El exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, fue imputado por asociación ilícita, peculado y fraude a la administración pública por $16 millones.

Pablo Alejandro Cabot, a cargo interinamente de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, imputó al exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, y a los abogados salteños Gabriel Calvo Moscoso y Marcelo Facundo Nievas Contreras por el delito de asociación ilícita, fraude a la administración pública, usurpación de cargo y peculado, informó El Tribuno en una nota firmada por la periodista Cristina Carrazán.

Compartimos la nota en cuestión:

Por otra de las cuatro causas que se tramitan en esa fiscalía, Cabot les sumó a Villalba y a Moscoso el delito de fraude a la administración pública. El exintendente deberá enfrentar, además, el cargo de usurpación de autoridad por haber tomado decisiones como si fuera intendente de Salvador Mazza cuando ya había sido destituido e intervenida la Municipalidad.

“Tal como lo informó El Tribuno en su edición del pasado 6 de abril, por denuncias formalizadas en 2014, a las que este medio accedió en forma exclusiva, Villalba, ya intervenido por el Gobierno provincial a propuesta de la Legislatura y luego de haber sido detenido en una causa por trata de personas, siguió emitiendo cheques del municipio.

Entre otros, los valores fueron a favor de su asesor legal, el abogado salteño Gabriel Calvo Moscoso. El letrado, era, además, locador de una vivienda cuyo contrato también celebró con la administración municipal de Villalba, por la que esta le abonó una suma de $800.000 y otra de $500.000. Este segundo importe, por supuestos “daños y perjuicios”.

 

La vivienda, ubicada en la capital de la provincia, figura en el Registro de Inmuebles de Salta a nombre de Calvo Moscoso y de otra persona identificada como Marcelo Macedo.

Por el “perjuicio” que generó ese alquiler nunca se entendió en qué concepto y la exhorbitante suma abonada por “honorarios profesionales” que ascendió a $1.800.000, Villalba emitió cheques a favor de Calvo Moscoso, con fechas posteriores a ser intervenido por la Provincia. Si bien estas son las más groseras irregularidades, la entrega de cheques no se limitó solo a esto.

El exintendente emitió valores por la suma de alrededor de $600.000 más al realizar la cesión de derechos litigiosos, estando ya intervenido, por demandas realizadas por terceros en contra de la comuna de Salvador Mazza. Los favorecidos fueron el propio Calvo Moscoso y Marcelo Facundo Nievas Contreras, otro letrado de la capital de la provincia.

 

Lo sorprendente es que el 10 de setiembre de 2013, ante el escribano público salteño Simón Dubois, titular del registro notarial N§ 82, a pesar de que ya era de conocimiento público que Villalba había sido detenido por la Gendarmería Nacional al ser sorprendido en un prostíbulo, que había sido destituido por la Legislatura provincial y que el gobernador Urtubey había puesto en funciones como interventora a Mercedes Junco, los dos letrados y Villalba celebraron un acto notarial cediendo derechos de la Municipalidad de Salvador Mazza a favor de los abogados nombrados.

 

Pasados tres años y medio de que Villalba dejó de ser intendente, es difícil determinar el perjuicio económico que la gestión que encabezó le provocó a esa comuna, ya que a los cheques emitidos después de haber sido intervenido se suma un informe de la Auditoría General de la Provincia que investigó su gestión durante los años 2012 y 2013.

 

Lo que dice el informe

 

El organismo provincial determinó que Villalba retiró de las arcas municipales la suma de $15.990.083,75 bajo un novedoso concepto: cargos a rendir. De hecho, nunca rindió los comprobantes que respaldaran el retiro de esos fondos.

 

Pero no fue el único funcionario que sacó dinero con ese ítem. Varios de sus colaboradores retiraron fondos que van de los $60.000 a los $180.000, que tampoco fueron rendidos. Por ese informe de la Auditoría se formalizó otra denuncia contra Villalba.

El letrado Pedro Oscar Guillén, quien junto a la abogada tartagalense Marily Sagárnaga asesoran a la comuna fronteriza en estas demandas, explicó: “Trabajaremos para que la Municipalidad recupere algo de lo que esta gente se llevó. En mi opinión estamos en presencia de una clara asociación ilícita. Casos como éste deben ser condenados con todo el peso de la ley, para que una condena justa opere como una acción preventiva general, como se la denomina en derecho”.

Molesto con la publicación

Al día siguiente de que El Tribuno publicara que las denuncias por las graves irregularidades durante su gestión llevaban casi tres años paradas en la Fiscalía penal, Carlos Villalba se refirió al tema en su página de la red social Facebook.

 

Además de negar todas las imputaciones que ahora le hizo el fiscal Pablo Cabot confirmando la nota periodística, el exintedente aseguró que había sido sobreseído en la causa que se tramita en la Justicia federal por trata de personas.

 

Ahora, el ex jefe comunal será citado para notificarse de los cargos, lo mismo que sus socios. Y comenzarán así a correr los plazos procesales para todos ellos.