que controlan la decisión política y monetaria del Estado. Un Estado que prescinde de aquellos que con una tiza, fotocopias de libros y un compromiso humano con los estudiantes protagonizan una épica cotidiana que bien podría ser materia prima de una novela heroica. Ojala esa historia le llegue a la nueva ministra y pueda traspasar la coraza de indiferencia que caracterizó a otros tantos funcionarios.
